Fotos de Vanessa Serra Díaz
Al lado de un emotivo altar con velas, flores y fotografías digitales de muchas de las víctimas que sigue cobrando la violencia machista en Puerto Rico, familiares de Andrea Ruiz Costas y de Ivonne Negrón Cintrón compartieron sobrecogedores testimonios sobre las fallas del sistema en el manejo de los casos, la falta de apoyo a las familias sobrevivientes de feminicidio y cómo para ellos el proceso de sanación no termina nunca.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ingeniera Alexandra Ruiz Costas, la trabajadora social Leila Negrón Cintrón y su hermano, Víctor Manuel Negrón Cintrón, formaron parte del panel Memoria, Resistencia y Apoyo: de la pérdida a la esperanza de un futuro libre de violencias, organizado por Coordinadora Paz para las Mujeres, en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce.
La ingeniera Ruiz Costas relató que la Policía citó a su padre a Cayey y a Guayama, sin darles información sobre su hermana y mientras aguardaban para ser atendidos, se enteraron por un canal de noticias a través de internet del vil feminicidio de Andrea. La joven de 35 años fue asesinada el 27 de abril de 2021 por su expareja, Miguel Ocasio Santiago, quien confesó que la mató y luego quemó su cuerpo en un paraje solitario en Cayey.
Ese mismo año, Andrea había acudido al tribunal en busca de protección contra el guardia de seguridad con el que había tenido una breve relación sentimental porque el hombre la acosaba y amenazaba, pero dos juezas no escucharon su grito de ayuda. Ruiz Costas recordó que el mismo 27 de abril ella creía que texteaba con Andrea sin saber que ya su hermana había sido asesinada y que el asesino le había hackeado el teléfono.
Narró que al día siguiente “empezaron las llamadas” porque Andrea no se había presentado a la tienda en la que laboraba en Caguas y antes del mediodía su padre recibió una llamada de que se presentara al Cuartel de Cayey. “Cuando llegamos nos dijeron que teníamos que ir al CIC (Cuerpo de Investigaciones Criminales) de Guayama y cuando llegamos allá ni el teniente ni otro contacto que nos habían dado estaban disponibles. Llamaron a una persona para escoltarnos y estuvimos en un sofá viendo pasar mucha gente, pero no nos decían nada, hasta que mi papá se puso a leer Telemundo por Internet y vio la noticia de que habían encontrado en Guavate el cuerpo de una mujer con las características de mi hermana… Así fue que nos enteramos”, relató compungida y llorosa la ingeniera.
Alexandra Ruiz Costas
Sostuvo que no fue hasta el tercer día que por primera vez en la Fiscalía de Caguas les ofrecieron algún apoyo. “Nosotros pudimos hacerlo, no sé de dónde sacamos fuerzas, no todo el mundo puede… que te digan que a tu hermana la encontraron quemada en unas bambúas, eso nada más es tan fuerte”, describió.
Dijo que una psicóloga les acompañó al funeral y les iba a acompañar en el proceso judicial, pero el caso no se llegó a ventilar porque el asesino se quitó la vida en la cárcel.
Indicó que su padre, madrastra y su hermano menor recibieron ayuda de la Fundación Stefano Steenbakkers Betancourt. “Mi madre y yo nos fuimos por servicios privados, mi mamá con un tanatólogo y yo, por terapias de duelo”, aseveró. Agregó que recientemente fue contactada por una organización del estado de Michigan “que quiere contar la historia de Andrea y eso me ha ayudado mucho”.
Criticó la cobertura del caso en algunos canales de televisión porque sentía que Andrea era revictimizada. “Los medios de comunicación empezaron a poner abogados en el estudio para confrontar lo que yo estaba diciendo, querían que yo dijera quién tiene la culpa. Ya era algo contencioso, y cuando yo salía de ahí, sentía que a Andrea la habían matado otra vez. Por salud mental tuve que alejarme de eso”, reclamó.
Subrayó que en conversatorios como el de la Coordinadora Paz para las Mujeres es que ha encontrado la manera de dejar saber lo difícil que es para una víctima salir del ciclo de la violencia de género. “Si sales, las heridas van a estar ahí siempre, el proceso de sanación no acaba y me he decidido a llevar el mensaje”, afirmó Ruiz Costas.
Cuestionó también cómo algunos políticos utilizan los incidentes de violencia machista sin tener un compromiso real con erradicar el grave problema. Recordó que durante la primera semana del feminicidio de su hermana, el alcalde de Caguas, Willie Miranda Torres y su equipo se hicieron presente, pero después no volvieron a tener contacto con su familia.
“La primera dama (Caridad Pierluisi) y hermana del gobernador (Pedro Pierluisi) llamó a casa y mi papá le dijo: ‘pueden venir sin cámaras’. No supimos más de ellos. A nuestra casa llegó el pueblo, esos fueron los que estuvieron allí… Esperaba ver figuras políticas porque estaban matando mujeres por doquiera”, reprochó Ruiz Costas.
Recalcó además, que todavía hay mucho por hacer para que no se siga justificando al agresor, culpando a la víctima y revictimizando a la mujer.
El testimonio de la familia Negrón Cintrón
Leila Negrón Cintrón y su hermano, Víctor Manuel, enumeraron las barreras y escollos que tuvieron que enfrentar para dar con el cuerpo sin vida de su hermana Ivonne, a quien un vecino mató y desmembró en un aterrador feminicidio ocurrido en la barriada El Cerro en Gurabo, el 14 de noviembre de 2013.
“En nuestro caso Ivonne se da como persona desaparecida y para que las autoridades comiencen a investigar tuvieron que pasar 24 horas”, relató Leila, quien como trabajadora social ha laborado 20 años asistiendo a víctimas de violencia de género.
Dijo que la oficina policíaca tampoco contaba con recursos digitales y los propios policías les recomendaron acudir a la prensa “para que la información (de la persona desaparecida) circule”.
Víctor y Leila Negrón Cintrón
“La Policía fue al sector donde vivía mi hermana varias veces, incluso entró a la casa del feminicida, lo entrevistó, no encontró nada sospechoso y es la comunidad la que empieza a dar la voz de alerta de que algo estaba pasando… El asesino la apuñaló, la cortó y la echó en bolsas. La Policía había ido en tres ocasiones y no encontró nada. Había hedor, los vecinos lo estaban comunicando, pero la Policía no encontró nada. No fue hasta que mi sobrino y un grupo de amigos se treparon en un muro y vieron el torso de su mamá”, narró con voz quebrada.
En el proceso judicial, dijo que “por suerte” su mamá no llegó a ver las crudas fotografías del cuerpo desmembrado de Ivonne. “Eran unas imágenes muy fuertes. Muchas veces no se toman precauciones”, reclamó.
La trabajadora social denunció también que el cuerpo de su hermana estuvo en el Instituto de Ciencias Forenses desde el 19 de noviembre de 2013 hasta febrero de 2014, que fue entregado a la familia. Además, dijo que estuvieron casi un año en el juicio contra el feminicida, en un proceso, que consideró abusivo, pues la defensa intentó humillar a la víctima para justificar la conducta del feminicida.
“Como familia preferimos apoyarnos de las organizaciones feministas, de familiares, de la iglesia y de vecinos porque con ellos nos sentimos apoyados, reconociendo que el sistema tiene unas deficiencias”, expresó Negrón Cintrón.
Dijo así mismo, que el proceso de manejar el duelo es un camino muy largo. “He utilizado los recursos que me da mi profesión, pero he tenido que echar mano de otras cosas y ha sido distinto para cada miembro de la familia. No digo que estamos en el mismo lugar, hemos transitado bastante, pero todavía sigue doliendo. Cada vez que una mujer es asesinada revivimos ese dolor, pero vamos encontrando espacios para estar mejor”, sostuvo.
“Ivonne era el pilar de nuestra familia y saber que fue asesinada nos impactó fuertemente, pero también ha sido bien fuerte el hecho de que la justicia en nuestro país está más a favor del victimario que de la víctima. Como familia hemos sido víctimas de ese proceso, constantemente hemos sido revictimizados”, expresó Víctor Manuel Negrón Cintrón, el menor de cuatro hermanos.
Tanto Leila como él denunciaron que la familia está nuevamente reviviendo el doloroso proceso porque el feminicida está pendiente de una vista ante la Junta de Libertad bajo Palabra (JLBP), amparado en la Ley 895 de 2022, sin haber cumplido el mínimo de su sentencia de 84 años y tres meses de prisión por asesinato en segundo grado. Mediante esta ley un adulto sentenciado por delito grave, que no sea asesinato en primer grado, puede solicitar ser revaluado por la JLBP cuando haya cumplido 15 años de prisión o el 75% de la pena.
“Esa ley fue firmada en cuartos oscuros, sin vistas públicas, sin la opinión de casi nadie y mucho menos de las víctimas, se firmó sin medir las consecuencias, sin corroborar que la JLBP tuviese los recursos y la sensibilidad para manejarla. La Junta no cuenta con el personal para orientar y acompañar a las familias ni para evaluar si la persona está rehabilitada o no”, sostuvo Leila.
En las reflexiones finales del conversatorio, que fue moderado por la periodista Istra Pacheco, Alexandra Ruiz Costas dijo que sin quitar responsabilidad al Estado, “nos toca a nosotros enseñarles a los niños (y niñas) que todos somos iguales, que tenemos que formar adultos responsablemente”.
Leila Negrón Cintrón, por su parte, adjudicó la responsabilidad al Estado. “Las víctimas estamos desprotegidas. Quiero que los confinados tengan calidad de vida y se les respeten sus derechos humanos, pero no puede ser en detrimento de las víctimas”, sostuvo. Puntualizó que la violencia de género tampoco se resuelve “declarando un estado de emergencia en el papel”. “Hace falta compromiso real y todavía no tenemos educación con perspectiva de género”, concluyó.
