(Fotos por Gabriela Carrasquillo Piñeiro)
Durante 14 días, residentes del barrio Montones 1, en Las Piedras, se reunieron desde las 5:00 a. m. en medio de los estrechos caminos de acceso a la comunidad Estancias Pedrentinas para impedir la entrada a los contratistas que se disponían a instalar una torre de telecomunicaciones muy cerca de sus hogares. Cada auto que se acercaba por el camino era motivo de urgencia para los vecinos que se levantaban de sus sillas, tomaban sus carteles y bloqueaban la calle.
“Nosotros lo que tenemos es esto para manifestarnos. No tenemos otro lugar porque estamos atropellados. Estas antenas no las colocan en lugares donde vive la gente de dinero porque ahí afecta. Tienen que colocarlas en lugares donde están las personas pobres que no tienen dinero para defenderse”, describió la coordinadora de las comunidades, Miriam Velázquez, durante una de las manifestaciones.
El 29 de septiembre, luego de una intensa lucha que comenzó 16 meses antes, el Tribunal de Apelaciones dio la razón a la comunidad, y revocó los permisos a QMC Telecom, empresa constructora.
Uno de los reclamos principales de los residentes fue que la estructura de telecomunicación, que se ubicaría en la finca de un vecino, estaba demasiado cerca de sus casas, en violación a lo que establece la Ley sobre la Construcción de Torres de Telecomunicación en Puerto Rico. Según la legislación, las torres deben guardar una distancia mínima a la casa más cercana igual a la altura de la torre más el 10% de esa medida.
La torre de Montones 1, sin embargo, iba a contar con una altura de 190 pies, de modo que la construcción debió respetar una distancia de 209 pies de distancia a la residencia más cercana.
La cercanía de la estructura fue una preocupación constante para los residentes, ya que, además de generar contaminación visual y provocar la devaluación de sus propiedades, representaba un riesgo después de que se documentara que, al menos 300 de las más de 2,000 torres en Puerto Rico, cayeron tras el paso del huracán María.
En contra del atropello
Luego de celebrar seis manifestaciones y acudir a los foros legislativos, presentar querellas en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) sin que sus reclamos fueran atendidos, los residentes decidieron tomar las calles.
Los vecinos de la comunidad principalmente afectada, Estancias Pedrentinas, coordinaron piquetes durante dos semanas seguidas con la colaboración de las comunidades aledañas Estancias del Prado, Sector Los Márquez, urbanización San Cristóbal, urbanización Las Campiñas, Sector Cinco Cuerdas y Fondo del Saco.
Los encuentros vecinales se dieron desde las 5:00 a. m. para bloquear las dos entradas de acceso y evitar que los camiones de carga se colaran antes del amanecer al terreno de construcción.
Velázquez, como portavoz de la comunidad, describió a Todas que la obra les comenzó a afectar con el polvo de tierra, olor a diesel y destrucción del camino principal. En Estancias Pedrentinas, viven principalmente mujeres, personas mayores y niños.
Los piquetes fueron motivo de queja para los contratistas de QMC Telecom, que llamaron a la Policía en muchas ocasiones para que removieran a los residentes del camino. Velázquez describió que algunos de los encuentros fueron agresivos por parte de la Uniformada, que defendió la validez de la construcción por contar con los permisos.
“Mis hijos, entiendan nuestra posición: estamos desesperados”, exigió Velázquez en uno de los encuentros con la Policía, tras explicar, como en ocasiones anteriores, que la comunidad tiene el derecho a la libre expresión mediante protestas pacíficas.
En contra de la destrucción del hábitat del coquí Guajón
El segundo reclamo más importante fue el de la destrucción de uno de los espacios donde habita el coquí Guajón, una especie nativa amenazada por la pérdida de su hábitat natural en el sudeste de Puerto Rico.
“Aquí no se hizo una investigación, un estudio profundo del impacto al ambiente, nosotros tenemos el coquí Guajón ahí (en la quebrada Montones), porque yo soy de aquí y te puedo decir dónde hay coquí y dónde hay un ojo de agua”, describió Velázquez, quien vive en el área desde pequeña, cuando en el terreno se cultivaba caña y piña.
La quebrada Montones transcurre justo detrás del lugar de construcción. Basta cavar algunos pies para que el agua subterránea emerja rápidamente, según los residentes.
En entrevista con Todas, el sociólogo Wilson Rivera, del Frente Comunitario en Contra la Proliferación de Antenas, alertó que el proceso de solicitud de permiso de construcción con la OGPe requiere, principalmente, el cumplimiento de unos requisitos estándares, tipo lista de cotejo. De modo que, a pesar de que la empresa evaluó el terreno, no alertó a la agencia de que se trataba de un espacio de alto valor ecológico. La comunidad aseguró que no ha tenido acceso a los estudios que presentaron a la agencia de permisos.
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Riesgo latente ante un sistema que favorece a las empresas
A pesar de que el pasado martes, 29 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones decidió a favor de la comunidad y revocó los permisos de construcción, la base se completó y está lista para colocar la torre.
En la sentencia, el tribunal resolvió uno de los reclamos que presentaron Velázquez y Rafael Agosto, su esposo, en representación de los vecinos afectados: la OGPe ignoró una solicitud de intervención para que se reconociera la perspectiva de la comunidad en cuanto al daño a los recursos naturales, previo a emitir el permiso. Del escrito se desprende que la agencia ignoró la solicitud, lo que representa una violación a la ley de la Oficina de Gerencia y Permisos.
Como no hay ninguna disposición que evite que QMC Telecom vuelva a solicitar los permisos para colocar la estructura, la comunidad está lista para presentar un nuevo caso ante el Tribunal de Primera Instancia para exigir la remoción de la base ya construida.
Un problema de toda la isla
A pesar de que los residentes contaron desde el principio con el apoyo del municipio, el representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el senador Juan Dalmau Ramírez presentaron medidas en la legislatura que no fueron concretadas por las comisiones dirigidas por la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista.
Previo al problema que enfrentó la comunidad Estancias Pedrentinas, uno de los recursos que presentó Dalmau Ramírez sobre el tema, en 2018, fue una medida alternativa a la Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico que favoreciera más a las comunidades. Por su parte, el sociólogo Rivera explicó que la medida vigente favorece a las empresas.
La Ley 89 del 2000 es el principal recurso de regulación para este tipo de construcción, y limita ampliamente la participación ciudadana, especialmente al no requerir la celebración de vistas públicas para la expedición de los permisos. De igual manera, la ley que reestructuró la OGPe, en 2009, redujo significativamente la estructura de la agencia así como sus recursos para estudiar ampliamente las implicaciones de las propuestas de construcción que reciben.
Ante estas regulaciones que favorecen ampliamente a las empresas, hay muchas comunidades en Puerto Rico, principalmente pobres, que se enfrentan al mismo atropello que vivió la comunidad Montones 1. Así lo asegura el Frente Amplio de Comunidades en Contra de la Proliferación de Antenas, junte de ciudadanos que apoya a las comunidades en sus denuncias y reclamos.
“La lucha en la calle es la que gana casos”, expresó el sociólogo Rivera, días antes del triunfo judicial, al tener en cuenta que así lo han logrado decenas comunidades en todo Puerto Rico.
