Apenas ocho días antes de disparar y asesinar a Iraida Hornedo Camacho, el feminicida Diego Figueroa Torres firmó una ponencia del Frente Unido Policías Organizados (FUPO) en la que afirmaba que “el Negociado de la Policía atiende todo caso de violencia de género como un problema de salud pública sin diferenciar el empleo de las personas envueltas en el asunto”.
Como presidente de FUPO, organización que dirigió por 17 años, el policía jubilado respondía a una solicitud de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes para investigar los protocolos para atender casos y querellas de violencia de género presentados contra agentes de la Uniformada.
“No nos consta que en el Negociado de la Policía de Puerto Rico haya un trato preferencial cuando se atienda un caso de violencia de género contra un miembro de la fuerza ni que las mismas [las querellas] no se esclarezcan”, lee el documento suscrito por el agente retirado, cuya organización ofrecía representación legal a sus socios policías en casos administrativos, civiles y criminales, incluyendo en asuntos de violencia doméstica.
Una semana y un día después, el 22 de octubre de 2022, el hombre asesinó a Hornedo Camacho con dos disparos que hizo con el arma de fuego que portaba legalmente. Luego, se suicidó.
Figueroa Torres fue el quinto expolicía que cometió un feminicidio en Puerto Rico en los pasados 12 años. Al sumarle los casos de asesinatos perpetrados por policías activos, son 10 las víctimas de hombres que estaban o estuvieron en la Uniformada, una agencia que, en medio de una emergencia nacional por violencia de género hace casi dos años, se supone que sea una pieza esencial de la respuesta gubernamental contra este mal social.
Pero, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Miami Herald identificó fallas en el manejo de los casos por este delito que involucran a policías, así como una cultura de impunidad en el Negociado de la Policía de Puerto Rico que protege a los agresores y hace aún más vulnerables a las víctimas.
Policías que se niegan a tomar querellas contra sus compañeros, una alta tasa de arrestos de agentes sin resultado judicial alguno y estadísticas poco confiables para la rendición de cuentas evidencian la resistencia de la agencia en lidiar con el histórico problema de violencia doméstica en su interior.
Entre 2010 y 2021, más de 800 policías fueron arrestados por 960 incidentes de violencia doméstica, según se desprende de un análisis de datos suministrados por la agencia. Solo 36 terminaron en convicciones. El Negociado no aclaró hasta qué mes de 2021 incluyó los datos. En el 93% de los casos, los arrestados fueron hombres, en una agencia en la que para febrero de 2022, los oficiales varones eran el 76%.
La Policía admitió, mediante una certificación al tribunal en enero de 2022, que no recopila datos sobre cuántos policías arrestados por violencia doméstica entre los años 2010 y 2021 siguen activos, cuántos están bajo licencia administrativa o suspendidos, o cuántos han sido expulsados o desarmados.
Casi el 15%, o 118 de los policías arrestados han sido detenidos dos veces o más. Para mayo de 2022, la Policía solo pudo confirmar que, de estos, 46 ya no trabajaban en la agencia tras ser expulsados, o por razones de retiro, muerte o renuncia.
Para esta investigación, fue necesario presentar una demanda contra el Negociado de la Policía de Puerto Rico en mayo de 2021, requiriendo información relacionada con las querellas administrativas, órdenes de protección, arrestos y procesamiento criminal de policías por delitos de violencia doméstica, que, por mes y medio, la agencia se negó a entregar.
Durante un año de litigio, el Negociado entregó la mayoría de los datos solicitados mediante más de un centenar de documentos. La agencia argumentó que no lleva el récord de todos los datos requeridos en la demanda.
Sin datos que guíen a un plan de corrección
La pobre gestión de estadísticas fue uno de los señalamientos que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Policía en una investigación de 2011, en la que documentó múltiples violaciones de derechos civiles y falta de rendición de cuentas. A 11 años de este señalamiento, y nueve años de un acuerdo de reforma que contempla remedios a estas fallas, el Negociado tuvo que diseñar varios de los documentos para cumplir con la orden que impuso el juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Centro Judicial de San Juan.
Los datos, que fueron entregados en una diversidad de formatos, revelaron la persistencias de las deficiencias en la recopilación de la información. La información recopilada para esta investigación nunca antes había sido divulgada y analizada, y ayuda a poner en contexto el crimen que cometió Figueroa Torres y los arrestos recientes por violencia doméstica de un sargento y un cadete del Negociado.
En por lo menos tres de las 13 áreas policíacas — San Juan, Aguadilla y Aibonito — el Negociado certificó que no podía dar información de casos por violencia doméstica contra miembros de ese cuerpo entre 2010 y 2014 porque no tienen los datos. Esto no necesariamente significa que no hubo casos.
Los datos que suministró el Negociado bajo orden del tribunal estaban plagados de errores que necesitaron múltiples aclaraciones de parte de la agencia, incluyendo la adjudicación a policías de querellas contra civiles. Para muchas equivocaciones, no hubo explicación. Estas deficiencias apuntan a que la agencia no mantiene un sistema de datos accesible, centralizado y actualizado, y que no conoce a cabalidad la magnitud del problema de la violencia doméstica ejercida por policías, por lo que, en la práctica, se dificulta su manejo.
A partir de múltiples denuncias sobre abuso policiaco que, por muchos años, hicieron familiares de víctimas, líderes comunitarios, legisladores, y defensores de derechos civiles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigó a la Policía. Publicó sus hallazgos en septiembre de 2011.
Entre los hallazgos, la investigación levantó “serias preocupaciones” de que las políticas y prácticas de la Policía fueran inadecuadas para “prevenir y atender” los incidentes de violencia doméstica cometidos por oficiales. Según la evidencia que recopiló la agencia federal, frecuentemente, tampoco atendían casos de violencia de género que involucran al público en general.
En el 2013, el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Estados Unidos firmaron el Acuerdo para la reforma sostenible de la Policía de Puerto Rico, que estipula la creación de medidas para atender incidentes de violencia de género en los que un policía sea el agresor.
El juez federal a cargo de velar por las disposiciones del acuerdo nombró al militar retirado Arnaldo Claudio como el primer oficial de cumplimiento, en el 2014. Bajo su supervisión, la Policía creó e implementó protocolos para la atención de casos de violencia doméstica que involucran policías. Sin embargo, fue poco el progreso que pudo documentar.
“Cada seis meses mirábamos el asunto y cada seis meses encontrábamos las mismas fallas. No veíamos el progreso”, dijo Claudio en entrevista para esta investigación — quien renunció a su puesto en 2019 porque, según dijo entonces, ya no confiaba en el proceso de la reforma.
En múltiples informes a la corte federal, Claudio señaló la falta de agilidad de la agencia en evaluar querellas administrativas por violencia doméstica y la ausencia de medidas disciplinarias para atenderlas.
“Creo que estamos atrasados en esta materia y que la jerarquía de la Policía de Puerto Rico no ha atendido esto como debe ser”, sostuvo Claudio.
En reacción, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, apuntó a que Claudio había dejado su cargo de supervisor de la reforma hace más de tres años, por lo que solo hablaría sobre las gestiones del Negociado de la Policía en este tema que le constan se han hecho desde que asumió su dirección, en enero de 2021.
“Bajo la actual administración, el tema de la violencia doméstica se atiende como una prioridad y los procesos de querellas administrativas se manejan con el más alto rigor y transparencia”, expuso.
López Figueroa hizo referencia a uno de los informes del sucesor de Claudio, John Romero, quien se convirtió en el monitor de la Policía en 2019.
“El monitor federal hace constar que examinó expedientes de casos de violencia doméstica donde están involucrados policías. Entre otras cosas, este reporta que se hace evidente que la Policía está procediendo con un enfoque centrado en la víctima y actuando con mayor rigor cuando está implicado un miembro de la Policía”, señaló el comisionado.
El mismo informe, de diciembre de 2021, también indica que el Negociado solo cumple parcialmente con el requerimiento de implementar medidas para responder a las denuncias de violencia doméstica y agresión sexual que involucren a agentes de la Policía, incluido el desarme y la evaluación de su aptitud para el servicio. Establece que aunque existe política para atender este tema, no está implementada.
Romero se negó a dar una entrevista al CPI y al Miami Herald para esta investigación a través de su abogado, indicando que el Negociado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos denegaron la petición.
“Las partes y la Oficina del Monitor no ven la necesidad de profundizar en una entrevista sobre lo que la Oficina del Monitor ya ha manifestado en el informe adjunto”, respondió en un correo electrónico, en el que adjuntó el informe de cumplimiento emitido por Romero en junio de 2022.
Bajo la Reforma, los policías toman adiestramientos sobre derechos civiles, violencia de género y delitos sexuales. Pero el monitor determinó en el informe que ningún policía de la muestra que evaluó había recibido un adiestramiento para investigar casos de violencia doméstica que involucran policías. Sin embargo, Romero dijo que dado “a un descuido”, no solicitó una muestra de las investigaciones de violencia de género que involucran policías, por lo cual no pudo evaluar si estas cumplen con la Reforma.
A pesar del historial, el Comisionado opina que lidera un cuerpo ejemplar.
“¿Mi Policía ideal? Es la Policía que tengo ahora, ya que cuento con ellos; cuento con mis
policías, que están haciendo el trabajo”, dijo López Figueroa durante una entrevista en el Cuartel General.
El bajo número de presentación de cargos por violencia doméstica en comparación con el número de arrestos de policías, entre 2010 y 2021 — que fue el periodo examinado para esta investigación — tiene una explicación, afirmó el jefe policiaco. Según López Figueroa, esto responde a que es más frecuente que se arreste un oficial “aún cuando no existen los elementos” del delito. El Comisionado argumentó que eso ocurre porque el proceso contra un miembro de ese cuerpo “es más riguroso que para cualquier otro ciudadano”.
“Toda querella de casos de violencia doméstica que envuelve a un policía va a ser consultada con un fiscal, aun cuando, de la investigación, nosotros entendemos que no es un caso para llegar a un fiscal porque no existen los elementos”, explicó la sargento de la Unidad de Violencia Doméstica Ivette Rivera Velázquez, al coincidir con la apreciación del Comisionado. “Activamos el protocolo para que no quepa duda de que la investigación se cumplió y que, no obstante, lo llevamos a un fiscal para que evalúe esa investigación”, agregó.
La oficial de la Policía indicó que esa agencia continúa un proceso administrativo contra el miembro del cuerpo aun cuando el caso no prospere a nivel penal. El coronel López Figueroa lamentó que presuntamente existan “muchas querellas frívolas contra policías”.
“Es un hombre intachable”
Como una muestra del problema de violencia doméstica al interior de la Policía, varias mujeres o familiares de víctimas compartieron para esta investigación sus experiencias de abuso por parte de oficiales o exoficiales.
Sus testimonios tienen en común el miedo por el acceso de sus parejas a armas, el uso de recursos de la Policía para amedrentarlas, perjudicarlas o disuadirlas de denunciar, y la indiferencia de otros oficiales y supervisores a su sufrimiento.
Una de ellas es Ana, quien accedió a compartir los detalles que aquí se incluyen, pero pidió no ser identificada por su nombre verdadero porque teme por su vida. Su testimonio fue corroborado por la intercesora legal que la ha acompañado durante el proceso y mediante documentos oficiales. La intercesora legal es una funcionaria del tribunal que brinda apoyo a las sobrevivientes de violencia doméstica.
Estuvo en una relación por alrededor de una década con un policía, con quien tuvo un hijo. Contó que, por años, padeció de problemas de salud mental como consecuencia del maltrato que sufrió de su pareja, que en ese momento era un oficial de rango en la Policía. Narró sucesos de restricción de su libertad, aislamiento de su familia y, presiones para que dejara de estudiar y trabajar, y violencia física, sexual y económica.
Una noche, meses después del huracán María, mientras cerraba el negocio donde trabajaba, él la llamó insistentemente.
“Quería ver que estuviese realmente en el trabajo”, relató Ana en una entrevista.
Como él no le creía, llegó hasta su lugar de empleo, y allí la acusó de serle infiel con su compañero de turno. Ya ambos en el carro, fuera del estacionamiento del negocio, el policía, al volante, intentó atropellar al empleado, que iba a pie y les daba la espalda, según contó Ana.
“En sus celos obsesivos que tiene, por poco mata a ese empleado”, recordó ella.
El empleado, quien confirmó para este reportaje que casi fue atropellado por el hombre, corrió hasta encontrar un grupo de policías.
“Con el poder que tengo, ¿crees que alguien me va a hacer algo? A mí nadie me va a hacer nada”, relató Ana que le decía su pareja mientras los policías se acercaban a la ventana del conductor.
Los oficiales reconocieron a su supervisor y lo saludaron con familiaridad, llamándolo por su rango. “¿Todo bien?”, recuerda Ana que los agentes le preguntaron a su pareja. Relató que ella temblaba y lloraba sin parar, mientras los uniformados le dijeron al hombre que tomara “las cosas con calma”.
Luego, se fueron.
Esa misma noche, Ana fue a presentar una querella contra su pareja por violencia doméstica. Sin embargo, él la siguió hasta el cuartel y entró antes que ella.
Relató la mujer que el supervisor de la estación salió y le dijo:
‘Vengo a hablar con usted como un amigo. Conozco a su pareja hace muchos años y es un hombre intachable.‘Mira, le recomiendo que se vayan a la casa a hablar porque las situaciones de pareja se hablan en el hogar”.
Cuando volvió al hogar — sin haber logrado presentar una querella — él la atacó, narró Ana.
Ana relató que fue varias veces a los cuarteles y trató de querellarse. En un momento habló con el supervisor de su expareja, quien la disuadió de querellarse.
“Los problemas de pareja se resuelven en el hogar, no en el trabajo”, recuerda que le dijo el superior. “El usted venir aquí … puede provocar que pierda su trabajo y usted sabe que si él pierde su trabajo, él no va a tener para que le paguen dinero para su hijo”.
Consiguió una orden de protección y el desarme de su pareja en los tribunales medio año después del incidente en el que casi atropella al colega, y hasta el diligenciamiento de esa orden fue dificultado por la Policía, destacó Ana. “En todos los cuarteles a los que fui, lo conocían a él”.
Relató que tuvo que trasladarse a por lo menos cinco veces a distintos cuarteles o dependencias de la Policía para que se diligenciara la orden. También, dijo que, mientras hacía esas gestiones, la llegaron a interrogar sobre su salud mental. La intercesora legal confirmó que la guió por teléfono durante este proceso.
Pasaron cuatro años antes de que el oficial de rango fuera expulsado de la Policía de Puerto Rico, según consta en un documento examinado para esta investigación.
Ha intentado rehacer su vida. Luego de que su expareja fuera expulsada, Ana aún teme por lo que le pueda hacer.
“Todavía es la hora que mi situación no se ha resuelto. Sigue ejerciendo su poder en contra mía”, dijo poco tiempo antes de la publicación de este reportaje. Se refirió a los múltiples recursos legales sobre asuntos de familia que su expareja presentó en su contra y que le siguen costando económica y mentalmente.
El peso de investigar a un compañero policía
Las víctimas de violencia de género no son las únicas que sufren la presión durante ese proceso. Los policías también pueden ser desalentados por compañeros a no investigar a otros oficiales imputados de este delito, según expertos, fiscales, y algunos policías.
Dentro del Negociado de la Policía de Puerto Rico también se levanta malestar contra aquellos agentes que investigan las querellas que se presentan contra sus pares o sus superiores.
“Eso pasa”, dijo la agente Nilmaliz Ramos, de la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, cuando el CPI la abordó al salir del tribunal luego de una vista contra el sargento Roberto García García por violencia doméstica. En ese momento, el fiscal Miguel López Birriel explicaba que los policías que investigan a colegas se exponen a presiones de compañeros y a que “les den de codo”.
García García, director de la División de Violencia Doméstica de Humacao, fue arrestado y acusado en julio de 2021, por infringir la Ley 54 de Prevención de Violencia Doméstica, pero un juez determinó no causa para arresto en el segundo intento de la Fiscalía de presentar cargos en su contra.
Ramos, y el agente Alexander Ocasio, de Maunabo, quien también compareció como testigo en esa vista preliminar en alzada reconocieron que, al investigar a policías, se exponen a presiones de otros miembros del cuerpo.
“Que sea un compañero [policía] es difícil, no es fácil”, comentó Ocasio. “Hay manos azules que, a lo mejor, van a ver que uno ahora es la oveja negra, pero yo hice mi trabajo como debe ser”, añadió.
María Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0 — una organización que monitorea las violaciones de derechos civiles perpetradas por la Policía — aseguró que en el Negociado de la Policía existe una cultura de lealtad y encubrimiento que protege a los agresores y tolera la violencia doméstica entre sus miembros, lo que hace muy difícil que una mujer presente o mantenga una querella contra su pareja uniformado.
“La Policía tiene que ser la institución más poderosa de todo el patriarcado”, expresó Mari Narváez. “Ya tú sabes que cuando vas a ir a denunciarlo, sea a la Policía o sea al tribunal, el policía agresor se va a enterar [de lo que pretendes hacer] probablemente el mismo día que tú vas a presentar la querella”, lamentó.
La activista, que desde hace ocho años fiscaliza la violencia policiaca, dijo que este tipo de agresor “conoce al dedillo el sistema legal criminal y sabe cómo manipularlo en contra de la víctima. Tiene a su favor un sistema y una cultura de absoluta impunidad”.
Los policías agresores también podrían utilizar la credibilidad del uniforme para protegerse a sí mismos y a sus compañeros, coincidieron Mari Narváez, así como sobrevivientes y sus familiares.
“¿Quién normalmente sospecha de un policía?”, cuestionó Mari Narváez.
Para las mujeres cuyas parejas son integrantes de la Policía, huir de una situación de agresión podría suponer un reto mayor si los oficiales aprovechan herramientas que tienen a su disposición. Entre estas, sus conocimientos en buscar personas que no quieren ser encontradas, experiencia en el manejo de escenas y sistemas de inteligencia, y en cómo ejercer control. Saben dónde están los albergues de víctimas y también tienen la capacidad de establecer vigilancia selectiva y podrían fabricar casos, destacó la directora de Kilómetro 0.
“Los fiscales son aliados de los policías en el día a día. Se crean complicidades aunque sean informales. El policía tiene acceso a datos, puede intimidar a la víctima, está armado… Todo eso incide más en lograr que los casos no lleguen a término”, dijo Mari Narváez, al detallar por qué piensa que existe una diferencia entre la tasa de convicciones por Ley 54 entre oficiales y la población general en Puerto Rico.
“El sistema ya, de por sí, protege al policía y no tiene las salvaguardas de rendición de cuentas necesarias para que los crímenes de ese policía tengan las mismas consecuencias que los del resto”, dijo Mari Narváez.
Jefe de la Policía: “Aquí, no hay ninguna víctima a la que le hayan dicho que no en un cuartel”
El comisionado de la Policía, negó que exista impunidad.
“Todo caso de violencia doméstica que involucra a un policía se lleva hasta las últimas consecuencias”, aseguró López Figueroa en entrevista para esta investigación a pesar de que en un periodo de 11 años solo existan 36 convicciones por infracciones a la Ley 54 de violencia doméstica entre 960 arrestos a oficiales de la Policía.
El comisionado consideró que la percepción de las víctimas de violencia doméstica sobre denunciar a una pareja policía “debe ser que se atiende correctamente, con agilidad, y se somete a todo el proceso que corresponde”.
“Aquí no hay ninguna víctima a la que le hayan dicho que no en un cuartel. Es bien difícil que suceda eso”, aseguró, desde su oficina en el Cuartel General, en Hato Rey, acompañado por un séquito de oficiales y asesores.
Sin embargo, la sargento Rivera Velázquez, de la Unidad de Violencia Doméstica, quien acompañaba al Comisionado durante la entrevista, apuntó que las víctimas pueden iniciar procesos administrativos contra agentes que se negaron a atender una denuncia contra un compañero. El asesor legal del Comisionado, Pedro Santiago, admitió que entre las estadísticas de querellas administrativas por violencia doméstica sí se incluyen varios de estos casos.
El jefe de la Policía sostuvo que el Negociado trabaja para agilizar la investigación de querellas por violencia doméstica, incluyendo un recién creado Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección.
“El policía es respetuoso, sensible y empático. Y esa es la Policía que tenemos hoy día y continuaremos teniendo”, subrayó López Figueroa.
Según un análisis de los datos que proveyó el Negociado de la Policía, entre 2010 y 2021, 93 policías fueron arrestados dos veces; 16 fueron detenidos en tres ocasiones, y otros siete fueron arrestados cuatro veces, por violencia doméstica.
Así también las estadísticas muestran el arresto de un agente llamado José González Rodríguez en cinco ocasiones entre 2017 y 2019, según indican los datos provistos por la Policía. Para esta investigación, González Rodríguez fue contactado, pero el agente no quiso emitir comentarios para récord, aunque reconoció que había tenido casos en su contra y que él también había denunciado a su expareja por violencia doméstica.
Mientras, otro policía identificado como Edwin Rodríguez Rodríguez, que estaba adscrito al cuartel de Bayamón Sur, tiene cinco arrestos por violencia doméstica, según los datos suministrados por el Negociado. En cuatro ocasiones, un fiscal determinó no presentar cargos. En una quinta ocasión, se catalogó la querella como “infundada”. El policía tuvo, además, una orden de protección en su contra, indicó el Negociado.
El agente declinó, a través de la oficial de prensa de la Policía, hacer expresiones en respuesta a estos datos.
Estos dos policías con múltiples arrestos relacionados a infracciones a la Ley 54 de violencia doméstica continúan trabajando en la Policía.
El arma de reglamento como herramienta de feminicidio
Entre el 2010 y el 2022, por lo menos cinco policías asesinaron a sus parejas o exparejas. Dos de las víctimas también eran policías. Otros cinco hombres que habían sido parte de la Uniformada también se convirtieron en feminicidas durante este período.
Una de las víctimas, Yaritza Luciano Bonilla, fue asesinada el 24 de marzo de 2013. Tuvo una orden de protección contra su esposo policía, Pedro Juan López Maldonado, un agente adscrito a las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Ponce. Pero, la mujer se retractó — una acción común entre las sobrevivientes de violencia doméstica, según intercesoras legales y defensores de derechos humanos.
Expertas establecen la manipulación de los agresores característica de las relaciones de violencia doméstica, dependencia económica y emocional, hijos en común y presiones familiares como algunas de las múltiples razones por las que las víctimas pueden desistir de continuar procesos judiciales. Luciano Bonilla pidió el archivo del caso 10 días después de su solicitud original, según consignó El Nuevo Día.
El oficial fue desarmado por varios meses, pero volvió a recibir su arma de reglamento por recomendación de la División de Psicología de la Policía. Tres meses después, mató a su esposa. Luego, se suicidó.
En julio de ese mismo año, se firmó el acuerdo de la Reforma de la Policía de Puerto Rico. Otras cuatros mujeres han sido ultimadas por sus parejas policías desde que comenzó la Reforma, a pesar de que en 2016 se establecieron nuevos protocolos para el manejo de casos de violencia doméstica que involucran a empleados de la Policía. En 2019, se emitió una nueva orden con este propósito.
El asesinato de otra mujer que era esposa de un oficial del área de Bayamón permanece sin esclarecerse. Betsy Rodríguez Burgos, de 39 años, murió calcinada en el 2016 en el carro de su esposo Daniel Soto Valentín. Este fue acusado de asesinato en 2020. Sin embargo, una jueza de Arecibo determinó que no había causa probable para juicio en la etapa de vista preliminar en alzada.
“No me dejen morir”
Brenda Liz Pérez Bahamonde, de 46 años, fue una de las víctimas más recientes de un policía activo. Era una oficial dedicada al esclarecimiento de crímenes en la división de Homicidios del CIC de Guayama. Fue asesinada el 27 de enero de 2022.
Esa noche, su expareja, el también policía José Rivera Velázquez, la sorprendió en su casa en Salinas, y con su arma de reglamento le disparó múltiples veces. Herida, la mujer condujo hasta el cuartel más cercano del pueblo y pidió auxilio.
“No me dejen morir”, dijo a sus compañeros policías. En ese breve intercambio, logró señalar a Rivera Velázquez como el responsable de la agresión, según recogió la prensa al día siguiente. Más tarde, en el Hospital Menonita de Guayama, se certificó su muerte.
Dos meses antes, en noviembre de 2021, la mujer había solicitado una orden de desalojo para que Rivera Velázquez abandonara la residencia en la que convivían. Obtuvo una orden de protección y, como consecuencia, Rivera Velázquez fue desarmado.
Durante una vista celebrada el 1 de diciembre de 2021, Pérez Bahamonde desistió de la orden de protección y el tribunal la archivó. Apenas seis semanas después, un psicólogo del Negociado de la Policía estimó que Rivera Velázquez estaba apto para volver a portar su arma de reglamento, la misma que utilizó para matar a Pérez Bahamonde 17 días más tarde.
La mujer policía era madre de cuatro hijos. La menor, Nicole Colón Pérez, de 24 años, dijo, en entrevista para este reportaje, que el abuso de alcohol por parte de Rivera Velázquez era una de las razones por las cuales su mamá quería terminar la relación.
La joven, residente en Boston hace casi cinco años, también sabe que su mamá no quería ningún contacto con el hombre. Lo bloqueó para no recibir sus llamadas, pero, aún así, él insistía e intentaba comunicarse por correo electrónico.
“Él mismo me lo dijo, que él la seguía todos los días, que todos los días iba al trabajo de mi mamá”, según Colón Pérez. “Yo pienso que él lo planeó todo y que su conocimiento como policía le ayudó”.
También estimó que una evaluación psicológica más rigurosa hubiese impedido que le devolvieran el arma tan pronto.
Sin embargo, para el Comisionado de la Policía y sus ayudantes, no hubo fallas en el manejo de la queja contra Rivera Velázquez.
El policía Rivera Velázquez fue acusado por el feminicidio, crimen que, desde agosto de 2021, constituye en Puerto Rico un delito de asesinato en primer grado, con una pena de 99 años en prisión. Tras un acuerdo con la fiscalía en abril de 2022, el hombre se declaró culpable de asesinato en segundo grado y violación a la Ley de Armas. Fue sentenciado a 60 años de cárcel.
La sargento Ivette Rivera Velázquez, que no tiene relación familiar con el ahora convicto Rivera Velázquez, indicó que, tan pronto se emitió la orden de protección, el policía fue desarmado e investigado. La investigación interna que hizo el Negociado, y que incluyó entrevistas con familiares y compañeros de trabajo, concluyó que él “no era agresivo”.
“Todo apuntaba a que nadie podía prevenir lo que sucedió después”, dijo la sargento.
El mismo mes del feminicidio que cometió el agente Rivera Velázquez, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres inició una investigación sobre el manejo por parte del Negociado de casos de violencia doméstica que involucren a sus empleados e información sobre el agente José Rivera Velázquez.
“Luego de varios trámites procesales, entre los que se otorgaron prórrogas, contestaciones y súplicas a requerimientos, el Negociado se negó a producir y entregar la totalidad de la información y los documentos requeridos por la OPM”, dijo la procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, en la vista que citó la Comisión de la Mujer de la Cámara de Representantes sobre este tema, el 28 de octubre pasado.
La negativa de la Policía obligó a la OPM a recurrir al tribunal y mantiene activo un pleito por el requerimiento de la información. En la vista, en representación del Negociado de la Policía estaban el licenciado Miguel Candelario y la teniente Aymée Alvarado, entre otros, que depusieron. Ofrecieron informaciones de 423 querellas administrativas presentadas contra miembros de la Uniformada por violencia doméstica desde el 2017. Pero a preguntas de las representantes, adujeron no contar con la información requerida, que un año antes habían provisto por orden del tribunal para esta investigación.
La ponencia del gremio Frente Unido Policías Organizados que firmó el feminicida Diego Figueroa Torres, quien se había hecho disponible como un “fiel colaborador” para hacer frente al problema, fue retirada por los miembros de la Comisión de Asuntos de la Mujer, que realiza la investigación, luego de que se conociera públicamente el crimen que cometió.
Investigación y reportería
Cristina del Mar Quiles y Syra Ortiz-Blanes
Edición
Carla Minet
Wilma Maldonado Arrigoitía
Laura Candelas
Jay Ducassi
Fotografías
Ana María Abruña Reyes
Vídeo
Marta Oliver Craviotto
Ilustraciones
Rachel Handley
Sohail Al-Jamea
Análisis de datos
Ana Claudia Chacin
Rosemary Izaguirre
Gráficas
Ana Claudia Chacin
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Audiencia
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