El 40% de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidios íntimos en Puerto Rico presenciaron el asesinato de su madre o hallaron el cadáver de su progenitora, según la investigación Feminicidios íntimos: Análisis de procesos judiciales en Puerto Rico (2014- 2019), que realizó el Observatorio de la Equidad de Género de Puerto Rico.
La muestra de feminicidios estudiada se centró exclusivamente en los 42 casos de feminicidios íntimos procesados criminalmente por las autoridades durante ese período de seis años. Los feminicidios íntimos son aquellos cometidos por una pareja, expareja o persona que intentó tener una relación íntima o sexual con la víctima, aun cuando esos avances fueran rechazados por ella.
“La gran deuda que tiene Puerto Rico es hablar de reparación para las víctimas y las víctimas secundarias. ¿Qué pasa con estos nenes a los que el sistema les falló porque no pudieron proveer seguridad a sus madres o evitar que pasara esa desgracia?”, puntualizó la investigadora social y analista, Debora Upegui Hernández, en una conferencia de prensa realizada, este miércoles, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
La doctora Upegui Hernández, la educadora Irma Lugo Nazario y la abogada Carmen Lebrón González estuvieron a cargo de la investigación que se extendió durante año y medio, con la revisión de decenas de expedientes judiciales tras la firma de un acuerdo de colaboración con la Oficina de Administración de Tribunales. El hallazgo sobre las víctimas secundarias de este crimen se basa principalmente en los informes de prensa, debido a que los expedientes judiciales revisados no incluían el perfil sociodemográfico de las víctimas ni de la persona procesada por el crimen.
“Esta información se recoge en la parte civil, que es la orden de protección, pero no en todos los casos. Debiéramos ser uniformes en ese sentido, y lograr que estas estadísticas sean mejor fundamentadas… Si queremos buenas políticas y estrategias, tenemos que tener la información”, argumentó Lebrón González, exprocuradora de la Mujer.
El universo de feminicidios íntimos contabilizados por el Observatorio durante ese período abarca un total de 146 asesinatos, de los cuales el 36% permanece bajo investigación, es decir, no han sido esclarecidos; mientras, otro 25% de los asesinatos de mujeres, no pudo ser procesado porque el feminicida se suicidió.
La muerte de mujeres a causa de la violencia machista asciende a 463 durante el mismo período, cuando se incluye no solo los perpetrados dentro de la unidad doméstica, sino por parte de cualquier persona en la comunidad, por el Estado y sus agentes.
El perfil de los involucrados y el análisis de este mal social
Entre los datos que sí se pudieron recopilar y analizar sobre los feminicidas, destaca la poca escolaridad, pues el 38% tenía hasta cuarto año de escuela superior, y el 26% tenía primer o tercer año de escuela superior. Otro 26% no surge del expediente esa información.
La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) representó al 73% de los acusados durante la vista preliminar y al 67% durante el juicio, lo que denota también que la mayor parte de los hombres procesados por el Estado por este delito vienen de un contexto de pobreza.
“Sabemos que las personas que terminan yendo a la cárcel son personas de bajos recursos y poca escolaridad porque son los que tienen menos recursos para defenderse, y pues, simplemente, el sistema los atrapa”, dijo Upegui, en un aparte con Todas.
“No podemos decir que esa es la realidad de los perpetradores porque es solo el grupo que la justicia ha logrado aprehender, y sabemos de las inequidades que existen en el sistema penal”, agregó.
Upegui destacó, además, que el 20% de los convictos pertenecía a algún cuerpo de seguridad, ya fuera militar, policía, guardia de seguridad o alguien que había renunciado a uno de estos cuerpos. “Sus profesiones involucran el manejo de la violencia, y la aceptabilidad de esa violencia, y sobre todo el acceso a armas”, analizó la doctora en Psicología social y de personalidad.
Los desempleados constituyen el segundo grupo que más representación tenía dentro de la descripción de las ocupaciones.
Por otro lado, en el 47% de los casos de feminicidio íntimo procesados judicialmente y que fueron revisados en esta investigación existía una diferencia de edad de más de 6 años entre la pareja, y en el 22% de los casos, el feminicida era mayor que la víctima por 10 años. Según estudios, la diferencia de edad introduce un componente de control en la relación porque el hombre intenta asumir control y poder por ser mayor y tener más experiencia.
Para el período estudiado, en el 53% de los casos revisados, se utilizó un arma blanca, seguido por arma de fuego en el 33% y estrangulación en el 10%. De los feminicidas que usaron armas de fuego, solo 7% tenía licencia para portar armas. Sin embargo, durante ese período todavía no se había aprobado la nueva Ley de Armas, que liberalizó la portación de armas en Puerto Rico. “Lo que el Observatorio ha identificado es que desde 2020, esta tabla de posesión de armas ha cambiado completamente y estamos viendo hasta un 80% o casi 90% de posesión de armas y gran mayoría de ellas con licencia”, advirtió Upegui.
La mayoría de los perpetradores, que enfrentaron procesos criminales, hicieron alegaciones de culpabilidad y recibieron sentencias de entre 51 a 100 años de cárcel, halló el observatorio.
Recomendaciones a las agencias públicas
Nazario Lugo indicó que el informe incluye alrededor de 60 recomendaciones puntuales, que les estarán haciendo llegar al Instituto de Ciencias Forenses, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el poder legislativo, el poder judicial, el gobernador, el Departamento de la Familia, la Junta de Libertad Bajo Palabra, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia.
Entre sus recomendaciones, el observatorio pide que el poder ejecutivo destine fondos para la atención a la salud mental de los menores que fueron testigos de feminicidios o que hallaron el cadáver de sus madres. “Es necesario garantizar el acceso a la educación, incluyendo educación universitaria, y un subsidio económico para su manutención”, leyó Lebrón González.
“Si no atendemos este asunto en particular, la sociedad que vamos a ver en un futuro va a tener muchos problemas… En Puerto Rico, hay mucho dinero, y, a veces, la prevención la dejamos al final… Si se asignan los recursos adecuados a la prevención, les aseguro que vamos a ver cambios dramáticos”, añadió Lebrón González.
La investigación se realizó con el patrocinio de la Fundación Comunitaria y OXFAM América.
