(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Organizaciones que representan a las víctimas de crímenes y de violencia de género manifestaron hoy su oposición al Proyecto del Senado 1590 y al Proyecto de la Cámara de Representantes 2476.
Los proyectos proponen enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 con el propósito de reconocer como un derecho en los juicios por jurado el hecho de que el veredicto rendido para encontrar culpable a una persona debe ser unánime. Las medidas pretenden adoptar la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Ramos v. Louisiana en los juicios que se ventilen por jurado en Puerto Rico. Disponen, además, que esta aplicación sería retroactiva.
De esta manera, se sometería a las víctimas y sobrevivientes a nuevos juicios de personas convictas que no obtuvieron veredictos unánimes.
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La directora de Coordinadora Paz para las Mujeres, Vilma González, cursó una carta a la representante María Milagros Charbonier, presidenta de la Comisión de lo Jurídico, que hoy celebró vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1590, ya aprobado en la cámara alta.
A continuación, la declaración que suscriben 31 personas y organizaciones:
Las entidades que suscribimos esta declaración somos por convicción y tradición defensoras de los derechos humanos que forman parte de declaraciones y documentos de carácter universal. Cuando logramos que se incorporen a las constituciones y legislaciones de las naciones los reivindicamos como derechos civiles. Cuando no, continuamos reclamando hasta que se hagan parte del derecho positivo. Por nuestro quehacer organizativo somos más vocales y concentramos el activismo en la búsqueda de la equidad de género.
Nos inspiramos en los valores sobre los que debe sostenerse la sociedad, tales como tener una vida en la que prevalezcan la dignidad humana, la paz y la justicia. Queremos contar con la protección a la integridad física nuestra y de la familia; que aquello que tenemos y por lo que hemos luchado sea respetado, así como la intimidad y la privacidad. Afirmamos la presunción de la inocencia y que las personas acusadas de los delitos que atentan contra esos valores, tengan las garantías de un debido proceso de ley y la protección contra abusos que pueda cometer el Estado.
Los derechos de estas están claramente establecidos en las declaraciones de los organismos internacionales y también en las constituciones, legislaciones y reglas procesales de los países. De forma particular así ocurre en Puerto Rico, donde la mayor parte de esas garantías están consignadas en nuestra Carta de Derechos (artículo II, específicamente las secciones 7, 10 y 11). Del otro lado están las personas cuyos derechos han sido violentados por la comisión de los delitos que se tipifican en el Código Penal y las leyes especiales, que en los casos de la violencia de género son en su gran mayoría mujeres a las que llamamos sobrevivientes cuando logran escapar de la muerte y víctimas si pierden la vida a mano de sus agresores y asesinos, así como las niñas y niños violentados por pedófilos y abusadores. Pero, esos derechos están diluidos y tienen poca fuerza en el sistema de justicia.
Actualmente, y a pocas semanas de que finalice la última sesión antes de las próximas elecciones, la Legislatura de Puerto Rico está en el proceso de impartir la aprobación final al Proyecto del Senado 1590 y al de la Cámara 2476. En el Senado, la discusión fue liderada por su presidente, Thomas Rivera Schatz y se aprobó por unanimidad. La Cámara también votó a favor de su proyecto, cuya autora es la Lic. María Milagros Charbonier.
Compartimos serias preocupaciones con relación a los efectos que esta legislación, cuyo objetivo es enmendar la Reglas de Procedimiento Criminal para que personas que cumplen sentencias finales y firmes puedan solicitar un nuevo juicio, tendrá sobre las víctimas sobrevivientes de crímenes, el impacto en sus familiares y en el ánimo del pueblo puertorriqueño en general.
La mera posibilidad de ofrecer nuevos juicios a criminales convictos por decisiones de jurados que no hayan sido unánimes envía un mensaje que parece desconocer los temores, angustias e inmensas dificultades que enfrenta la ciudadanía con respecto al reclamo de justicia social e institucional para las víctimas sobrevivientes. Reclamo, que a pesar de los retos que enfrentaron, hicieron para contribuir con ello a la convicción de los victimarios en esos casos.
Conociendo las enormes limitaciones que desde ahora tiene el sistema de Justicia con la aplicación prospectiva de la norma establecida por el Tribunal Supremo para los casos criminales que se procesen en el futuro y aquellos cuyas sentencias no sean finales y firmes, la disposición retroactiva propuesta, desde la perspectiva de las víctimas, debilita más sus derechos, las necesidades de apoyo y protección que tienen, así como el acceso a la justicia.
Cuando una persona es víctima de un crimen, toda su vida y la de los seres que le son significativos se altera con la experiencia. De igual forma, las familias que ya tienen que lidiar con los complejos efectos psicológicos del trauma que supone haber sido sujetos de violencia, se exponen además a los efectos de una revictimización continua en las diferentes etapas de los procesos con las agencias del sistema de justicia y las personas a cargo. Nuestra experiencia por décadas como investigadoras, profesionales de servicios de ayuda, defensoras de derechos humanos, intercesoras y acompañantes de víctimas de violencia de género y sus familiares, nos da autoridad para afirmar que en no pocas ocasiones enfrentan en los procesos actitudes y comportamientos sexistas, insensibles, prejuiciados, humillantes y, como consecuencia, revictimizantes. Su dignidad resulta lacerada y se debilitan en la salud emocional.
La mayoría de los agresores no están injustamente en las prisiones, sino en la calle. Estos casos no suelen reportarse, precisamente, porque la respuesta social y el sistema de justicia tienden a ser discriminatorios con las víctimas. Siendo relativamente pocas las instancias en las que logran una reivindicación, es fácil suponer lo que representaría para ellas en inseguridad, desprotección y emocionalmente participar otra vez en nuevos juicios. En situaciones en las que las víctimas y los victimarios eran personas que se conocían y que, inclusive, pertenecían al mismo entorno familiar, lo que es usual en los casos de abuso de menores y violencia de género, las complejidades y riesgos se multiplicarían si se enfrentaran nuevos juicios.
Las propuestas que están en el proceso legislativo representan un retroceso en las reivindicaciones alcanzadas en las últimas décadas para reconocer los derechos de las víctimas en general y de crímenes de violencia de género, en particular. La tramitación de nuevos juicios con pocas posibilidades de alcanzar veredictos por unanimidad por los jurados, coloca en una posición de gran desventaja a las víctimas frente a los victimarios, cuando las primeras ya han sufrido daños irreparables, como es la perdida de personas amadas.
Además de las razones antes expuestas, los proyectos 2476 y 1590 no deben ser aprobados finalmente, por la forma atropellada con que ambos cuerpos han procedido. En el Senado, su presidente se negó a citar a nadie que no fueran abogados de defensa, casualmente todos hombres, en un evento cerrado al que no fueron citadas víctimas ni organizaciones que las representan, como ALAPAS. Ni siquiera se le permitió comparecer al Departamento de Justicia, la agencia que resultaría más afectada de aprobarse los proyectos pues sus fiscales tendrían a cargo los nuevos juicios y la preparación de la prueba que estaría remota en el tiempo.
Sin embargo, posteriormente el Departamento, a través de la Secretaria y su cuerpo de fiscales, han expresado consternación ante las consecuencias adversas que tendrían las medidas de convertirse en ley para enmendar la Reglas de Procedimiento Criminal, ante la dificultad que tendrían para conseguir pasados testigos años después de los juicios, además de la carga emocional que representaría para las víctimas y familias.
En medio de la pandemia causada por el COVID-19, mientras la ciudadanía protege sus vidas manteniéndose en sus casas, la Legislatura ha aprovechado para acelerar el proceso de aprobación de medidas y así derrotar el clamor de las víctimas que desean y tienen el derecho a ser oídas. Hoy, martes, 26 de mayo de 2020, la licenciada Charbonier ha citado a vistas públicas en la Cámara para discutir el proyecto del Senado, porque el de su iniciativa ya fue aprobado. Por cierto, un proyecto con una redacción y estructura deficiente que alude a la retroactividad, sin fundamento y de forma ligera, solamente al principio y al final.
Sin embargo, solo han sido convocadas dos agencias públicas, el Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
También, varios abogados de defensa. Para añadir a la injuria, se han negado las peticiones de comparecencia a personas y entidades que representan las voces de las víctimas y familiares, con el pretexto de que los turnos están ya copados y que no habrá más días de vista. Tampoco se nos permite entrar a participar de los procedimientos. Que sepamos, solo fue autorizada la Lic. Alba Reyes, cuya madre fue asesinada, luego de que ella hiciera expresiones públicas sobre los graves efectos que tendría la medida de ser aprobada.
Nos preguntamos, ¿cuál es la prisa? ¿Qué intereses hay detrás de este proceso tan opresivo? Nos cuestionamos si es que existen razones de índole electorera en la movida, a tan corto plazo de que finalicen los trabajos en el Capitolio y se abran las compuertas para la campaña política.
De ninguno de los proyectos surge que Cámara o Senado tengan una idea clara de los juicios que habría que celebrar nuevamente. En las medidas e informes a los que hemos tenido acceso no hay atención o interés en el efecto que tendrán sobre las víctimas, familiares y testigos. Tampoco sobre el sistema de justicia. Entonces, ¿por qué tanta callosidad y empeño? La decisión reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Ramos vs Louisiana no requiere que los veredictos por unanimidad sean retroactivos. Tampoco el caso de Puerto Rico, Pueblo vs Torres Rivera. ¿Por qué hacerlo aquí sin estudios, sin estadísticas, sin analizar las dificultades procesales y sin escuchar a quienes han visto sus derechos humanos violentados?
Tiene que haber un balance en las respuestas del Estado cuando hay distintos derechos en juego e intereses cruciales en la balanza. Según reconocemos que no todo acusado es culpable, tampoco todo convicto es inocente. Hay derechos reconocidos en las leyes vigentes que es necesario vindicar. No puede tratarse de meras declaraciones para aparentar un compromiso con las víctimas y familiares. Nos referimos también a las víctimas secundarias; las familias que enfrentan la pérdida de sus seres amados o tienen que asumir el cuidado de su salud cuando el delito violento les causa condiciones que afectan su independencia. Son las madres, abuelas, tías a quienes les toca hacerse cargo de las niñas y niños que quedan en la orfandad. Para estas personas, protagonistas en duelo del sistema de justicia, los derechos no son tan específicos, aunque existe la banda ancha del derecho humano a que se respete su dignidad. Las víctimas han sido barridas debajo de la alfombra. Una alfombra que ha sido confeccionada con la acostumbrada falta de transparencia del poder legislativo, los propósitos partidistas, electoreros y el abuso de poder.
Es por ello que ante la convocatoria limitada a vistas públicas este martes, 26 de mayo en la Cámara para discutir el Proyecto 1590 del Senado, puesto que el 2476 ya fue aprobado, exigimos que se le dé audiencia a las organizaciones que trabajan con las víctimas de delito, así como a las personas que en su carácter individual así lo soliciten, para que puedan expresar el impacto negativo que en el aspecto emocional y de seguridad tendrían las propuestas legislativas para ellas. Exigimos también de la gobernadora que no le imparta su aprobación a esta legislación. Como fiscal y Secretaria de Justicia que fue, debe estar consciente del impacto adverso que tendrán enmiendas como las propuestas a las Reglas de Procedimiento Penal para un sistema que cada vez tiene más dificultades para impartir justicia, mucho menos a las víctimas que no son tomadas en cuenta.
Es mandatario que el poder Legislativo y el ejecutivo aseguren participación, apoyo, seguridad y respeto a la dignidad de quienes sufrieron la acción criminal que dio un zarpazo a la paz de sus vidas, que les arrastró a revivir el trauma que causó un asesinato, la agresión sexual, el abuso que sufrieron menores por un depredador o cualquier otro delito que sufrió en carne propia o de un ser querido. Por ello, es necesario que se revisen, fortalezcan y se le dé una nueva mirada a los derechos de las víctimas y el desarrollo que éstos han tenido impulsados por las luchas de quienes los defienden, para atemperar las disposiciones que sobre el particular existen en nuestra Patria. Es lo menos que pueden hacer quienes se supone abogan por una sociedad justa y equitativa.
En San Juan, Puerto Rico a 26 de mayo de 2020.
Personas y organizaciones que endosan la declaración:
Dra. Ángeles Acosta
Carmen Alicia Nebot
Coraly de León – Casa Protegida Julia de Burgos
Dra. Diana Valle
Dulce del Rio – Mujeres de Islas, Inc., Culebra, PR
Edda López, activista y feminista
Gloria Vázquez – Casa de la Bondad
Dra. Irma Lugo Nazario
Janice Solivan – Casa Juana Colón
Jenniffer Berríos – Casa Pensamiento Mujer del Centro
Dra. Joemi Burgos
Dr. José Rosado – Pro Mujeres, UPR Cayey
Josefina Pantoja – Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora
Joymarie Rivera – Instituto del Hogar Celia & Harris Bunker
Kelmadis Pérez Rivera
Dra. Linda Laras- Centro Salud y Justicia
Lic. María Dolores Fernós
Lic. Olga López Báez
Lic. Rebecca Santiago Méndez
Lisdel Flores – Hogar Ruth
Luisa Seijo Maldonado – Profesora UPR, Mayagüez
Marcos Santana Andújar – Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud
Martha Quiñones Domínguez – UPR Arecibo
Mercedes Rodríguez López – Psicóloga
Nirvana González Rosa – Feminista
Romelinda Grullón – Centro de la Mujer Dominicana
Sandra Cruz – CAPROMUNI
Sara González – Concilio Latinoamericano de Iglesias
Sumayah Soler – Colectivo Interreligioso de Mujeres
Vilmarie Rivera – Hogar Nueva Mujer
Yanira Carmona, PsyD. – Centro Biopsicosocial
