Fotos por Ana María Abruña Reyes
Las políticas que promueven el desplazamiento, el abandono de la ciudad y la destrucción de las costas en Puerto Rico son medidas punitivas contra las personas más vulnerabilizadas, coincidieron tres feministas abolicionistas que participaron del conversatorio Agitar la imaginación: hacia un futuro feminista sin castigos, que organizó Kilómetro 0, el 10 de agosto, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
La organización sin fines de lucro Kilómetro 0 se dedica a monitorear las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. Su directora, Mari Mari Narváez, resumió la filosofía del feminismo abolicionista citando a una madre que perdió a su hija en la cárcel. “Ella no pide cárcel para las personas que mataron a su hija o que fueron negligentes y violentos con su hija, ella lo que pide es que no vuelva a ocurrirle a más nadie y pide saber la verdad”.
El feminismo abolicionista comenzó a tener mayor visibilidad a finales del siglo 20, como una contrapropuesta a la visión de algunas feministas blancas de que la cárcel era una solución al problema de la violencia de género. Se origina del feminismo negro e interseccional, pues concibe el sistema criminal y carcelario como sistemáticamente racista al imponer castigos desproporcionados contra las personas negras y cuir, mientras típicamente deja impune a agresores varones blancos.
Esta filosofía tiene sus propias controversias y retos, pues —en palabras de Mari Narváez— “abolir el castigo es una propuesta radical, que exige de nosotras desmontar toda una vida de pensamiento punitivista, polarizado y basado en roles bastante absolutos”.
El conversatorio contó con la participación de la abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), María Soledad Sáez; la activista feminista en la Colectiva Feminista en Construcción, Zoán Dávila Roldán; y la investigadora y analista del Observatorio de Equidad de Género, Débora Upegui Hernández.
La periodista y socióloga, Firuzeh Shokooh Valle, —quien actuó como moderadora— recordó que el Estado punitivo no se centra exclusivamente en la cárcel, los tribunales y la Policía, sino que incluye también a las agencias que brindan servicios a las familias o de salud e inmigración cuando se centran en la vigilancia y el castigo.
La oposición se basa en la percepción de que el sistema no soluciona efectivamente el problema de la violencia. “El castigo individualiza un problema profundo que no se solucionará —ni se ha solucionado— con la criminalización”, recordó Shokooh Valle.
Cuando el Estado y el sector corporativo impulsan políticas que promueven el desplazamiento, el deterioro de las ciudades, y la destrucción o privatización de las costas, el efecto del castigo también se extiende e impacta a ciertas comunidades sobre otras, añadió la moderadora. Bajo esa lógica, opinó, “la lucha contra la Ley 22/60 y por nuestras playas son entonces también luchas abolicionistas”.
La Ley 22 de 2012, impulsada bajo la administración de Luis Fortuño, otorgó exenciones contributivas para que extranjeros adinerados establecieran su residencia en Puerto Rico. En las postrimerías de la administración de Ricardo Rosselló, la ley se derogó solo para quedar consolidada dentro de la Ley 60 de 2019, conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”.
“La lucha contra la violencia contra la mujer tiene que incluir la lucha contra los desplazamientos, la mala utilización de la tierra, la destrucción del ambiente”, coincidió Sáez, quien ha defendido a personas sin acceso a recursos económicos durante 27 años en la SAL.
Sáez dijo que sus clientes acusados de delito provienen, por lo general, de comunidades en las que “desde que nacen, los niños están siendo intervenidos por el Estado”. Entonces, agregó: “Con los desplazamientos, esto ha llegado al punto más álgido porque se nos está quitando la tierra, se nos está sacando de nuestras casas… Es un imperativo que tenemos que sentarnos a conversar sobre esto porque llegamos a un punto de inflexión”.
La abogada y activista feminista Dávila Roldán, recalcó que para la organización en la que milita —la Colectiva Feminista en Construcción— el feminismo negro y la lucha contra el desplazamiento “están totalmente y directamente entretejidas”. Explicó que la violencia de género, el colonialismo, el desplazamiento y el racismo ambiental “son todas manifestaciones de un mismo sistema, que se beneficia y sobrevive de la explotación de determinadas personas y comunidades”.
Relató que, a veces, se les cuestiona el porqué el grupo feminista apoya protestas con reclamos diversos, como el tema del desplazamiento. “Toda condición que sea injusta en la sociedad y produzca desigualdad tiene que ver con la lucha feminista y tiene que ver con nuestras luchas”, puntualizó Dávila Roldán.
¿Qué vida queremos construir?
Dávila Roldán reveló que el lema de la Colectiva —“Construyamos otra vida”— ha guiado al grupo en un proceso interno de reflexión, que ha incluido identificar: “¿Qué es lo que hace que esta vida sea injusta e insostenible? [Y] en segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer?”.
Ambas preguntas pueden encontrar resonancia en un Puerto Rico sin plan para desarrollar la economía local, cuyo gobierno ha tomado medidas de austeridad dramáticas y eliminado derechos laborales, a la vez que los costos de vida encarecen, la tarifa de luz eléctrica aumenta y los servicios de salud escasean. Las personas emigran, mientras que el gobierno promueve incentivos para atraer a inversionistas extranjeros a establecer su residencia en el archipiélago.
Dávila Roldán habló sobre un “abandono gubernamental” y un “desplazamiento por diseño” en la comunidad de Río Piedras donde están establecidas, en el que, “de momento, la comunidad no tiene lo que necesita: hay poca iluminación, se cierran las escuelas, las oficinas de servicios esenciales se cierran, no hay servicios de salud”. Entonces, cuestionó: “¿Quién está provocando ese abandono? Es el propio gobierno”.
Las feministas abolicionistas tienen en común que rechazan la reforma como una solución satisfactoria porque entienden que el sistema no es reformable.
“Nosotras no le podemos seguir pidiendo al sistema que nos oprime, que nos proteja”, planteó Sáez.
Entretanto, Shokooh Valle aceptó: “La relación de los feminismos, y del feminismo abolicionista, con el Estado es muy compleja. Queremos que el Estado responda y se haga responsable por el bienestar de nuestras comunidades. Pero también hemos visto que el Estado no ha producido los resultados que una vez se soñaron”.
Dávila Roldán planteó: “Estamos viviendo y sobreviviendo un desplazamiento que es político, donde la gente sabe lo que se necesita. Todo el mundo sabe que hacen falta servicios de salud. La gente lo sabe. Todo el mundo lo sabe, pero no tenemos el poder político para hacer eso posible”.
Sobre qué pueden hacer, Dávila Roldán puntualizó que, en el caso de la Colectiva, ha sido importante la inserción, participación y organización desde la comunidad.
“No hay otra manera de construir poder para transformar el sistema si uno no tiene relación con la gente, con la gente que está siendo igual de aplastada por el sistema”, enfatizó.
Proyectos abolicionistas en y fuera de Puerto Rico
Mari Narváez mencionó, como ejemplos de proyectos de justicia restaurativa en Puerto Rico, a los programas Acuerdo de Paz y Estudios universitarios para personas privadas de su libertad, de Taller Salud y la Universidad de Puerto Rico, respectivamente.
Shookoh Valle, profesora de Sociología, compartió su experiencia en Guatemala, donde conoció a activistas feministas de la organización Actoras de Cambio, que colaboran con mujeres maya sobrevivientes de la violencia sexual perpetrada por el Estado durante el conflicto armado genocida en Guatemala. Estas mujeres comenzaron a celebrar Festivales de la Memoria, en los que ofrecen sus testimonios públicamente y se validan entre ellas.
Según la socióloga, una de las participantes, explicó el festival de la siguiente forma: “Ya no esperamos que alguna institución del estado nos ‘repare’, porque la política de reconocimiento, amor y sanación entre nosotras ha sido fuente de reparación y de justicia. Se trata de un cambio simbólico radical donde la autoridad patriarcal pierde su poder sobre nosotras porque ya no necesitamos su validación para existir”.
