Foto de Génesis Dávila Santiago
Es posible abordar la crisis de violencia de género en el país sin criminalización, sin policías y sin cárceles. Esa fue la premisa bajo la que cuatro expertas en justicia restaurativa dialogaron el jueves, 14 de noviembre, durante el conversatorio Violencia de género: alternativas a la criminalización.
La socióloga y criminóloga Lina Torres; la catedrática jubilada de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras (UPR-RP), Madeline Román; y las abogadas Verónica Rivera e Iris Rosario, coincidieron en que la violencia de género no es un problema criminal, sino que se requiere un esfuerzo social y colectivo en que se logre la reinserción social de todas las partes.
“[En la justicia restaurativa] el restaurador busca una medida reparatoria y un acuerdo reparador. Concentra sus esfuerzos, no en la aplicación de penas, sino en resolver conflictos. Mide el éxito de manera distinta; en vez de medir cuánto castigo se inflige, mide cuánto daño puede ser reparado y prevenido”, destacó Lina Torres desde el salón 316 de la Universidad Interamericana, recinto metropolitano (Inter Metro).
La socióloga también subrayó que la justicia restaurativa es una alternativa a la falta de rehabilitación en las cárceles del país y a la insatisfacción de las víctimas de violencia de género cuando culminan un proceso criminal. Además, requiere de un compromiso voluntario que anima a la víctima a hablar sobre la violencia y a que el victimario asuma las consecuencias.
Por su parte, Madeline Román destacó que la mayoría de los casos de violencia de género que terminan procesados en las cárceles son personas que tienen “precariedad social” y reconoció que es posible vivir sin castigo.
“Estoy convencida de que la posibilidad de encarar la violencia de género de maneras reparadoras para aquellos que son objeto de daño, para aquellos que ocasionan daño y para la sociedad en general, indiscutiblemente requiere del retiro del Estado, al menos de su función penal”, expresó la catedrática jubilada de la UPR-RP.
Añadió que en países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Canadá, Argentina y Colombia ya han comenzado esfuerzos por implementar este tipo de justicia desde un espacio sin policías y sin tribunales.
La abogada Verónica Rivera, por otra parte, reconoció que criminalizar a las personas que cometen actos de violencia de género puede ser “muy tramposo”, en el sentido de que parece la única alternativa, pero no lo es.
Destacó que desde siempre estuvo convencida de que la Ley 54 establecida en 1989 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, no funcionaba, pero cuando comenzó a defender a las víctimas, se encontró también cabildeando a favor de esa ley.
“Es muy tramposo el tema de la criminalización e, incluso personas que estamos de acuerdo con todo lo que hemos escuchado (de justicia restaurativa)…, nos vemos enredadas… Nos hemos quedado sin alternativas porque la única que existe, que es la Ley 54, no funciona… y no nos ha hecho más seguras a las mujeres”, argumentó Rivera.
Además, aseguró que el Estado utiliza la Ley 54 para decir “que está haciendo algo”, cuando la crisis de violencia de género continúa.
Por su parte, la abogada y profesora de la UPR-RP, Iris Rosario centró su diálogo en la reincorporación social de las víctimas y perpetradores como parte fundamental del abolicionismo y la justicia restaurativa. Asimismo, desafió las palabras del jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien argumentaba que el sistema penal era necesario porque, de no existir, los perpetradores se exponían a linchamientos por parte de la sociedad. “Cree que si no hubiese un sistema penal en el que existan garantías robustas durante el proceso, la venganza privada y punitiva se desataría”, dijo sobre el jurista.
No obstante, para Rosario, aún con el sistema penal existente, esas venganzas privadas se siguen perpetuando, especialmente cuando las denuncias surgen en las redes sociales o en los medios de comunicación.
“Son los casos donde la persona alega ser víctima de un delito de naturaleza sexual y opta por la denuncia informal ante los medios y las redes, en vez de la vía formal de las autoridades”, que según Rosario desatan la opinión pública en contra del perpetrador y esa opinión funge como un tipo de venganza.
Sin embargo, la abogada destacó que entiende cuando las personas no acuden a la vía formal de las autoridades para denunciar porque esto es resultado de un Estado donde las víctimas no tienen otra opción debido a la impunidad que el mismo Estado permite.
Para Rosario, es crucial evaluar el abolicionismo y la justicia restaurativa como opciones reales. “Resulta, para mí, fundamental reevaluar las principales oposiciones a los abolicionismos, aunque también… es importante que las organizaciones que se catalogan como abolicionistas reflexionen sobre cómo enfrentar estas dinámicas que ponen en el foco, en cómo se concibe el castigo desde un horizonte abolicionista”, concluyó.
El conversatorio se llevó a cabo como parte del Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios del Género de la Inter Metro.
