(Foto de archivo por Inmagela Abreu)
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – ¿Es “moderno” un código penal que criminaliza el aborto en prácticamente cualquier circunstancia? Otra vez, el viejo debate se encuentra tanto en el Senado como en los medios de comunicación de la República Dominicana. Se les pide a las mujeres que sacrifiquen su derecho a abortar, incluso, cuando su vida esté en riesgo, se encuentren embarazadas producto de una violación o incesto, o carguen un feto incompatible con la vida para que el país tenga un Código Penal que responda a los retos contemporáneos.
El senador por el conservador Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao, miembro de la Comisión Especial que discute el Código Penal en el Senado, y activista del movimiento antiderecho a decidir, conocido popularmente como “provida”, dijo que espera que la pieza sea aprobada esta semana y enviada a la Cámara de Diputados.
Una de las más recientes versiones del proyecto discutido en el Congreso contempla en el Párrafo I del artículo 109 que: “Se sancionará con uno a dos años de prisión menor a la mujer que se provoque un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que con ese objeto se le indiquen o administren o que consienta en someterse a los medios abortivos antes indicados, siempre que el aborto se haya efectuado”.
Además, el personal sanitario también podría ir a prisión por practicar el procedimiento. “Los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la salud, así como las parteras que, desde su profesión u oficio, causen o ayuden a causar el aborto, serán sancionados con uno a dos años de prisión menor”, se indica en el artículo 110.
La única excepción que hace el proyecto a la criminalización del derecho a decidir de las mujeres incluso cuando su vida esté en riesgo, se produce en aquellos casos en los que se llegue a circunstancias extremas y el aborto se produzca en un centro médico, aun cuando el personal sanitario haya hecho todo lo posible por salvar al feto y a la gestante. “La interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado en establecimientos de salud públicos o privados, no será sancionada si, para salvar la vida de la madre y del feto en peligro se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles en el centro de salud al momento del hecho”, se explica en el artículo 112.
Ante este panorama, Sergia Galván, activista del movimiento feminista dominicano afirma: “No vamos a renunciar a esta demanda”.
“Las tres causales es el piso mínimo en materia de garantía de derecho de las mujeres. Incluir las tres causales en el Código Penal es innegociable. Nosotras venimos de 20 años cediendo de manera permanente y hemos llegado ya al piso mínimo. Creemos que menos de ahí es inaceptable. Se trataría de grave violación al derecho a la vida, el derecho a la salud, a la integridad, a la dignidad de las personas y en concreto a la dignidad de las mujeres”, enfatizó Galván.
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Las tres causales en la República Dominicana son, sobre todo, un tema de justicia social. Aunque el país ha avanzado en las últimas décadas, todavía su tasa de mortalidad materna está por encima del promedio de América Latina.
“En 2020, la mortalidad materna aumentó a 127 por 100,000 nacidos vivos, muy por encima del promedio para Latinoamérica, que fue de 67 por 100,000 nacidos vivos”, indica UNICEF. Se estima que el 8% de las muertes maternas en el país están relacionadas con abortos.
En la práctica, son las mujeres más empobrecidas, sin acceso a servicios de salud en el sector privado o de ir al extranjero a practicarse un aborto las que sufren las consecuencias de esta prohibición absoluta, explica Galván.
Tanto miembros del Colegio Médico Dominicano como de la Sociedad Dominicana de Ginecología han reiterado durante años que apoyan la inclusión de las tres causales y que el tema sea tratado desde el punto de vista sanitario y no penal.
“Hacemos un llamado a que sea reconsiderada la decisión de la Cámara de Diputados, y que el Senado, junto al Poder Ejecutivo reorienten la decisión y sea incluida la legalización del aborto bajo las excepciones especificadas. La prevención del aborto inseguro, el respeto a los derechos de la mujer y el desarrollo de un marco legal que favorezca las garantías de intervenciones médicas que revierta la morbilidad asociada al aborto es un reclamo de la sociedad dominicana”, dice un comunicado del 2016 emitido por la Sociedad de Ginecología, en un momento de duros debates sobre las penas a personal sanitario que realizara abortos cuando la vida de la mujer estuviera en peligro.
Pero, lejos de tratar el tema desde los derechos y la salud pública, se aborda no solo desde lo penal, también desde la moral religiosa que cada vez se infiltra más en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que se encuentra en el gobierno; y en la principal organización política de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana. Ambos partidos se consideran, en teoría, socialdemócratas.
El Partido Revolucionario Moderno se comprometió en la campaña electoral a aprobar las causales. Una vez en el gobierno, indicó que muchos legisladores tenían un problema de conciencia con respecto al tema. Y la promesa de campaña ha quedado incumplida.
(Fotos de manifestación por las tres causales tomadas en abril de 2021, en Santo Domingo, por Inmagela Abreu.)
El discurso antiderecho en las iglesias
Los principales líderes de las iglesias católica y evangélica han sido militantes e insistido en que no se aprueben las causales. “Los obispos hemos realizado una petición a los legisladores para que el proyecto de ley del Código Penal sea sometido a la legislatura extraordinaria para su aprobación, recordando que mantenemos nuestra posición de que la vida humana comienza desde la concepción”, dijo el obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro, durante la eucaristía en honor a Nuestra Señora de La Altagracia, protectora espiritual del pueblo dominicano. Como de costumbre, a esa eucaristía asistieron el presidente y la vicepresidenta de la República.
Veinte días antes, durante la “Batalla de la Fe” que se realiza cada 1 de enero, uno de los líderes de los evangélicos pentecostales en el país, el pastor Ezequiel Molina, también se pronunció contra el derecho al aborto y criticó que este tema obstaculice la aprobación del Código Penal.
En 2022, la prensa reseñó que el mismo líder dijo: “No podemos votar por demonios que vayan al Congreso a llevar leyes que promuevan el aborto y la homosexualidad”.
El futuro de la aprobación de las tres causales pende de un hilo
El pasado martes, 31 de enero, la comisión especial que estudia el Código Penal en el Senado se reunió para volver a evaluar la pieza. Diario Libre reseñó que el presidente de la Comisión Especial, Antonio Taveras, destacó que el país merece una legislación “moderna” que tipifique delitos que antes no se contemplaban. Taveras ha favorecido que el aborto se aborde como un asunto de derechos humanos y de salud, en vez de hacer énfasis en lo penal.
En tanto que el peledeísta Yván Lorenzo, también parte de la Comisión, ha reiterado que su partido favorece las tres causales.
El problema es que a pesar de que los dos partidos a nivel institucional dicen favorecer las tres causales, muchos de sus legisladores son parte del movimiento antiderecho a decidir; y el actual proyecto se discute en una legislatura extraordinaria que concluye el 15 de febrero, bajo la presión de diversos sectores que exigen la modificación del Código Penal.
En ese contexto, se pide al movimiento movimiento feminista que ceda en su demanda, con la promesa de que, aunque el aborto se encuentre penalizado en el Código Penal, se discutirán las tres causales en una ley especial. Tras veinte años de discusiones y promesas incumplidas, las feministas no confían en la palabra de los partidos.
