(Foto de Patricia Prudente en Unsplash)
En 2008, en su primer cuatrienio como senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago presentó un proyecto con el propósito de crear la Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Cesáreas. La idea del PS 407 era que los médicos tuvieran público un registro sobre la cantidad de partos que realizan mediante procedimiento natural versus partos por cesárea. Entendía la autora de la medida que, ante la cantidad alarmante de partos por cesárea en Puerto Rico, la divulgación de esta información motivaría a cada obstetra a utilizar exclusivamente criterios clínicos para estas intervenciones.
Santiago había parido a su hijo en 2004 bajo el cuidado médico del ahora fenecido Luis Rivera Cubano, quien, dijo, era uno de los obstetras con la menor tasa de cesáreas en Puerto Rico. Él fue quien le dio la idea de proponer la medida de fiscalización por la salud de las mujeres.
Aunque el proyecto fue aprobado de manera unánime en los dos cuerpos legislativos, el entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, lo vetó tras un intenso cabildeo de la clase médica del país que señalaba que no se debía intervenir desde el Estado con su práctica.
En su regreso al Senado en 2013, Santiago volvió a presentar la medida (PS 680), que fue aprobada en la cámara alta, pero que en la baja sufrió importantes enmiendas que requirieron la creación de un Comité de Conferencias para solucionar las diferencias. Allí, quedó.
Casi 10 años más tarde de la primera propuesta de Santiago, en 2017, el PIP, mediante la gestión del senador Juan Dalmau, insistió en esta medida para la fiscalización de la labor médica que tiene que ver con la salud de las mujeres. Dalmau es ahora el autor del PS 363 para crear la Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Partos en Puerto Rico y que aún no se ha discutido.
La consecuencia de que aún Puerto Rico no tenga una ley que fiscalice cómo se manejan los partos es que “continúa utilizándose la obstetricia como una forma de violencia contra la mujer”, evaluó la exsenadora Santiago, ahora comisionada electoral del PIP.
“La insistencia en ver como un problema médico lo que es la naturaleza fisiológica de la mujer resulta en este tipo de agresión. Si fueran próstatas en vez de úteros las que se estuvieran interviniendo quirúrgicamente sin ninguna razón, otro sería el cantar. Es una forma de seguir perpetuando la posibilidad de agredir a las mujeres desde la institucionalización”, comentó.
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Puerto Rico al tope en la tasa de cesáreas innecesarias
La Organización Mundial de la Salud considera aceptable una tasa de hasta 15% de partos por cesárea en un país. Puerto Rico tuvo en 2007 su tasa más alta registrada: un 49.2%, según datos del Departamento de Salud. Para el 2012, el Resumen Económico de Puerto Rico ubicó la tasa de cesáreas en la isla en 48.5%, que aunque es levemente menor a la del 2007, fue considerada la más alta del mundo.
La preocupación es que la mayoría de estas intervenciones quirúrgicas no tienen justificación médica, según ha estudiado Salud. Mientras, las complicaciones en la salud de las mujeres a raíz de esta cirugía han sido ampliamente documentadas. Entre las que se mencionan un riesgo más alto de mortalidad, complicaciones como infecciones y embolia, así como la prolongación del proceso de recuperación.
El estudio de Ana Parrilla ha señalado en sus estudios que el 60% de los partos en Puerto Rico son inducidos. La inducción del parto, indica, duplica la probabilidad de que el proceso termine en cesárea.
Parte de un problema de violencia obstétrica normalizado
Pero, las cesáreas innecesarias son parte de un problema mucho más amplio: la violencia obstétrica, que es también violencia de género.
Como parte de sus investigaciones, la doctora Ana Parrilla también ha dado cuenta de la frecuencia con la que las mujeres son intervenidas sin que se les informara de su derecho de rehusar ni sobre lo que es el consentimiento informado. Esto, a pesar de que la Carta de Derechos del Paciente en Puerto Rico (Ley 194 de 2000) establece que las personas que ejercen la profesión de la salud deben informar a las pacientes sobre su derecho de participar de forma significativa en las decisiones relacionadas con su cuidado médico y de salud, así como su opción de rehusar algún tratamiento.
Al hablar sobre la violencia obstétrica, Parrilla menciona entres sus manifestaciones, “medicalización del trabajo del parto con el uso excesivo de tecnología e intervenciones quirúrgicas, restricción del movimiento libre, el uso continuo del monitoreo fetal electrónico, prohibición de doulas o acompañantes del parto, episiotomía de rutina, prohibición de ingesta por la ruta oral, la atmósfera de soledad y desesperación, escasez de alternativas no farmacológicas para aliviar el dolor, la separación de la mujer y su pareja, la ruptura del vínculo mamá-bebé, y la negación de la alternativa de intentar un parto vaginal después de una cesárea”.
El año pasado, Kristy Ann Agosto Cancel, Stephanie Nieves Ríos y Melody Y. Pérez documentaron con una investigación cualitativa las experiencias de violencia obstétrica de 10 mujeres que parieron entre 2014 y 2016, como parte de su tesis de maestría en Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Las investigadoras identificaron en los testimonios de estas mujeres instancias de violencia emocional, física, daño físico, incumplimiento con la ley 194 de 2000, y violaciones a los derechos a acompañamiento y a la lactancia del recién nacido.
Con el permiso de las autoras, se reproduce a continuación extractos de algunos de los testimonios recopilados:
“Yo quería algo que yo pudiera decir, mira fue con dolor, pero fue hermoso. No. Mi parto fue una pesadilla. Yo no quiero volver a parir en mi vida. Yo en algún momento pensé que quería tener más hijos, pero yo no quiero tener más hijos. Y, quizás, tenga que ver con eso”.
“No respetaron nada de lo que yo les pedí. Yo me sentía con las manos atadas. Yo estaba presa y ellos hacían lo que ellos quisieran. Ah, porque yo les decía lo que no quería. Obviamente, eso es una violación. Literal, casi…A mí me metieron la mano y
me abrieron. Me abrieron con la mano. No…eso es un trauma que yo tendré de por vida”.
En las entrevistas realizadas por Agosto Cancel, Nieves Ríos y Pérez, también salió a relucir la realización de procedimientos sin la autorización de las mujeres parturientas:
“Una participante narró que había comenzado el parto de forma natural y que fue al hospital para que monitorearan sus contracciones. Cuando el médico de turno la examinaba, le pidió un instrumento a la enfermera y luego le informó a la mujer parturienta que le había roto la fuente. Más tarde, como no progresaba, le administraron pitusina, también sin haberle informado.
Indican las investigadoras que este parto terminó en cesárea “ya que la parturienta sufrió agotamiento físico y emocional a raíz de que su labor de parto se alteró, por lo que ella sintió que no podía continuar”.
Otra de las entrevistadas les contó a las investigadoras que cada vez que tenía una contracción, el médico introducía su mano por su vagina para tratar de sacar el bebé, lo que hacía el proceso mucho más doloroso. Mencionó, además, que le practicaron la llamada maniobra de Kristeller, que se trata de una presión que ejerce el médico en el fondo uterino para aligerar la etapa expulsiva del parto. Sobre esta práctica, la Organización Mundial de la Salud reconoce que no existe una evidencia contundente sobre cómo fomentarla, por lo que recomienda que se use con cautela hasta que nuevos estudios clarifiquen el tema.
“Las tres enfermeras se me treparon para empujarme la bebé, más el hombre ese metiéndome la mano por ahí tratando de sacarme a esa bebé… o sea, eso fue lo más inhumano que yo había visto en mi vida… que me han hecho en mi vida”, lee parte del relato incluido en la tesis.
Las investigadoras también relataron lo que les contó otra de las participantes del estudio:
“Luego de que su parto fuese inducido mediante la introducción de una pastilla en su vagina, ya que su obstetra se iba a ir de viaje, se le administró pitusina y ella nos cuenta que también le introducía la mano en la vagina para abrirle el conducto vaginal a la fuerza mientras la mandaba a pujar. Luego, su obstetra le pidió ayuda a otro médico, el cual la amarró con una sábana mientras las enfermeras le aguantaban las piernas. Él se trepó encima de ella y le puso el codo en la barriga, práctica conocida como la maniobra de Kristeller, y ahí el bebe salió haciendo un fuerte sonido. Ella pensaba que le habían roto una costilla”.
Esa misma participante, señalan las investigadoras, cambió de obstetra para sus dos partos siguientes. Sin embargo, las prácticas violentas continuaron.
“… llamaron a mi papá porque estaban faltos de personal…Entonces mi papá me coge por este brazo y esta pierna y mi esposo me coge otra mano y otra pierna y empezaron otra vez con la misma mierda (comienza a llorar). Y yo estaba tan loca que le digo a mi esposo: ¡Suéltenme! ¿Por qué me cogen? ¡Suéltenme! Y yo lo miro ¡suéltame, suéltame, suéltame! Y como yo no me podía defender porque no tenía cómo defenderme, pues yo mordí a mi papá…Y le digo a mi papá: ‘No me cojas, yo no soy una vaca, o sea déjame’. El punto fue que a mí nadie me hizo caso. To’ el mundo estaba como a lo loco. Y, pues nada, salió la muchachita porque tenía que salir.”
Alternativa de parto humanizado
La atención por parte de parteras, el acompañamiento de doulas, el parto en el hogar y la sensibilidad por parte de médicos obstetras se han señalado como alternativas al parto en el hospital.
En 2010, se aprobó en Cámara y Senado un proyecto legislativo para crear la Junta Examinadora y Reguladora de la Partería de Puerto Rico que establecía y reglamentaba la partería como profesional de la salud. La medida buscaba garantizarles por derecho en ley a todas las mujeres la opción de un parto natural y sin intervenciones, asistido por una persona profesional de la partería. Este proyecto, como las propuestas para mantener públicos los números de cesáreas realizadas por médicos, quedó en nada. Aunque el trámite legislativo revela que fue enviado para su firma al gobernador Luis Fortuño, este nunca lo firmó.
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El avance en defender la autonomía en los procesos de parto, según la exsenadora Santiago, “va a depender de cuánto logremos que las mujeres comprendan el poder que tienen sobre su embarazo y su proceso de parto y que entiendan que tienen derecho de tomar una decisión informada”.
La política independentista resaltó la necesidad de contar con las parteras y regular su práctica.
Las investigadoras Agosto Cancel, Nieves Ríos y Pérez identificaron como estrategias para hacerle frente a la violencia obstétrica la educación a mamá sobre sus derechos y opciones, y contar con redes de apoyo que conozcan los deseos de las gestantes y parturientas. Consideraron, además, que se debe sacar el parto del escenario médico-hospitalario.
Como recomendaciones, mencionan fiscalizar la práctica de la obstetricia en Puerto Rico, proveer más cursos de educación continua a los obstetras y establecer penalidades más altas contra el abuso de poder del personal en los hospitales.
