Como parte del estado de emergencia por la violencia de género, el gobierno de Pedro Pierluisi anunció la asignación de $800,000 para diseñar un portal en el que las personas sobrevivientes de violencia sexual puedan rastrear el estatus de la recolección de evidencia de ADN de su agresor y con ello tener mayor transparencia sobre el proceso de investigación previo al procesamiento del delito.
Según las cifras ofrecidas por el gobierno, aún quedan cerca de 500 pruebas por analizar, de las cuales 465 se enviarán a laboratorios forenses en Estados Unidos y 32 están pendientes de análisis a nivel local con el equipo de Rapid DNA.
La directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, dijo que esperaba concluir, en septiembre de este año, el análisis de los casos en retraso. En 2019, llegaron a haber cerca de 4,000 casos en retraso, algunos, incluso, de 1995.
“Haremos todo lo que sea necesario para que las víctimas de delitos sexuales reciban la justicia que merecen”, expresó Conte Miller, quien obtuvo la asignación de $5 millones para tecnología de identificación de ADN y el envío de pruebas conocidas como SAFE kits a laboratorios externos.
Conte Miller dijo a Todas que, la semana que viene, estarán enviando 200 SAFE kits adicionales, para análisis en el exterior.
El ICF había lanzado, en 2021, una plataforma para el rastreo de casos donada por el Laboratorio Forense de la Policía del estado de Idaho, pero estaba en inglés. La plataforma renovada, https://safekits.pr.gov, está en español e inglés, es colorida y tiene disponible un chat de intercesión legal y ayuda emocional 24 horas los siete días de la semana. Este chat estará disponible en cinco idiomas, en consideración con turistas que sobrevivan un ataque sexual.
El gobierno reinauguró, este jueves, la plataforma que administrará el Centro de Ayuda de Víctimas de Violación (CAVV) del Departamento de la Salud. Mantener el portal funcionando costará $500,000 anuales, reveló Pierluisi, según el acuerdo entablado entre la compañía TrueNorth y Salud.
El ICF, la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Policía, así como los hospitales deberán nutrir la información disponible en el portal, sin información de identidad ni demográfica de la víctima para proteger su privacidad. Cada caso, recibirá un número único, que permite el rastreo.
Pierluisi mencionó, a las sobrevivientes, que esta herramienta “garantiza el movimiento de su SAFE kit dentro de un marco de tiempo determinado”.
La oficial de cumplimiento de la orden de emergencia, Ileana Espada, informó, a su vez, que esta semana están realizando la segunda capacitación para empleados públicos, en la que participan 460 trabajadores de todos niveles. Entre los temas que están abordando, están las masculinidades y la traumatización vicaria, dijo.
Abordado sobre las campañas dirigidas a las personas que agreden, Pierluisi reconoció la necesidad de cambiar la cultura mediante un currículo educativo que enfatice en la equidad de género. El Departamento de Educación se suponía implementara un currículo con perspectiva de género, pero por oposición de la ultraderecha, encabezada por el partido Proyecto Dignidad, desistió.
“Parte de estas agresiones vienen de una cultura de machismo, que también estamos combatiendo y lo hacemos desde todas las áreas… Queremos cambiar cultura, cambiar conductas que son reprochables”, respondió Pierluisi a la prensa.
El año 2022, la Policía recibió 402 querellas de agresión sexual, lo que equivale a 1.1 agresiones sexuales por día. Este año, han habido 65 querellas de agresión sexual, según el comisionado de la Policía, Antonio López.
Aún es difícil identificar a quienes han cometido el delito
Sin embargo, el gobierno todavía enfrenta dificultad pareando el material genético recopilado con el banco de ADN para encontrar a los agresores. El sistema de índice de ADN combinado (CoDIS, en inglés) tiene “criterios de elegibilidad”, según Conte Miller, lo que ha limitado la cantidad de casos analizados.
“De todos los casos que hasta ahora hemos analizado, hemos tenido 200 elegibles”, dijo.
La administradora de CoDIS en Puerto Rico, Mariela Candelario, informó a Todas que han tenido nueve pareos efectivos en los que han podido dar con la identidad del agresor entre el banco de datos de ADN de personas convictas o arrestadas.
Pendiente política pública para que las víctimas tengan más información
Pierluisi presentó, en septiembre del año pasado, un proyecto de administración para promover la política pública de que las víctimas de delitos sexuales con y sin querella tengan el poder de conocer el estatus, manejo, análisis y resultado de las pruebas de ADN de los equipos de Recolección de Evidencia Forense de Violencia Sexual.
La Cámara de Representantes aprobó, el mes pasado, la medida para crear la “Ley del Portal Electrónico de Rastreo del Equipo de Recolección de Evidencia Forense de Violencia Sexual”. El proyecto de la Cámara 1462 está ante la Comisión de la Mujer del Senado, que tendría que evaluar y recomendar al pleno la aprobación de la medida.
