Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes
Los derechos humanos son libertades fundamentales que tienen las personas por el simple hecho de existir. Respetarlos permite generar las condiciones materiales para que la ciudadanía viva dignamente en un contexto de justicia y paz.
Ante el pago de una deuda que no toma en consideración las necesidades de la gente, estos derechos que son responsabilidad del gobierno garantizarlos, según los organismos internacionales de derechos humanos, se han visto y se verán comprometidos, coincidieron, en entrevistas separadas, la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez y la portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda Eva Prados Rodríguez.
“Cuando vamos a lo básico, que es para qué existe un Estado, la contestación debería ser un Estado existe para garantizar derechos humanos. Esa es mi perspectiva. La única forma que uno tolera que un Estado te esté diciendo qué hacer y qué no hacer y te cobre contribuciones es porque a cambio tú esperas que haya un trabajo que garantice derechos humanos”, expresó la también abogada Pagán Jiménez.
El Proyecto de la Cámara 1003 para crear la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico pone de manifiesto que el pago de la deuda del país va por encima de asegurar el bienestar de las personas puertorriqueñas.
“En vez de priorizar y que nuestro dinero lo gastemos en servicios esenciales y lo que quede se dé para la deuda, ahora, al contrario. Ya habiendo comprometido gran parte de nuestro dinero del fondo general, lo que sobre, entonces, se repartiría en los servicios esenciales”, dijo Prados Rodríguez, haciendo referencia Plan de Ajuste (PDA).
¿Qué es el Proyecto de la Cámara 1003?
El componente principal de la pieza legislativa es autorizar el PDA, pero hasta cierto punto. Realmente, quien confirma el PDA y el nuevo plan de pago del gobierno es la jueza Laura Taylor Swain, explicó la abogada Prados Rodríguez.
“El Proyecto de la Cámara 1003 es una ley habilitadora que necesita la Junta para poder implementar su plan de pago. Y es básicamente autorizar las nuevas emisiones de deuda. Cuando tú, por ejemplo, adquieres una casa, tú firmas un contrato que es la hipoteca. Y si tú quieres refinanciar esa casa, es decir, cambiar la hipoteca, aumentarle años, tendrás que firmar un nuevo documento. Pues en el caso de los bonos, es lo mismo. Se tienen que hacer nuevos bonos y quien único puede autorizar esos nuevos bonos es la legislatura, según nuestra constitución. Esos nuevos bonos son lo que la Junta necesita para poder lograr la implementación de su plan”, añadió Prados Rodríguez.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, confirmó, el jueves, en la noche, que el informe del comité de conferencia Proyecto de la Cámara 1003 no tiene votos suficientes para ser aprobado debido a varias controversias que ha suscitado el lenguaje de la medida sobre los recortes al retiro. Se está buscando que al PC 1003 se le coloque un lenguaje que garantice de manera contundente que no habrá reducciones en las pensiones de los jubilados y que, de alterarse cualquier porción de la medida, sería nula en su totalidad. El viernes, la jueza Taylor Swain citó a la Junta de Control Fiscal (JCF), al gobernador Pedro Pierluisi y a los líderes legislativos a una reunión de conferencia que se llevará a cabo, el próximo lunes, por la falta de los votos en el Senado.
“No tenemos claras las repercusiones completas (del PC 1003) porque no tenemos un proyecto final. No tenemos certeza de lo que el proyecto componga”, sostuvo Prados Rodríguez.
Implicaciones del PDA
Hasta el momento, como está redactado el PDA de ser aprobado con el PC 1003 sus repercusiones serán múltiples y obstaculizará que se aseguren servicios esenciales.
“Uno es la prohibición en el aumento del coste de vida. En las pensiones, obviamente, tú partes de la idea de que la persona que se retiró, ya no va a recibir aumentos salariales. Algo que hace el seguro social es que hace ajustes cada tres años por el aumento en el costo de vida. Que es básicamente la inflación porque las cosas suben todo los años. El seguro social para darle una calidad de vida a los pensionados, hace unos ajustes”, indicó Prados Rodríguez.
Según Prados Rodríguez, la misma Junta de Control Fiscal ha reconocido que prohibir el aumento en el costo de vida de las pensiones reduciría la capacidad de compra de los pensionados en los próximos 15 años y el PDA durará 25 años.
De igual forma, se verán afectadas las pensiones de los maestros y los jueces que actualmente están trabajando. Las pensiones podrían reducirse hasta un 40%, sostuvo Prados Rodríguez.
“Si mi salario como maestra es de $2,000, y la persona se retira, la pensión sería de $1,500. Si se aprueba el Plan de Ajuste y la Junta mantiene que reducirá las pensiones futuras, la pensión estaría en unos $700 o $800. Nadie puede vivir con eso. Estamos llevado al magisterio a su extrema pobreza en su vejez”, dijo Prados Rodríguez.
Asimismo, el PDA reduce al 80% otras deudas que el gobierno tenga con suplidores contratistas, como choferes de las guaguas públicas escolares o el constructor de la escuela. Esas personas se quedarían sin recibir su pago, continuó Prados Rodríguez.
“El Proyecto de la Cámara 1003 pone a la disposición de los bonistas el arbitrio al ron. Si ese arbitrio no da para pagarle a los bonitas y cumplir con los servicios esenciales, podríamos ver aumentos en el impuesto del ron y en todos los impuestos, según el Proyecto de la Cámara 1003. […] Esas son formas que el gobierno tiene para levantar dinero. Cuando el gobierno se vea en una encrucijada, que no tiene suficiente dinero para cumplir con todo lo que tiene que cumplir, inevitablemente cada ciudadano en Puerto Rico terminará siendo impactado en su bolsillo, porque el gobierno va a tener que buscar maneras de levantar más dinero y eso será través de aumentos en los impuestos”, abundó Prados Rodríguez.
De acuerdo con Prados Rodríguez, desde la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico (Ley 7) hasta el presente, el gobierno ha perdido casi un 40% de su personal. Por consiguiente, cuentan con menos personal para atender a la ciudadanía.
“En el caso de María, la fragilidad del gobierno de no tener suficiente personal para atender una emergencia es la mejor manera también de entender cómo la deuda impacta los servicios esenciales y cómo es que todos nos vamos a ver tarde o temprano afectados”, destacó Prados Rodríguez.
En el 2017, antes de los huracanes Irma y María, el pago a la deuda pública era de $804 millones. En la actualidad, luego de los huracanes, terremotos, la pandemia y la economía en recesión, la legislatura propone con el PC 1003 que se pague $1,155 millones del presupuesto gubernamental, explicó Pagán Jiménez, en un vídeo en sus redes sociales.
Tanto Prados Rodríguez como Pagán Jiménez entienden que es una oferta muy alta para pagarle a los bonistas y coloca a Puerto Rico en una situación económica difícil, porque el país no cuenta con los recaudos suficientes para pagar los bonos y cumplir con los servicios esenciales.
“Este es el momento para reducir tu deuda a lo que tú realmente puedes pagar de tus propios ingresos. Si entraste en quiebra, tienes una oportunidad única de poder reducir tus deudas a lo que tú puedes pagar con certeza. Tú no sigues intentando quedar bien con quien le debes, haciendo promesas que no vas a poder asegurar. Comprometerse a un pago insostenible de la deuda va a comprometer el futuro de Puerto Rico, porque no vas a tener garantía de poder suplir los servicios esenciales. No tienes garantía de que no te veas obligado a subir los impuestos”, advirtió Prados Rodríguez.
Los derechos humanos en juego
Cuando se analiza el tema de los derechos humanos, se debe mirar desde una perspectiva amplia, expresó Pagán Jiménez.
“Estamos diciendo que los derechos humanos son acceso a la salud, alimentación, educación, pero va mucho más allá, incluye también seguridad. Acceso a la energía, al agua, al crédito personal, al empleo digno. Y en nuestro país, en las últimas dos décadas, lo que hemos visto es una presencia más limitada del Estado en la toma de decisiones y la garantía de esos derechos”, argumentó Pagán Jiménez, quien es activista por los derechos humanos.
Según el Instituto de Desarrollo de la Juventud, el 44.1% de la población en Puerto Rico ya vive bajo el nivel de pobreza. Los menores representan el 57.1%, las abuelas y los abuelos que viven con sus nietos menores de 18 años componen el 53.6% y las familias monoparentales lideradas por mujeres con menores de 18 años son el 70.4%.
Mientras que el 46% de las mujeres negras en Puerto Rico viven bajo niveles de pobreza y su mediana de ingreso es de $16,000, de acuerdo con la directora de la Revista étnica, Gloriann Sacha Antonetty Lebrón.
En el caso de las personas de experiencia trans, US Transgender Survey de 2015, que incluyó a Puerto Rico, reportó que 43% de las personas trans viven en pobreza. El estudio arrojó que la tasa de pobreza fue más elevada entre las mujeres trans (45%) y las personas no binarias (43%) que entre los hombres trans (5%).
“Con el Proyecto de la Cámara 1003, los problemas son muchísimos. Estamos diciendo que sus proponentes han tergiversado la información y no le han hablado claro a la gente sobre el impacto en sus vidas de las decisiones que se tomen con ese proyecto. El impacto en sus vidas va, precisamente, en la línea de aumentar las medidas de austeridad. Aumentar las medidas de austeridad en un Puerto Rico pos huracanes, pos terremotos y en pandemia tiene implicaciones incluso hasta la hora de pensar en la vida y la muerte para la gente”, expresó Pagán Jiménez.
Del mismo modo, la directora ejecutiva de Proyecto Matria comentó que, cuando las medidas de austeridad se incrementan, las personas van a necesitar más los servicios esenciales del gobierno, mientras que el Estado no tendrá la capacidad de responder a esas necesidades. Esta situación provocará que unos sectores poblaciones, los más vulnerables, se queden desprotegidos.
“En el caso de las mujeres, todo el trabajo que se está haciendo en PARE ahora mismo para garantizar mejores servicios, respuestas del Estado, probablemente, si no hay fondo eso va a desaparecer. Por más que nosotras nos estemos esforzando ahora, si el gobierno no tiene fondos, esa es de las cosas que desaparecen. Esa discusión de garantizar mejores servicios para nuestra infancia y para las personas viejas, va a desaparecer o se va a reducirse. Todo lo que tiene que ver con las escuelas públicas, se va a complicar. Si se sigue recortando personal en el gobierno, que es otra posibilidad real en algunos años, pues todos los servicios que recibimos como ciudadanía serán menos accesibles”, aseguró Pagán Jiménez.
Sobrecarga a las organizaciones sin fines de lucro
No importa la cantidad de servicios que ofrezcan las organizaciones y el esfuerzo que realicen, si no hay un sistema de apoyo por parte del Estado, el trabajo se convierte cada vez más difícil, reconoció Pagán Jiménez.
“Inclusive, el trabajo del Estado no debería de ser de apoyo, debería ser a la inversa. Deberíamos ser las organizaciones, en todo caso, ser parte de un sistema de apoyo a las instituciones gubernamentales. Y las medidas de austeridad lo que han provocado en los últimos años es una inversión de esos roles. Cosas que les corresponde hacer al Estado la están haciendo las organizaciones”, sostuvo Pagán Jiménez.
“Cuando hablamos de la falta de los derechos humanos básicos, estamos diciendo que la energía vital de toda esa gente se concentrará en sobrevivir el día a día. Y cuando eso pasa, su capacidad de participar activamente en los procesos democráticos y políticos desaparecen. Entonces, estamos diciendo que con este proyecto de ley, si se aprueba, tal y como está propuesto, no es solo que la gente va a vivir en condiciones mucho más precarias, sino que su capacidad de reclamar frente al Estado y de organizarse para cambiar la situación va a ser menor”, concluyó la abogada.
