Foto de Archivo de Ana María Reyes Abruña
La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos amenaza con limitar derechos adquiridos para las mujeres y comunidades LGBTTIAQ+. Pero, ¿qué se puede esperar del gobierno de Jenniffer González Colón en Puerto Rico respecto a estos temas?
El plan de gobierno 2024 de la gobernadora carece de propuestas amplias en torno a las mujeres y aborda superficialmente a las comunidades LGBTTIAQ+.
En una declaración de igualdad, la gobernadora expuso que su gobierno no discriminará por orientación sexual o identidad de género, no impondrá “creencias” ni “ideologías”, procesará los crímenes de odio y reconocerá la gestión de las organizaciones comunitarias respecto a las comunidades LGBTTIAQ+.
Sin embargo, un análisis elaborado por la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPTM) catalogó el lenguaje de la declaración de igualdad como “ambiguo” y “oportunista” porque pretende armonizar discursos conservadores y de equidad en pocas oraciones.
“Por ejemplo, por el lado conservador, las expresiones en el texto en cuanto a no imponer ideologías, la defensa de la libertad religiosa, el derecho de los padres a educar a sus hijos, pueden referirse al argumento entre estos sectores de que aceptar la perspectiva de género es imponerla como una ‘ideología’… (Por otra parte) expresiones de no imponer creencias, de defender la diversidad y la libertad de expresión… podrían referirse a los argumentos de quienes defienden los derechos en términos de género, sexualidad y reproducción”, dicta parte del documento de la OPTM que profundizaba en las propuestas de todos los candidatos a la gobernación durante las elecciones de 2024 a la luz de la equidad.
El análisis, además, enfatiza que la declaración de igualdad no menciona explícitamente el discrimen por razón de sexo y tampoco menciona a las organizaciones que trabajan directamente con mujeres.
Justicia y seguridad
En el área de justicia y seguridad, la gobernadora incluyó que establecerá “un programa funcional de apoyo a las víctimas de violencia doméstica”. Este, según la página pnppr.com, trasladará a la víctima del cuartel a un lugar “más tranquilo” donde recibirá la ayuda de un intercesor legal o un trabajador social que le explicará el proceso y le acompañará.
“Denunciar un acto de violencia doméstica, agresión sexual, hostigamiento o alguna otra manifestación de la violencia de género es un proceso descrito por muchos sobrevivientes como difícil, agotador y aterrador, donde se revictimiza a la víctima del delito. Nos enfocaremos en tener sensibilidad y sentido de urgencia en el manejo y trámite de estos dolorosos casos. Daremos espacio a la víctima para que pueda entender e internalizar el proceso y los derechos que le acompañan, y la asistencia que existe para apoyarles durante y después de obtener una orden de protección bajo la Ley 54”, establece el plan de gobierno en este punto.
De igual modo, entre los objetivos de esta sección se encuentra actualizar “las leyes que disponen para programas de desvío para asegurarnos de que los mismos sean probados y estén basados en evidencia”, pero no abunda sobre estos programas.
En 2021, una investigación de Todas y el Centro de Periodismo Investigativo, a cargo de la periodista Cristina del Mar Quiles, reveló que los programas de desvío para personas agresoras carecían de fiscalización suficiente, el reglamento no había sido revisado desde hacía más de una década, el mismo currículo se aplicaba a todos los participantes y no se atendían las necesidades de la comunidad LGBTTIAQ+, entre otros.
Lee aquí: Pasan años sin fiscalización los programas de desvío para agresores por Ley 54
En el ámbito federal, menciona que trabajará para optimizar los recursos destinados a combatir la violencia de género. “Esto incluye incrementar la inversión en programas de capacitación para profesionales en intervención y prevención, albergues, destinar recursos a las sobrevivientes y sus hijos, a programas educativos sobre violencia doméstica, y establecer métricas claras para evaluar el impacto de las intervenciones y programas financiados por la Ley VAWA (Violence Against Women Act)”.
El resto del plan de seguridad se enfoca mayormente en la Policía y no aborda el acceso a las armas que, el Observatorio de Equidad de Género ha denunciado, en varias ocasiones, que incide en las estadísticas de feminicidios.
Lee aquí: Más agresores asesinan a sus parejas con un arma de fuego que mediante otras formas letales
Al finalizar el 2024, la coalición Coordinadora Paz para las Mujeres denunció el silencio por parte de González Colón en torno al tema de la violencia de género en el ámbito público. Para entonces, el estado de emergencia por violencia de género que, desde enero de 2021 permanecía vigente, estaba próximo a vencer.
Luego, González Colón detalló que no tenía planes de renovar el estado de emergencia y que “un papel” no resolvería la crisis de violencia de género. Cabe destacar que la gobernadora nombró como su principal asesor en el gobierno a Francisco Domenech, quien también fungirá como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Afaf). Domenech, quien fuera director de campaña de la gobernadora, fue acusado de violencia doméstica en el 2018 por su esposa, Verónica Ferraiuoli Hornedo, quien fue nombrada por González Colón como secretaria de Estado y directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones. El caso contra Domenech fue desestimado en el 2018 tras Ferraiuoli no comparecer a las vistas en el tribunal. La pareja continúa casada y ahora Domenech será quien la supervise en el gobierno.
Salud
En el área de salud, el programa de gobierno de Jenniffer González únicamente menciona a las mujeres cuando están embarazadas y asegura que se legislará para que los planes médicos cubran sus tratamientos posparto.
“Legislaremos para que los planes médicos acepten a los obstetras como médicos primarios de las mujeres embarazadas hasta un año después del posparto, de modo que puedan recibir el cuidado médico más adecuado para sus condiciones de salud y se puedan atender de manera eficiente cualquier complicación que surja después de dar a luz”, se lee en parte del programa de gobierno.
Este renglón no menciona directamente a las comunidades LGBTTIAQ+.
Menciona a “poblaciones vulnerables” cuando se trata de ampliar servicios de tratamiento para el virus de inmunodeficiencia adquirida. Reconoce que muchos de los pacientes que llegan a recibir servicios son de escasos recursos y propone que los medicamentos formen parte del formulario de Medicaid y puedan ser provistos por Clínicas 330, que son centros de salud primaria en el país.
“Al permitir un acceso más amplio y asequible a los medicamentos para el VIH, se contribuye a reducir la carga viral a nivel comunitario, disminuyendo las tasas de transmisión del VIH y mejorando los resultados de salud pública en general. Los fondos ahorrados pueden destinarse también a la implementación de nuevas terapias y estrategias innovadoras en el manejo del VIH, contribuyendo a una atención más efectiva y personalizada”, se indica en el programa.
Educación y otros temas
En términos educativos, el plan de gobierno propone un curso de salud emocional para que los estudiantes aprendan a manejar sus emociones sin recurrir a la violencia. De acuerdo con el análisis efectuado por la OPTM en este tema, este acercamiento al problema “reduce el comportamiento violento a ‘problemas personales’ y se obvia su explicación en las condiciones de desigualdad y sus raíces sociales, económicas y culturales”. Además, en el caso de la violencia contra las mujeres, “se obvia la desigualdad de género”.
El plan de gobierno de González no aborda temas de vivienda, economía o desigualdad laboral para las mujeres o comunidades LGBTTIAQ+.
“Salvo expresiones generales en torno a la igualdad, el Programa del PNP de 2024 sugiere una estrategia de evadir e invisibilizar como controversiales, no solo el género, sino la discusión de la situación y necesidades particulares de las mujeres”, concluye el análisis de la OPTM.
