(Foto por Amit Gaur en Unsplash)
La idealización de un parto vaginal rondó por la mente de Emeline Mundo Alicea cuando quedó embarazada a sus 16 años. Tres semanas antes de cumplir el último trimestre de gestación, su obstetra le indicó que, si al romper fuente el agua se veía verdosa, significaba que el feto había evacuado en el útero. Por lo mismo, tendría que realizarle una cesárea de emergencia porque tanto la mujer como su bebé se podrían “envenenar”.
“Yo estaba acostada en la cama, y nunca vi que el líquido amniótico estuviese de ese color”, recordó la madre sobre la experiencia que vivió, hace 23 años, en el Hospital el Maestro en San Juan.
Años más tarde, mientras trabajaba en un banco, atendió a una clienta que también tuvo un bebé a los 16 años con el mismo médico. Su parto ocurrió en circunstancias similares a las de Mundo Alicea: el obstetra practicó una cesárea porque, presuntamente, el bebé había evacuado en el vientre, pero la entonces joven tampoco vio que el fluido estuviese verde.
Según la directora de Planificación Familiar del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, Yari Vale Moreno, es más probable que los fetos defequen en el útero a partir de la semana 40 de gestación, mas una cirugía no es el remedio principal.
Esta justificación, al igual que la desinformación y la medicalización, contribuye a la alta tasa de cesáreas en Puerto Rico. El Departamento de Salud– en su último informe de estadísticas vitales disponible a la ciudadanía- reportó que, entre 2015 y 2016, el 46% de los embarazos culminó en este tipo de cirugía. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la tasa de estas intervenciones quirúrgicas no sobrepase el 15%.
De acuerdo con la institución internacional, el propósito de las cesáreas es prevenir la mortalidad materna e infantil. Este procedimiento involucra riesgos a corto y largo plazo en la persona parturienta y el neonato. No obstante, las consecuencias aumentan cuando hay un limitado acceso a una atención obstétrica integral.
La medicalización del parto ha derivado en tratar como enfermedad un proceso natural, según el artículo El parto humanizado como respuesta a la violencia obstétrica del abogado Anthony González Taveras.
“La construcción de la relación médico-paciente se crea desde un paternalismo médico. La relación es vertical y está marcada por una superioridad del médico, objeto a todas las intervenciones necesarias, con una obediencia incondicional del paciente y una restricción de la información suministrada”, establece la publicación.
Este vínculo puede incurrir en violencia obstétrica, que es la agresión física y verbal ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las personas gestantes.
“Es maltrato verbal y físico desde tratar de precipitar los partos cuando en realidad no hay ningún apuro hasta violentar, a veces, los derechos de la paciente y no explicarle por qué la cesárea se está haciendo”, sostuvo Vale Moreno al describir los tipos de violencias obstétricas más comunes en Puerto Rico.
González Taveras destacó, en su artículo, que las inducciones de los partos ocurren también sin el consentimiento informado de las personas gestantes. Un estudio de los médicos expertos en salud reproductiva Ana Parrilla Rodríguez y José Gorrín Peralta reveló que el 60% de los alumbramientos, en el país, son inducidos, lo que duplica la posibilidad de que el parto termine en una cesárea.
Salud, por otro lado, señaló que menos de 1% de las personas gestantes tuvo un parto vaginal luego de una cesárea.
“Típicamente, en Puerto Rico, si tuviste una cesárea anteriormente, vas a una cesárea de seguro la segunda vez, y esa no es la recomendación a nivel mundial”, apuntó la integrante del Observatorio de Violencia Obstétrica Marianella Rodríguez Reynaldo al resaltar la carencia de especialistas que atienden partos vaginales luego de una intervención quirúrgica.
El lucro tras las cesáreas
La creencia general de que los obstetras reciben una mayor compensación económica por practicar una cesárea que asistir un parto vaginal no está construida en un vacío. Vale Moreno apuntó que las aseguradoras médicas pagan $900 por el cuidado de los nueve meses de gestación y el parto vaginal; por el mismo cuidado y una cesárea, $1,200.
“Los doctores, muchas veces, prefieren hacer cesáreas porque se llevan más dinero y es un procedimiento más rápido para ellos. Pueden atender a más mujeres embarazadas más rápido que estar en dos partos de 24 o 36 horas. La cesárea la hacen en media hora”, puntualizó la líder de grupos espirituales para mujeres Beatriz Bonín Szendrey.
Según la doula, educadora perinatal y de lactancia Tania Silva Meléndez, a este último mecanismo se le conoce como calendarización, y busca que los alumbramientos no interfieran en los días feriados, fines de semana y vacaciones de los especialistas ni alarguen el proceso de facturación al seguro médico.
De acuerdo con un artículo publicado en 2008 por los médicos Padilla Rodríguez, Gorrín Peralta y René Dávila Torres, los lunes, martes y miércoles se practica, en Puerto Rico, el 68% de las cesáreas, mientras que el resto de la semana se hace el 32%. A pesar de que estos datos pudieron variar en los últimos años, ejemplifican las dinámicas de calendarización.
Además, el Plan de Salud Vital limita a las personas gestantes a elegir entre médicos obstetras que, en su mayoría, no respetan los procesos naturales de gestación, señaló Silva Meléndez.
El impedimento de vivir un alumbramiento adecuado a los deseos de la persona gestante, de acuerdo con la también doula Bonín Szendrey, desencadena en la depresión postparto, pero también puede provocar que un embarazo culmine en una cesárea.
“Al no ser parte integral del proceso de traer al mundo a tu bebé, te destruye emocionalmente. En una cesárea, cuando te separan de tu bebé, se interrumpe la cascada de hormonas que ayudan, a mamá, a procesar todo lo que acaba de pasar en su cuerpo”, apuntó.
Solución limitada al poder adquisitivo
Los obstetras están formados para atender los partos como emergencias. Sin embargo, las parteras, como las que ofrecen servicios en Mujeres Ayudando a Madres (MAM), visualizan el alumbramiento como un proceso fisiológico desde una perspectiva de derechos humanos en que el centro son las personas gestantes y el feto.
“Quienes llegan a MAM buscan evitar el trauma (hospitalario) y van en la vía de una experiencia bien holística y de apoderamiento. También hay quienes quieren ir en esa línea, aunque la motivación es el trauma de la violencia (obstétrica)”, sostuvo Paloma Hernández Quiñones, integrante de la organización sin fines de lucro que educa a las mujeres embarazadas para lograr partos respetados.
Sin embargo, tener este tipo de alumbramiento bajo la supervisión de una partera está limitado a quienes puedan acceder, económicamente, a estos servicios. Hernández Quiñones dijo que la atención salubrista para tener un parto en el hogar cuesta entre $1,500 y $2,500.
Este precio incluye el cuidado perinatal, el alumbramiento y el postparto hasta las seis semanas con posibilidad de extenderse hasta la octava si se observan cambios, principalmente, en la salud emocional.
Debido a que las parteras no son reconocidas, en el país, como proveedoras de salud, los seguros médicos no cubren los gastos de un alumbramiento en el hogar. Por tanto, las personas gestantes tienen que costear este servicio aparte del cuidado obstétrico, que es compulsorio sin importar dónde sea el parto, y pagarían en total entre $1,800 y $3,500.
Pese a destacar la importancia de una legislación que las acoja, a la integrante de MAM le preocupa que, como solo hay diez parteras en la isla, si las aseguradoras médicas cubren los costos de los servicios de partería, se limitaría el tiempo de atención dedicada a cada persona gestante. Destacó que lo ideal es que haya más proveedoras de este servicio, pues priorizan no atender más de cinco alumbramientos en un mes.
Remedios ineficientes
A pesar de que las legislaciones estatales reconocen el consentimiento informado, el trato respetuoso, el alojamiento en conjunto, el acompañamiento por elección y la prohibición de sustitutos de la leche materna sin autorización, estas protecciones no se les garantizan, en muchas ocasiones, a las personas gestantes, según la abogada Liani Cabán Reyes.
Por tanto, la documentación es el remedio más efectivo para presentar, ante las agencias pertinentes, una queja sobre la violación de alguna de estas disposiciones.
“Si tuvieras que ir a un tribunal, eventualmente, lo primero que te van a preguntar es qué te pasó, cómo te pasó, y, mientras más detalles tú puedas dar sobre eso (violación de las disposiciones), más probabilidad tienes de que te den credibilidad”, explicó la integrante de la Junta de Directores de Caderamen, entidad protectora de derechos reproductivos y sexuales.
Asimismo, puntualizó que firmar un documento en el que la persona gestante apruebe el procedimiento al que se vaya a someter no significa que le informaron los riesgos, beneficios y alternativas de cada cuidado. Añadió que este consentimiento informado requiere de tiempo.
En el caso de Mundo Alicea, firmó muchos papeles antes de su cesárea, mas no los leyó porque confiaba en su obstetra. No obstante, su médico no le indicó las consecuencias de este procedimiento quirúrgico, sino los efectos de no realizarlo.
“Para mí, era bien importante tener un parto natural. Yo era superjoven, tenía 16 años, y era todo lo que le podía dar a mi hija porque yo no trabajaba y, económicamente, yo no le iba a poder dar nada. Para mí, lo único que le podía dar era un buen parto y lactarla: lo que salía de mí”, admitió con la voz entrecortada la mujer de 39 años.
