Santo Domingo, República Dominicana. — En la capital dominicana, habitan el lujo y su ostentación. La avenida Anacaona, frente al parque Mirador Sur, aloja a parte de la clase alta y media alta de la ciudad y del país. Carros del año de las marcas más costosas, como Mercedes Benz, entran y salen de torres que los agentes de bienes raíces promocionan como “apartamentos lujosos”, con piscinas que evocan resorts de alto costo, gimnasios y cristales por todos lados. Y, en los centros comerciales del Polígono Central, abundan tiendas de marcas europeas y estadounidenses.
En la capital, también habita la miseria: casas destartaladas a orillas del río Ozama, gente que sube y baja decenas de escaleras entre retorcidos callejones para llegar a una calle mínimamente transitable, casuchas amontonadas unas sobre otras, niños y adultos que mendigan en las avenidas principales. Esta miseria aflora con fuerza en cada temporada ciclónica, tanto en la capital como en el resto del país. Del primero de junio al 30 de noviembre, miles de personas viven la incertidumbre de no saber si tendrán que dejar sus casas para salvar sus vidas antes de una tormenta o un huracán. Al menos 526,000 hogares tienen “alta vulnerabilidad a eventos meteorológicos durante la temporada ciclónica”, según datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), institución que registra a las familias y personas que reciben subsidios del Gobierno por encontrarse en pobreza o en alguna otra situación de vulnerabilidad.
Por esto, cada vez que un fenómeno atmosférico se convierte en amenaza para el país, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) publica una lista de albergues a los que se pueden trasladar quienes no tienen hogares seguros para resistir lluvias o vientos. En agosto de este año, por ejemplo, el COE informó que 354 personas tuvieron que acudir a albergues y 3390 personas en total fueron movilizadas, la mayoría a casas de familiares o amigos para resguardar sus vidas durante el paso de la tormenta Franklin. Este hecho no es excepcional. La angustia de las personas y comunidades más empobrecidas ante la temporada ciclónica es cíclica.
Desigualdades estructurales de clase y género
La investigación “Aprendiendo de Irma y María: transversalización de la protección y la inclusión en la Reducción de Riesgo de Desastres en el Caribe”, recoge testimonios de personas que han tenido que ser trasladada a albergues oficiales o a casas de familiares o amigos durante las inundaciones. Irma y María tocaron el Caribe en 2017.
Una mujer dominicana entrevistada para la investigación citada en el párrafo anterior cuenta: “Esa vez no me quedó nada, se dañó la nevera, la estufa, el tanque se fue boyando, porque yo me desesperé y la casa quedó abierta. Aquí se salvó, que nunca se ha ido, el tinaco, porque lo amarran con una cadena, y lo encontramos en el patio, pero después se pierden muchas cosas, porque usted para casa ajena no puede cargar tanto”. El 26.1% de las entrevistadas había sido trasladada a un albergue o a casas de amigos o familiares más de 4 veces en sus vidas, de acuerdo con la investigación elaborada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Cuba y Ciudad Alternativa en República Dominicana.
Las mujeres y los niños, niñas y adolescentes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad ante los desastres que los hombres de sus propios grupos o comunidades. “Estudios concluyen que en eventos climatológicos adversos y a posteriori, la probabilidad de fallecimiento de las mujeres es mucho más alta que la de los hombres, y que esta tendencia era aún más marcada en contextos de menor igualdad de género y en los que las mujeres tenían un menor acceso a derechos económicos y sociales”, se explica en el informe.
En las conclusiones del reporte se informa que “se comprobó la existencia de brechas en los procesos de prevención, mitigación, respuesta y recuperación, causadas, entre otras cuestiones, porque la gestión de esos procesos no tiene en cuenta un análisis de las vulnerabilidades diferenciadas por razón de género, edad, y discapacidades, desde el análisis interseccional, transdisciplinario, integrador e inclusivo”.
La socióloga dominicana Lourdes Meyreles, experta en riesgo de desastres, entiende que en el país se necesita trabajar más en los procesos y los protocolos de los albergues para evitar que durante las emergencias se acose sexualmente a mujeres, niñas y adolescentes; y también es recomendable investigar sobre la situación de grupos muy vulnerables (población LGBTI, personas con discapacidad, migrantes, etc.) para garantizar entornos sin discriminación.
Muchos albergues están ubicados en escuelas públicas que no siempre cuentan con facilidades apropiadas para garantizar servicios básicos como baños suficientes y con agua corriente para todas las familias. Meyreles dice que, aunque el país ha avanzado en las políticas de gestión de riesgo y en los sistemas de alerta a la población general, se necesita pensar en mecanismos que faciliten la inclusión de las personas con discapacidad tanto en la educación como en la prevención y la respuesta a desastres que, casi nunca son naturales, sino producto de la exclusión social o la mala planificación del territorio.
Desigualdad y desastre
¿Por qué hay gente que vive a orillas de los ríos en la República Dominicana, un país caribeño que todos los años enfrenta la temporada ciclónica? Parte importante del sufrimiento que generan los huracanes se resolvería al garantizar el derecho a la vivienda digna y la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial, reflexiona Meyreles.
Pero, precisamente ahí entran en juego temas estructurales relacionados con las políticas públicas, la ideología y la economía.
“Todo lo que tiene que ver con protección social, con política social, fue reducido (a nivel global), los mecanismos de vinculación entre el desastre y la protección social se han roto”, explica la socióloga.
“La política tiene que ir hacia una profundización de los elementos sociales para que sea realmente inclusiva, todavía falta eso. La población entera no está segura, es un tema de desarrollo, pero la gestión de riesgo puede, desde su ámbito, impulsar acciones que lleguen al territorio y a todos los grupos”, dice Meyreles. Y recalca que las personas que habitan en las calles y los migrantes no deben quedar fuera ni de la educación ni de la prevención ni de la respuesta ante potenciales desastres, porque la gestión de riesgos se trata de salvar vidas.
