En diciembre de 2019, Iris Joelys Crespo Cabrera, una enfermera con varios turnos de trabajo, viajaba junto a sus tres hijos por San Juan y se accidentó. Se presume que el choque –que le causó la muerte a ella y a dos de sus hijos– fue provocado por el cansancio.
El 22 de junio de este año, Yamilett Zapata Ventura, una mujer jefa de familia dejó a sus hijos solos en su hogar para ir a trabajar y se encontró con un arresto por parte de la Policía. Cuando los medios de comunicación la entrevistaron, dijo: “Yo soy sola y tengo que trabajar por ellos. Si los tengo pasando hambre es peor, ¿verdad?”. Estos dos casos y múltiples más se han reportado en los diarios del país en referencia a mujeres y madres trabajadoras.
Aunque se tiene la creencia de que en Puerto Rico existe legislación suficiente para cobijar los derechos laborales, un informe reveló que las necesidades de las mujeres trabajadoras permanecen invisibilizadas.
De acuerdo con el informe Políticas que Desplazan: Barreras para las mujeres trabajadoras, presentado por Ayuda Legal Puerto Rico, la falta de recopilación de datos segregados por género y de sistemas de apoyo social para las mujeres, impiden reconocer los retos que esta población enfrenta, especialmente en términos de cuido, lactancia, salud, discrimen, y equidad salarial.
Según la licenciada y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau Aubert, no todo está legislado y, para las mujeres, las condiciones de trabajo son muy difíciles.
“(Las mujeres) son quienes cuidan el hogar, son quienes maternan, son quienes hacen el trabajo asalariado peor pago y son quienes, a la vez, son invisibilizadas por un sistema laboral o por un sistema de política pública que no nombra a las mujeres y que una y otra vez las esconden”, expresó Godreau Aubert durante la presentación del informe que se llevó a cabo en las instalaciones de Ayuda Legal en San Juan.
Junto a Godreau Aubert, se encontraban las abogadas Verónica Rivera Torres y Nicole Díaz González, quienes también participaron en la elaboración del informe.
Uno de los retos principales que Díaz González describió al momento de la búsqueda de información, es que muchas agencias de gobierno no están segregando los datos por género en violación a la Ley 190 de 2007, que estableció el desglose de estadísticas por género en instituciones del Estado.
“La recopilación de estadísticas en Puerto Rico es aleatoria, es inestable, no se recoge todo de la misma forma. Así que es difícil, y no se publican las estadísticas segregadas por género, como se supone”, detalló Díaz González.
Por su parte, Rivera Torres señaló a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres como la agencia responsable de fiscalizar la falta de estadísticas, pero que ha sido ineficiente al respecto. “(La OPM) está básicamente desarticulada”, expresó.
Para lograr el informe, las abogadas utilizaron datos segregados por parte del Negociado del Censo de los Estados Unidos y del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y Recursos Humanos de Puerto Rico.
El informe reveló que de las 914 mil mujeres que no se cuentan entre el grupo trabajador, la mitad se dedican al trabajo doméstico. “Las mujeres sí trabajan. Se llaman oficios domésticos según el Censo”, afirmó Díaz González para desmentir la idea de que muchas mujeres no trabajan. En el caso de los hombres, solo 2.3% de los que no están activos en la fuerza laboral se dedican a trabajos domésticos.
Asimismo, de los nueve empleos compuestos principalmente por mujeres, la mayoría tenían salarios por debajo del promedio mínimo, de $15 por hora, para el 2022. “Son muchas más las mujeres maestras. Son muchas más las mujeres que trabajan cuidando… Así que estas profesiones, que son las que tradicionalmente las hacen mujeres porque según los roles de género eso es lo que nos toca, tienden a estar subvaloradas”, expresó Díaz González.
“Es como si existieran categorías de trabajo digno y las mujeres siempre tuvieran que ocupar las últimas”, declaró, por su parte, Rivera Torres.
Las abogadas especificaron que el aumento al salario mínimo, a $10.50 por hora, que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2024 para Puerto Rico, no suplirá las necesidades de las mujeres trabajadoras debido a los aumentos en renta, alimentos y utilidades.
De igual forma, señalaron que los cuidos de niños tienen un costo promedio de $439 mensuales y que, en muchas ocasiones, se violan las leyes protectoras de lactancia en los empleos, situación que dificulta la situación económica y laboral de las madres trabajadoras. De hecho, de los hogares con jefas de familia donde existen menores de edad, 71% se encuentran bajo el nivel de pobreza.
Según el informe, la mediana de ingresos de mujeres que viven solas se estima en $12 mil, mientras que la de hombres que viven solos es de $15 mil.
Rivera Torres enfatizó en que la violencia económica no solo surge a nivel de pareja, sino que la ausencia de un salario digno puede provocarla también.
“La violencia económica empobrece… Por eso, hablamos de justicia económica… y es vital para Puerto Rico y para el futuro de Puerto Rico”, subrayó Rivera Torres.
El informe publicado también ofreció recomendaciones en torno a justicia económica y laboral, sistemas de apoyo social y acceso a justicia. Entre estas se encuentran: evaluar y proponer aumentos al salario mínimo, especialmente en sectores ocupados principalmente por mujeres, incentivar la contratación de personas con dependientes, incentivar la creación de licencias especiales para que puedan asistir a sus actividades familiares y de crianza, ajustar los requisitos de elegibilidad para programas de asistencia de vivienda y menores, mejorar la fiscalización de patronos para garantizar el cumplimiento con las leyes que protegen a embarazadas y lactantes, entre otros.
El informe fue auspiciado por ProMadres, un proyecto de fiscalización y transparencia de datos relacionados con las madres trabajadoras que fue fundado por Díaz González.
Entre los próximos pasos de Ayuda Legal Puerto Rico se encuentra llevar el informe a los partidos políticos para trabajar las propuestas. Asimismo, Godreau Aubert anunció el lanzamiento de la Unidad de Trabajo Digno, un programa que, en los próximos meses, ofrecerá acompañamiento legal gratis a mujeres y madres trabajadoras.
