Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes
Claudia, Janice, Yesenia, Anette y, ahora, Vanessa. Todas mujeres, todas entre 22 y 50 años y todas asesinadas este 2024, el año donde más mujeres han sido víctimas de feminicidio desde que el Observatorio de Equidad de Género (OEG) tiene registro.
Mientras los familiares de Vanessa Lynmar Martínez García —la más reciente víctima identificada— se despiden de su hija en un cementerio de Ponce, un estado de emergencia por violencia de género tiene efecto sobre el país. Sin embargo, ya circula en las noticias que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 y la decisión de extenderlo quedará en manos de la próxima administración.
Para la directora del OEG, Stephanie Figueroa Figueroa, las acciones tomadas hasta ahora para prevenir la violencia de género no están teniendo resultados.
“¿Qué es lo que nos dicen los datos? Que lo que estamos haciendo como país no necesariamente está funcionando efectivamente para nosotras ni para el Estado de alguna manera prevenir estas muertes de mujeres… Es un llamado a que demos una mirada urgente para que el Estado evalúe prácticamente lo que fue el estado de emergencia”, expresó Figueroa Figueroa en una entrevista telefónica.
Las cifras más recientes del OEG apuntan a que el 2024 lleva 82 feminicidios directos e indirectos, una decena más que el año pasado. Entre estos, 23 han sido feminicidios íntimos, es decir, mujeres asesinadas por su pareja o expareja íntima. El resto lo compone un transfeminicidio, cinco feminicidios familiares, tres feminicidios no íntimos, 35 bajo investigación, nueve víctimas de crimen organizado y seis muertes por sobredosis.
Para Figueroa Figueroa, múltiples factores inciden en el alza en feminicidios, entre ellos: la falta de evaluación del estado de emergencia, la necesidad de implementar currículos con perspectiva de género en las escuelas, la flexibilidad en el acceso a armas de fuego, la falta de campañas masivas sobre la prevención de la violencia y la pobreza.
El estado de emergencia
El 25 de enero de 2021, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia firmó un estado de emergencia por violencia de género para destinar presupuesto, recursos y servicios dirigidos a prevenir la violencia de género. Entre estos, se encontraba ampliar herramientas para el manejo de órdenes de protección, realizar alianzas con los gobiernos municipales y capacitar a servidores públicos en torno a la violencia de género. Este se extendió en tres ocasiones hasta el 31 de diciembre de 2024.
Además, se diseñó una campaña de prevención de violencia que costó cerca de medio millón de dólares, pero que no dejó efectos concretos de su éxito, según el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Esta se llamaba el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) y, aunque contaba con la participación de cinco organizaciones feministas con experiencia en prevención de violencia, algunas organizaciones denunciaron que no fue un proceso totalmente participativo para ellas.
“No fue un proceso genuinamente participativo. Había una desconexión en términos de la comunicación, en términos de lo que se hacía y lo que no se hacía”, denunció Coraly León Morales, una de las integrantes del Comité PARE y presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género al CPI en marzo de 2024.
Foto de Ana María Abruña
En una entrevista con la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre Todas y el CPI, Tania Rosario Méndez de Taller Salud describió el esfuerzo de las organizaciones que integraban el Comité PARE como “titánico” en términos del tiempo que dedicaron al proyecto y a la capacitación de servidores públicos. Sin embargo, detalló que se convirtió en un ejercicio de relaciones públicas por parte del gobierno.
Para Figueroa Figueroa, el estado de emergencia tuvo sus aciertos. Entre ellos destacó las asignaciones de fondos que se hicieron a organizaciones comunitarias y el acuerdo con el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP) cuya función es facilitar el procesamiento de órdenes de protección.
“Pero no ha sido suficiente… Había que implementar el plan de trabajo (diseñado por las organizaciones expertas en prevención de violencia) tal y como se desarrolló”, denunció la directora ejecutiva del OEG.
Entre las recomendaciones de las organizaciones se encontraba la implementación de un currículo con perspectiva de género en colaboración con el Departamento de Educación, un tema que Figueroa Figueroa definió como central en la prevención de violencia, pero cuya implementación ha implicado un sinnúmero de obstáculos.
Perspectiva de género en las escuelas
Aunque llevaba desde el 2021 en proceso de ser implementado, el 10 de marzo de 2022, el entonces secretario de Educación Eliezer Ramos Parés envió una carta circular que dejó fuera la perspectiva de género a cambio de un programa de “equidad” y “respeto” que no tenía en cuenta las estructuras de violencia de la sociedad patriarcal.
Esta movida fue rechazada por integrantes del Comité PARE como Sonia Flores Cortés, presidenta de la Fundación Alas a la Mujer. “Nuevamente, el Departamento de Educación actúa en contra de los acuerdos y conversaciones que se han dado en PARE y con eso genera un clima de desconfianza que será muy difícil de subsanar”, dijo Flores Cortés en entrevista con Todas en marzo de 2022.
Recientemente, la procuradora interina de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Madeline Bermúdez Sanabria, denunció que sus intentos de implementar programas de prevención de violencia desde edades tempranas no han tenido resultados en el Departamento de Educación a pesar de que, por los últimos dos años, había mantenido reuniones con la exsecretaria de Educación Yanira Raíces Vega y había entregado toda la información que se le solicitaba.
De acuerdo con Bermúdez Sanabria, su solicitud todavía “se está trabajando” y espera que la próxima administración le dé prioridad.
Para la educadora feminista Alejandra Lara Infante, la implementación de currículos con perspectiva de género en las escuelas es un paso crucial para la prevención de la violencia de género.
“La perspectiva de género es una herramienta que nos ayuda a identificar los estereotipos de género… esos roles rígidos que se le han asignado históricamente tanto a hombres como a mujeres y que hemos visto en el transcurso de la historia o el tiempo que realmente no funcionan… y han creado unas desigualdades y han puesto a las mujeres en una situación de vulnerabilidad”, explicó la educadora.
Para Lara Infante, quien posee una página dedicada a desmitificar la perspectiva de género, las personas que se oponen a este tipo de educación no están totalmente informadas sobre sus funciones o pertenecen a un sector conservador de la sociedad que no está de acuerdo con que la mujer y el hombre tengan roles distintos a los que este sector concibe.
Destacó que, para implementarla, se educa progresivamente, en conjunto con la educación sexual integral y de acuerdo con la etapa en que se encuentra el estudiante, desde grados primarios hasta la escuela superior.
“Las personas que trabajamos estos temas estamos conscientes de que hay un proceso de desarrollo cognitivo del ser humano... Esos contenidos se van a adaptar y se van a desarrollar al proceso cognitivo del estudiante. Obviamente, a un niño de kínder yo no le voy a estar hablando de relaciones de noviazgo saludables porque eso no tiene sentido, no aplica para la edad que tiene. ¿De qué se puede hablar? Del respeto, cómo manejamos nuestras emociones, la frustración, el enojo”, indicó Lara Infante para que al momento de llegar a la preadolescencia ya tengan un aprendizaje emocional.
Aun así, la educadora reconoció que la perspectiva de género no atiende todo el problema de feminicidios, pues existen otros factores que inciden en el aumento en feminicidios.
El uso de armas de fuego
Para Figueroa Figueroa, otro de esos factores es el fácil acceso a armas de fuego.
De acuerdo con la directora del OEG, en 2019, un 30% de los feminicidios fueron cometidos con armas de fuego. En 2024, ese número subió a 75%.
Estas cifras coinciden con la flexibilización de la Ley de Armas en 2020. Antes de ese año, las personas debían presentar referencias de carácter y demostrar que temían por su seguridad al momento de solicitar la licencia para portación y posesión de armas de fuego. Además, debían obtener una licencia para posesión y otra la portación. La flexibilización eliminó los requisitos de referencias y temor por la seguridad y simplificó en un solo permiso la portación y posesión de armas.
“El acceso a las armas de fuego está siendo sumamente perjudicial para las mujeres y niñas”, comentó Figueroa Figueroa para luego detallar que los intentos de feminicidio, en su mayoría con armas de fuego, también han aumentado sustancialmente respecto al 2023.
En 2023, se registraron 50 intentos de feminicidio. En 2024, esa cifra aumentó a 83, de acuerdo con el OEG.
La directora del OEG destacó que las líneas de orientación contra la violencia de género son importantes, así como las estrategias para incautar armas de fuego cuando se tienen órdenes de protección, pero si esas estrategias no van acompañadas de educación con perspectiva de género, campañas educativas y límites en el acceso a las armas, no se ataca la raíz de la violencia y, por tanto, la prevención de feminicidios no está completa.
“Cuando el Estado no reconoce que vivimos en unas estructuras machistas y patriarcales… todo lo que hace el Estado es ya en una prevención secundaria y terciaria... No es una prevención primaria… Le estamos poniendo parchos al problema”, puntualizó Figueroa Figueroa.
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Si usted o alguien que conoce es víctima de violencia de género, puede comunicarse con alguna de las siguientes líneas de orientación y ayuda:
Coordinadora Paz para la Mujer: (787) 281-7579
Línea de Ayuda 939-CONTIGO (24 horas): (939) 266-8446
Línea de apoyo “Community Alliance for Integrated Services to Victims” (Proyecto CAISS, 24 horas): (939) 255-9800
Línea de apoyo Hogar Nueva Mujer (24 horas): (787) 385-7628
Línea de apoyo Proyecto Matria (24 horas): (787) 489-0022
Línea de apoyo Tu Paz Cuenta de Taller Salud (24 horas): (787) 697-1120
Línea de orientación legal para sobrevivientes de violencia de género de la Casa Protegida Julia de Burgos (de martes a jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.): (939) 301-0525
Oficina de la Procuradora de las Mujeres: Línea de emergencia (24 horas): (787) 722-2977
