Educadoras sexuales mostraron preocupación ante una ley que confiere a los encargados la educación sexual de sus hijos, una situación que pondría en riesgo la calidad de la información que reciben los menores, denunciaron las educadoras.
De acuerdo con Enid Pérez, directora ejecutiva de Profamilias, la Ley 10 de 2025 se centra en un currículo de valores y ética para atender la violencia en las escuelas. “Lo peligroso para nosotras… (es) un párrafo bien pequeño que dice que se le da exclusividad a los padres, madres y tutores legales para atender el tema de sexualidad y afectividad”, expuso.
Se refiere a la siguiente oración del documento legislativo: “La integración de los propósitos de esta ley deberá reconocer y respetar el derecho de los padres/ madres/ tutores y encargados de dirigir la crianza/ educación y cuidado de sus hijos y de seleccionar/ de forma exclusiva/ la forma y manera que se educaran sus hijos respecto a la sexualidad y afectividad”.
Según Pérez, el 7 de marzo de 2025, el Senado realizó una vista pública pero a las personas que iban a deponer en contra del proyecto —Profamilias y el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico— les dejaron para el final “cuando ya no había gente”. Después de este evento, el proyecto se aprobó sin enmiendas en el Senado y en la Cámara de Representantes y la gobernadora lo convirtió en ley durante el mismo fin de semana en que aprobó la ley de libertad religiosa.
Por su parte, la trabajadora social certificada en educación sexual integral, Karla Ferrer Arévalo, explicó que cada persona recibe algún tipo de educación sexual en la vida, pero no es lo mismo que recibir educación sexual integral.
“[La educación general] está cargada de mitos, de prejuicios, de estereotipos, de tabúes y se basa en el miedo, la culpa y la vergüenza. Además sostiene la violencia patriarcal, la violencia capitalista, clasista, racista y demás”, detalló Ferrer Arévalo para luego aclarar que la educación sexual integral parte de un modelo educativo definido con contenidos de base científica. “Aquí no se está improvisando ni se está tratando de convencer a absolutamente nadie sobre qué creer o qué hacer… educar no es igual a convencer”.
Para Ferrer Arévalo, uno de los obstáculos que supone esta ley es que muchos de los tutores o encargados de menores en el país desconocen las herramientas de educación sexual integral.
“Uno de los peligros más grandes que tiene este proyecto y es una de las cosas que no contempla, es que la inmensa mayoría de las familias no tienen ni los conocimientos, ni las actitudes, ni las herramientas para educar en sexualidad”, afirmó para luego destacar que casi el 80% de los casos de abuso sexual a menores en el país provienen de familiares.
Asimismo, la sexóloga Alexandra Vélez expuso que este tema es motivo de gran preocupación, pues limitar la educación sexual para menores en conjunto con las restricciones ya existentes en menores que desean abortar puede provocar un problema de salud pública y un conflicto al momento de que esos menores identifiquen el abuso sexual.
“Quitarles educación sexual integral es una barrera para que los casos [de abuso sexual] se aclaren… Tantos casos de abuso sexual se han caído porque niñas no pueden nombrar su parte íntima”, explicó Vélez, quien se atrevió a anticipar que se crearía una crisis y se llamaría a las educadoras sexuales del país para la creación de campañas preventivas.
Por su parte, Ferrer Arévalo hizo un llamado a la juventud para hacer valer sus derechos humanos, especialmente su derecho a una educación de base científica, y a la comunidad en general para apoyar a las educadoras sexuales en su labor. “Es sumamente importante que nos involucremos… Es difícil, lo sé. Son muchos frentes, son muchas batallas que estamos dando en nuestras costas, tratando de sobrevivir, con el sistema de salud, con la energía eléctrica. Estamos hasta el cuello, pero no nos podemos quitar”, puntualizó.
Las expresiones se hicieron durante una transmisión en vivo por parte de la organización feminista Profamilias en colaboración con el proyecto WetJustice, liderado por Ferrer Arévalo y la iniciativa Te vienes o te vas, dirigida por Vélez.
