(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
(También publicado en LatFem)
Las realidades sobre el derecho al aborto en el Caribe van de un extremo a otro.
En Cuba, es constitucional, universal y gratuito. En Puerto Rico, es legal, pero casi inaccesible y, en Haití y República Dominicana, está penalizado en todos los casos.
Así, las condiciones de acceder a una terminación de embarazo de manera digna para las mujeres y personas gestantes en el archipiélago caribeño, como en muchos otros lugares, están determinadas por dónde se nace y se vive, pero también por el nivel socioeconómico. El principal reto que une a estos cuatro países es el avance de la agenda fundamentalista y conservadora antiderechos.
La discusión fue central en el conversatorio Derecho al aborto en el Caribe: cuatro realidades, que presentó Todas, en colaboración con Taller Salud, y otras organizaciones, como antesala al Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible el 28 de septiembre.
Mientras en Cuba, se realiza en instituciones de salud a cargo de personal especializado desde 1965, los movimientos feministas en Haití y República Dominicana llevan décadas reclamando su despenalización, al menos, en las causales de violación o incesto, inviabilidad del feto o riesgo de salud para la gestante.
La periodista feminista Lirians Gordillo Piña recordó las conquistas de las luchas feministas en su país. En 2019, contó, la actual constitución cubana se aprobó con una garantía mayor y fundamental para proteger el derecho al aborto, y reconociendo la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“En Cuba, de manera general, no se siente presión de rechazo o estigmatización del aborto”, señaló Gordillo Piña. Compartió estadísticas de 2019, que apuntan a que se practicaron ese año 73,661 abortos inducidos, lo que representa una tasa de 27 por cada 1,000 mujeres. En el mismo período, se reportaron dos muertes maternas por este proceso, para una tasa de 1.8 por cada 100,000 mujeres.
Son datos que evidencian que se trata de un procedimiento accesible y altamente seguro para las cubanas.
(Ilustración por Tania González)
En Haití, la abogada feminista Jésula Blanc, condenó las circunstancias que llevan cada año a miles de mujeres, sobre todo jóvenes, a la clandestinidad, y como consecuencia para muchas, la muerte.
El código penal haitiano data de 1835 y todavía penaliza el aborto.
“Es un hecho social cuyas consecuencias son tan denunciadas y todavía la mujer no es dueña de su propio cuerpo; no puede decidir”, denunció Blanc, quien estuvo acompañada por un grupo de mujeres haitianas, incluida la ministra de la mujer en Haití, quien apoya la despenalización del aborto.
La realidad por la falta de reconocimiento legal no dista mucho al otro lado de la frontera, en República Dominicana. Las salidas a un embarazo no deseado son, entonces, actos desesperados que incluyen tomar brebajes y saltar por colinas para provocarse el aborto.
Tanto en Haití como en República Dominicana, los abortos inseguros son la tercera causa de mortalidad gestante, también llamada “mortalidad materna”.
(Ilustración por Rosa Colón Guerra)
La activista de derechos humanos dominicana Elizabeth Vélez Vargas también aludió a un reclamo feminista, que ya cumple 20 años, por que se incluya en un nuevo código penal la despenalización del aborto en casos de violación inviabilidad del feto e incesto.
Esta era una lucha que parecía haber avanzado en 2014, pero se enfrentó a la objeción de grupos conservadores que obtuvieron un fallo a favor de parte del Tribunal Constitucional, por lo que nunca se puso en vigencia.
El código penal vigente es de 1884 y prohibe el aborto en cualquier circunstancia. Ante la necesidad del país de actualizarlo urgentemente, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados ha propuesto someterlo para aprobación sin causales, dejando de lado los derechos de las mujeres.
“El movimiento feminista dominicano, ya lo hemos expresado en diferentes espacios: nosotras no tenemos prisa. Tenemos ya 20 años en este proceso tras la despenalización y entendemos que hay que tomarse el tiempo para discutirlo”, reclamó Vélez Vargas.
(Ilustración por Adriana García Soto)
La comunicadora y organizadora feminista Alexandra Marie Figueroa Miranda planteó el desconocimiento que existe en Puerto Rico sobre el aborto como un derecho, aun desde antes de la decisión del caso normativo Roe vs. Wade del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Puerto Rico, por ser una colonia estadounidense, también se afecta por las decisiones de su máximo foro judicial.
Antes de 1973, Puerto Rico era un lugar al que llegaban mujeres blancas adineradas de Estados Unidos que querían realizarse un aborto seguro.
Actualmente, aunque es legal, se considera inaccesible para la mayoría de las mujeres y personas gestantes porque es un procedimiento privado, costoso y las pocas clínicas que lo realizan se concentran en el área metropolitana y este de la isla.
(Ilustración por Ivia Pantoja)
El Caribe ante la amenaza de la agenda fundamentalista antiderechos
Es la agenda conservadora y fundamentalista antiderechos el principal obstáculo que enfrenta el derecho al aborto en cada uno de los países que estuvieron representados en el conversatorio, que fue moderado por la periodista puertorrriqueña Alejandra Rosa.
Su inserción en los cuerpos políticos donde se toman las decisiones ha detenido la aprobación de códigos civiles que incluyan, al menos, causales para su despenalización en Haití y en República Dominicana.
Igualmente, en Puerto Rico, recientemente, hubo un intento por limitar aún más el acceso, a través de un proyecto legislativo que pretendía condicionar el aborto para menores de edad, que actualmente pueden obtener este servicio sin el consentimiento de sus padres.
La Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible logró alertar de los peligros de esta legislación y consiguió que la medida fuera vetada por el Ejecutivo.
Sin embargo, Puerto Rico se enfrenta a elecciones en noviembre. El movimiento antiderechos ha conseguido insertarse en el debate político público como uno de los partidos en contienda. Aunque sus posibilidades de triunfo son bajas, su discurso patriarcal y heternormativo retumba con mayor regularidad en los medios y redes sociales.
Además, la muerte reciente de la jueza feminista Ruth Bader Ginsburg, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, plantea la posibilidad de que el presidente Donald Trump llene su vacante con otra jueza de ideología conservadora. De esta forma, se inclinaría la balanza hacia la derecha antiderechos, abriendo el camino para una decisión contraria a Roe vs Wade, que podría tener un efecto en Puerto Rico.
“El aborto es un derecho en disputa también en Cuba”, advirtió, por su parte, Gordillo Piña.
La comunicadora consideró que son varias las generaciones de mujeres cubanas que nacieron con acceso a este derecho y pudieron haberlo naturalizado al punto de no sentir que pueda estar en riesgo. Incluso, sentirse ajenas a la lucha de otras mujeres en países donde está penalizado.
En ese contexto, también toma lugar la agenda conservadora y fundamentalista que niega los derechos de la población LGBTIQ y estigmatiza los feminismos.
“Llegar a una postura más activa contra el aborto es solo cuestión de tiempo y oportunidad”, anticipó, y describió cómo en la actualidad han coincidido la oportunidad, el contexto y el medio para que aparezcan en redes expresiones contrarias al aborto.
La discusión ha sido generada por la telenovela cubana El rostro de los días. Su trama incluye la maternidad como el ideal de la felicidad y es una adolescente violada por su padrastro la única que aborta. De ahí, de momento, han resonado nuevas visiones que condenan el ejercicio del derecho al aborto.
Un Caribe unido por los derechos sexuales y reproductivos
“El tema de la interrupción voluntaria del embarazo está íntimamente ligado con la despenalización de las conciencias”, acotó Vélez Vargas.
Se refirió a que, si bien es posible lograr la despenalización legal, el ideal de la maternidad como destino natural e ineludible impuesto a las mujeres desde el patriarcado y la colonialidad sigue siendo un obstáculo para el ejercicio libre de la autonomía de los cuerpos.
“El aborto no es un asunto moral. El aborto es un asunto de salud pública y debe ser tratado como tal. El derecho y el valor de una persona no se calcula por cuántos hijos o hijas puede parir. El valor se calcula por lo que queremos ofrecerle al mundo. Jamás es por lo que pueden hacer nuestros aparatos reproductivos”, continuó Figueroa Miranda desde Puerto Rico.
La educación sexual desde temprana edad y con perspectiva de género, una herramienta reconocida internacionalmente como vehículo para la equidad, es también un reclamo común en los cuatro países. Pero, así como el derecho al aborto, también se enfrenta a los discursos de odio, patriarcales y heteronormativos que se emiten desde muchas ideologías religiosas.
También, es urgente un sistema de salud de calidad y acceso a métodos anticonceptivos en Haití, República Dominicana y Puerto Rico.
Vélez Vargas resaltó la importancia de que los países del Caribe desarrollen estrategias de incidencia en los espacios de toma de decisiones, pero que también hagan denuncia constante, plantones y se inserten en los movimientos latinoamericanos que reclaman el derecho al aborto legal y seguro.
