A pocas semanas para que acabe el 2024, las muertes violentas de mujeres —conocidas como feminicidios— suponen uno de los temas de principal atención en el país, especialmente para sectores feministas.
Hasta la fecha, se han registrado 82 feminicidios directos e indirectos, entre ellos 23 íntimos y 1 transfeminicidio, de acuerdo con los números más recientes del proyecto de monitoreo independiente Observatorio de Equidad de Género.
Para ampliar el diálogo sobre este tema, en noviembre, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras reunió a mujeres de distintos sectores para dialogar sobre los avances y retrocesos al momento de atender la situación de feminicidios en el país.
El conversatorio El feminicidio en Puerto Rico contó con la participación de la profesora y catedrática auxiliar de la Escuela de Derecho Iris Y. Rosario Nieves; la jueza de salas especializadas en violencia de género Raiza Cajigas Campbell; la fiscal Laura Hernández Gutiérrez; y la analista del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, Debora Upegui Hernández.
“Existen feminicidios porque hay personas que creen que los cuerpos de las mujeres se pueden controlar”, manifestó Rosario Nieves, quien se ha destacado por promover vías alternas a la cárcel, incluso para los feminicidas, tal como lo expuso durante su participación en un conversatorio sobre justicia restaurativa en la Universidad Interamericana, recinto metropolitano, también en noviembre.
La profesora destacó que las medidas que se están tomando para atender la crisis de feminicidios en el país no funcionan. “En la medida que decimos que los feminicidios continúan aumentando, estamos reconociendo que lo que estamos haciendo no funciona y esto representa un reto que debemos enfrentar, no solo a través del estado penal”, argumentó.
Además, Rosario Nieves criticó la Ley 40 de 2021, que reconoció los feminicidios y transfeminicidios del país como asesinatos en primer grado que deben pagarse con penas de 99 años. Para la catedrática auxiliar, esta pena afecta la democracia.
Sin embargo, la fiscal Hernández Gutiérrez expresó un desacuerdo con Rosario Nieves en términos de la función de la Ley 40 de 2021. La directora de la División de Coordinación de Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia abogó por penas severas. “Yo entiendo que este tipo de delito no puede conllevar una pena tan liviana… Yo como fiscal apoyo que estas penas sean más severas”, expresó.
De acuerdo con Hernández Gutiérrez, antes de la Ley 40, era más sencillo que los feminicidas, al proveer una excusa para el asesinato, obtuvieran condenas más bajas, situación que complicaba la convicción. La fiscal especificó que las enmiendas a la ley incrementaron el número de convicciones e hicieron más sencillo el proceso de juicio.
Para Upegui Hernández, del Observatorio de Equidad de Género, la tipificación de un delito como feminicidio o transfeminicidio facilita la investigación sobre el tema, aunque no necesariamente esté de acuerdo con un sistema punitivo donde las penas sean de 99 años por considerarlas excesivas.
El enfoque del Observatorio de Equidad de Género es social y, a diferencia de la Policía, no se centra únicamente en los asesinatos. Recogen estadísticas de los intentos de feminicidio, así como suicidios y muertes por sobredosis. “Los asesinatos no son las únicas formas de feminicidios que existen… hay otras muertes violentas”, destacó Upegui Hernández.
La analista denunció que entre 2014 y 2019, alrededor de 33% de los feminicidios se cometían con armas de fuego, pero para 2020 ese porcentaje incrementó a 79%. Atribuyó el incremento a la accesibilidad de armas de fuego.
Por su parte, la jueza Cajigas Campbell detalló que anualmente se expiden en promedio 10 mil órdenes de protección y que “la orden sirve para detener la violencia”.
Además, detalló que en los últimos años el Sistema Judicial ha estado trabajando para sensibilizar las salas especializadas en violencia doméstica para evitar la revictimización de las personas. “Desde mi perspectiva, puedo decir que contamos con mucha más información, con jueces y juezas más capacitados”, explicó.
Sin embargo, detalló que educar al jurado sigue siendo un reto, pues llegan con sus sesgos y prejuicios, pero ha observado “una alerta importante en detener actitudes sexistas en los procesos”.
El conversatorio fue moderado por la estudiante de Derecho Amanda Soto González, quien también es coordinadora del proyecto Siempre Vivas de Mayagüez.
