Santo Domingo.— En un centro de salud una mujer dominicana de un barrio marginalizado espera por su médico. Y un hombre haitiano, que ya fue atendido, escucha con interés a una amiga que le advierte que agentes de migración se encuentran cerca. “No salgas, están por ahí”, le dice la joven, y repite con claridad cada palabra. Y él decide esperar en uno de los pocos espacios donde se encuentra seguro, después de que las autoridades dominicanas informaran que deportarán a 10,000 personas cada semana, una línea dura antiinmigración que también impera en los Estados Unidos.
La mujer dominicana y el hombre haitiano son pacientes habituales de un centro destinado a grupos vulnerables, que, por diversas razones, como limitaciones para entender con claridad el español o falta de seguro médico, tienen dificultades para recibir atención tanto en el sector privado como en el público. Este centro funciona principalmente con fondos de la cooperación internacional de los Estados Unidos y de la Unión Europa.
Ahora, tras el anuncio del presidente Donald Trump de suspender (por el momento de forma temporal) programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de otros proyectos de cooperación de los Estados Unidos, su sostenibilidad está en riesgo, y con esta, actividades de acompañamiento a personas de grupos vulnerables que viven con VIH o con tuberculosis, en un momento en el que pequeños grupos ultranacionalistas dominicanos acosan a migrantes, defensores de derechos humanos y sus organizaciones.
El valor de 24 iniciativas de cooperación que se ejecutan en la actualidad con el financiamiento de la USAID es de RD$13,307.9 millones, o $212.3 millones, según datos del Ministerio de Economía Planificación de Desarrollo (MEPyD).
Seis de estas intervenciones apoyan acciones relacionadas con la salud y la seguridad social. Las demás iniciativas están relacionadas con seguridad ciudadana, asistencia social, desarrollo rural, medio ambiente y cambio climático, educación, y generación y suministro de energía.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), actualizados a junio de 2024, 76,892 personas que viven con VIH en el país reciben servicios de atención y tratamiento.
El 30 % de esta población es parte de grupos considerados muy vulnerables, según los cálculos de diferentes defensores de derechos humanos. Entre estos grupos se encuentran los inmigrantes haitianos y sus descendientes, la población LGBTQI, las trabajadoras sexuales, y personas en pobreza extrema. Precisamente, esta es la población más atendida en centros dirigidos por organizaciones sociales, que tienen dificultades o temor de acercarse a los hospitales públicos.
Joseph Cherubin, presidente del Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCHTA), explica que aunque todos los pacientes pueden ir a los hospitales públicos y no se les niega la atención médica, ni los antirretrovirales, las limitaciones económicas, incluso para trasladarse de su comunidad a un centro de salud, y las dificultades para hablar español en un nivel avanzado, los coloca, en la práctica, en una situación de exclusión tal, que si no cuentan con servicios especializados en su propia lengua y visitas a sus comunidades para la detección temprana de enfermedades como la tuberculosis o el VIH, aumentan los riesgos para su salud y la exclusión social. Exclusión que a veces se perpetúa en sus descendientes.
Pero más allá de la pérdida de dinero, lo que puede poner en riesgo la vida de muchas personas, el corte de los fondos también interrumpiría procesos de articulación de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y proyectos de inclusión social de jóvenes de barrios.
Empobrecidos, y reduciría servicios de mediación comunitaria y resolución de conflictos en barrios populares.
Este golpe a organizaciones pro derechos humanos se produce en un contexto en el que se imponen agendas anti derechos a nivel internacional y en la República Dominicana, con decisiones que limitan la educación sobre derechos sexuales y reproductivos, y la promoción de la equidad entre hombres y mujeres desde el Estado, como la disposición de Salud Pública de suspender acciones que impulsan la igualdad de género.
Cherubin entiende que el cambio en la política de Estados Unidos no solo perjudica a nivel económico, sino que a nivel político representa un duro golpe para el avance de los derechos humanos.
Atención a grupos vulnerables viviendo con VIH
El 60 % de los fondos de MOSCHTA, que atiende a 300 mil personas al año en diferentes programas que van desde apoyo legal hasta consultas médicas, dependen de apoyos del gobierno de los Estados Unidos, dice Cherubin. La organización también recibe apoyos de otros donantes, como la Unión Europea, pero son insuficientes para mantener todos los programas abiertos al público. “No solo atendemos haitianos, también dominicanos. MOSCHTA nació para defender los derechos de los trabajadores haitianos, pero en los centros se atiende a todo el mundo, así como hay haitianos pobres hay dominicanos pobres también”, precisa el dirigente social.
Otras barreras para acceder a la atención médica están relacionadas con el estigma que enfrentan personas de la comunidad LGBTQI en espacios institucionales.
“Hay mucho estigma y discriminación, no solamente por parte del personal, sino también por otros usuarios, la misma discriminación que se vive a nivel social está en el servicio de salud”, explica Chris King, director ejecutivo de Trans Siempre Amigas. Debido al estigma y la marginación a la que son empujadas las personas trans, King entiende que los centros amigables que gestionan las organizaciones sociales son clave para detección a tiempo y la adherencia al tratamiento del VIH.
En general, TRANSSA no recibe financiamiento directo de USAID, pero sí realiza acciones de prevención y detección temprana con el apoyo de programas coordinados por otras instituciones financiadas con fondos estadounidenses como el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR). El gobierno de Estados Unidos también es uno de los principales donantes del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, que es uno de los organismos clave en el financiamiento de la prevención y la atención al VIH en la República Dominicana y en otras naciones.
Ana Martin, gerente del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) explica que si se concreta la amenaza del presidente Trump, la entidad que atiende a grupos vulnerabilizados en todo el país perdería “aproximadamente 3 millones de dólares, que es la mayor parte de lo que maneja la organización”. Martin explica que tienen fondos de otros donantes, pero resultan insuficientes para mantener abiertos de forma gratuita los proyectos y servicios.
Agrega que también se perderían otros programas de inclusión social, como clubes de ciencia y tecnología para jóvenes y la promoción de derechos de comunidades excluidas. “Las personas que no se sienten cómodas por su identidad o por alguna característica yendo a los servicios públicos y que se atienden en clínicas como la de COIN, verán reducidas sus opciones, tendrían que ser transferidas a las clínicas públicas, con la sobrecarga que va a suponer para los Servicios de Atención Integral (SAI) del gobierno. Hay servicios que ahora son gratuitos que pasarían a ser de pago o dejarían de ofrecerse”, dice Martin. Y aclara que parte de los fondos utilizados para el VIH se desbloquearon parcialmente esta semana, pero los que están vinculados con inclusión y diversidad siguen paralizados por el gobierno estadounidense.
Justicia y mediación comunitaria
En la Casa de Justicia Comunitaria de Las Caobas la gente entra y sale para gestionar soluciones pacíficas a conflictos entre vecinos, pequeños problemas de tránsito o disputas por herencias familiares. Este espacio evita que los conflictos escalen hasta la justicia, o peor, que terminen en una tragedia. Según el Ministerio de Interior y Policía, en 2024 “el 54% de los homicidios estuvieron relacionados con conflictos sociales, como disputas por deudas, música alta, propiedades y parqueos”. El año pasado en el país se registraron 1,375 homicidios, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República.
Los programas de las Casas Comunitarias de Justicia atendieron en 2024 a 51,144 personas a través de servicios de mediación, conciliación, orientación legal, atención psicológica, educación y articulación comunitaria. Ahora corren el riesgo de desaparecer o disminuir.
Algunas casas podrían cerrar y los profesionales que brindan servicios de mediación o asistencia psicológica, serían despedidos. Estos centros operan en Puerto Plata, Moca, Mao, San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago de los Caballeros (Cienfuegos, La Joya y Hato del Yaque), Santo Domingo Oeste (Las Caobas) y Distrito Nacional (La Ciénaga).
Carmen Victoriano, directora ejecutiva del Centro Casas Comunitarias de Justicia enfatiza que “la suspensión de estos fondos representa un riesgo crítico para la continuidad de las Casas Comunitarias”.
Violencia basada en género
Entre tanto, en Santiago, las instituciones que integran el proyecto Más Justicia, una iniciativa piloto que articula a las organizaciones que trabajan contra la violencia basada en género para mejorar los servicios y los protocolos de actuación con el fin de reducir las agresiones a mujeres y los feminicidios se preparan para concluir la iniciativa en abril, si al final Estados Unidos se mantiene firme en su decisión de eliminar los fondos, explica la feminista Susi Pola.
Más Justicia articula al Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, Salud Pública y en representación de la sociedad civil, el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM).
Uno de los mayores problemas para enfrentar la violencia basada en género en el país es la dificultad para articular el sistema y acompañar a la víctima en todo el proceso. Con este programa se buscaba crear un modelo más eficiente que, eventualmente también se pudiera utilizar en todo el país. El año pasado, en el país se registraron 71 feminicidios, según la Fundación Vida Sin Violencia.