Fotos de archivo de Ana María Abruña Reyes
Tras la aprobación —sin vistas públicas— de un proyecto de ley en el Senado que busca regular el aborto en menores de 15 años y recoger sus datos y los de sus padres, dos abogadas feministas denunciaron, en entrevistas separadas, que se trató de un proceso falto de transparencia para la ciudadanía y de otro intento de restringir el derecho al aborto en Puerto Rico.
De acuerdo con Alondra Hernández Quiñones y Ariadna Godreau Aubert el proyecto de ley 297, de la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, no estaba disponible en la plataforma de la Oficina de Servicios Legislativos antes de que el Senado lo llevara a votación en la tarde de ayer, lunes, 3 de febrero.
“Ya eso levanta un banderazo respecto a la legitimidad del proceso”, denunció Hernández Quiñones, de la coalición Aborto Libre Puerto Rico, luego de señalar que el proceso de votación fue “atropellado” y que la ciudadanía no tuvo acceso a leer el proyecto previo a las votaciones.
Además, la activista subrayó que la medida no contempla a las menores de 15 años que dan a luz en Puerto Rico y persigue a las clínicas de aborto en el país.
“Me preocupa el hecho de que se haga una cacería de brujas alrededor de las clínicas de aborto, más no así de los ginecólogos obstetras, hospitales u otros profesionales de salud que tienen acceso a menores de edad embarazadas en la isla”, expresó Hernández Quiñones.
En Puerto Rico, solo la clínica IELLA, una de las cuatro clínicas de aborto, continúa atendiendo menores de 15 años. De acuerdo con datos del Departamento de Salud, en 2023, ninguna persona de 15 años o menos abortó; en cambio, cuatro dieron a luz.
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El PS 297 fue aprobado con 23 votos a favor, tres en contra y dos abstenidos. Los votos en contra fueron de Adrián González Costa y María de Lourdes Santiago Negrón, ambos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y de Eliezer Molina Pérez, senador independiente. Nitza Morán Trinidad, del Partido Nuevo Progresista; y el senador Luis Javier Hernández Ortiz, del Partido Popular Democrático, se abstuvieron de votar, de acuerdo con la Oficina de Servicios Legislativos.
Este proyecto había sido sometido durante el cuatrienio pasado con un lenguaje similar y, aunque el Senado en aquel entonces lo aprobó, la Cámara de Representantes no efectuó más acciones sobre este después que llegó a la Comisión de lo Jurídico en junio de 2024.
De acuerdo con la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, el proyecto se aprobó en el Senado con varias enmiendas.
Primero, la senadora novoprogresista Roxanna Soto Aguilú propuso que compulsoriamente las clínicas de aborto tengan un consejero certificado por el Departamento de Salud que realice y documente una entrevista forense a la menor a solas para descartar violación o incesto. También, que esa información se lleve al Departamento de la Familia y que se pueda saber cuántos abortos se realiza esa joven en el curso de 10 años.
Según Santiago Negrón, la otra enmienda la propuso Thomas Rivera Schatz, para que, además de referir al Departamento de la Familia todos los casos de menores de 15 años que aborten –independientemente de si tienen el consentimiento de sus padres–, también se haga al Departamento de Justicia.
“Toda menor de 15 años que se haga un aborto va a tener un expediente en el Departamento de Justicia, como una criminal”, expresó Santiago Negrón por medio de una entrevista telefónica, con audible desaprobación de la medida.
De acuerdo con la senadora del PIP, el proyecto no tuvo vistas públicas por indicaciones del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz.
“El presidente del Senado indicó que no se realizaron vistas públicas porque la vista pública no iba a tener el efecto de cambiar el parecer de nadie y que vendrían los que siempre están en contra (de las medidas que regulan el aborto) a oponerse y los que están a favor a decir lo mismo que han dicho en ocasiones anteriores”, explicó.
¿Un proyecto redundante?
En octubre del año pasado, Rodríguez Veve logró que el Departamento de Salud enmendara el reglamento que rige a las clínicas de aborto en el país para exigirles la autorización por escrito de uno de los padres o encargados de menores de 15 años, así como su presencia en la cita.
Además, aunque no haya sospecha de violación, todos los casos deberán referirse al Departamento de la Familia. En caso de que la menor exprese que su embarazo fue producto de la violación de su progenitor o encargado, el centro de aborto deberá asumir la custodia de emergencia de la persona gestante y referirle al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, Departamento de la Familia y Policía.
Para la abogada Ariadna Godreau Aubert, fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, las vistas públicas eran cruciales para, entre otros asuntos, preguntarle al Departamento de Salud sobre los efectos del reglamento y si era necesario un proyecto de ley porque “la política pública no está para crear redundancia”.
De acuerdo con Godreau Aubert, de convertirse en ley este proyecto, haría más amplia la restricción al aborto y establecería esa restricción en la política pública del país, permitiendo que no solo tenga efectos sobre el Departamento de Salud, sino también sobre otras agencias.
“(De convertirse en ley), instaura la restricción al aborto, no a nivel de los procesos de una agencia que regula a los centros de tratamiento, sino literalmente… lo que hace es un mandato de la legislatura para establecer cuáles van a ser las obligaciones de los distintos sectores del gobierno para ejecutar esta política pública… Le da instrucciones al centro de tratamiento, pero no nada más ahí; le da instrucciones al Departamento de Justicia, le da instrucciones al Departamento de la Familia”, explicó la licenciada.
Además, la abogada denunció el proyecto como una violación al derecho a la intimidad porque recogería los datos por 10 años de menores que aborten en Puerto Rico.
“Lo importante, en este momento, va a ser cuál es el interés que tiene el Estado en mantener un registro de esas jóvenes por 10 años al cabo del cuál ya van a ser adultas. Aun en el caso en que se pudiera demostrar, durante la primera ocasión, que es víctima de agresión sexual, no existe ningún interés del Estado apremiante que nosotras podamos ver y, por eso, tenemos que entender que esta ley viola ese derecho a la intimidad que también ciertamente tienen las jóvenes”, explicó Godreau Aubert.
De igual forma, destacó que no hubo una discusión sobre los recursos y consejeros que tiene el Departamento de Salud para hacer las entrevistas individuales a las víctimas, una de las enmiendas que se propuso ayer previo a la votación del Senado. “Demuestra que el interés… es restringir un derecho fundamental que tenemos ahora mismo que es el aborto”, sentenció.
Por su parte, Santiago Negrón lo catalogó como un primer paso para prohibir este derecho.
“Este es un primer paso hacia la ilegalización total del derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y, como dije en mi turno, si el Estado quiere asumir que una joven puede criar y hacerse responsable de una maternidad no deseada, también tiene que aceptar que tiene la capacidad de tomar una decisión distinta. No puede ser que tenga la capacidad para criar, pero no para decidir no criar”, expresó Santiago Negrón.
Asimismo, Hernández Quiñones pidió que se respeten los procesos al momento de aprobar proyectos de ley. “Exigimos vistas públicas… es importante que se respeten los procesos parlamentarios y que las vistas públicas sean libres de atropellos”, recalcó.
Aborto Libre PR exhortó, por medio de un comunicado de prensa, a la Cámara de Representantes a rechazar el proyecto y realizar vistas públicas.
“Hacemos un llamado a la Cámara de Representantes a que hagan valer los principios básicos de la democracia, exigimos vistas públicas respetuosas… y que rechacen este proyecto de ley que es violento contra las jóvenes con opción a gestar y que no tiene ni un mínimo atisbo de justicia ni humanidad para protegerlas. La niñez y la juventud de Puerto Rico merecen políticas públicas basadas en la evidencia, la protección de sus derechos y la garantía de su bienestar, no en la manipulación política y la agenda fundamentalista de sectores que han demostrado su desprecio por la autonomía y dignidad de las personas gestantes en Puerto Rico”, se lee en parte del comunicado.
Para convertirse en ley, el proyecto tendría que ser aprobado por la Cámara de Representantes y firmado por la gobernadora Jenniffer González Colón.
