Santo Domingo, República Dominicana.- Con un histórico consenso, mujeres políticas de organizaciones mayoritarias y minoritarias ganaron una batalla al sistema electoral, que durante, al menos cuatro años, permitió que sus compañeros de partido utilizaran argucias legales para impedir el éxito de candidaturas femeninas.
Las políticas se unieron para exigir que se declarara inconstitucional el artículo 142 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, que pretendía aplicar la paridad a nivel nacional y no local, lo que dejaba en desventaja a mujeres con liderazgos cercanos a sus comunidades y con menos recursos económicos y poco apoyo de los altos mandos de sus partidos, explicó Heidy Adón, miembro del Comité Central del Frente Amplio y candidata a regidora por la circunscripción número tres de Santo Domingo Este.
“Si es a nivel nacional, los partidos, para cumplir con la paridad, ponen a las mujeres donde no ganan, en lugares en los que no tienen vida política”, enfatizó Adón.
Antes de la victoria de las mujeres ante el Tribunal Constitucional, el artículo 142 establecía que: “Las nominaciones y propuestas de candidaturas a diputados, regidores y vocales, se regirán por el principio de equidad de género, por lo que estas deberán estar integradas de acuerdo a lo establecido en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos por no menos de un cuarenta por ciento (40%) ni más de un sesenta por ciento (60%) de hombres y mujeres de la propuesta nacional”.
En la actualidad, el artículo indica que: “Las nominaciones y propuestas de candidaturas a diputados/as, regidores/as y vocales, se regirán por el principio de igualdad de género, por lo que estas deberán estar integradas por no menos de un cuarenta por ciento (40%) ni más de un sesenta por ciento (60%) de hombres y mujeres de la propuesta por demarcación territorial”.
La Sentencia 0620/23 declaró inconstitucional el artículo 142 por constituir un atentado al “derecho a la igualdad, al principio de no discriminación, a los derechos de participación política de las mujeres, al derecho a una vida libre de violencia contra la mujer, al precedente vinculante y al principio de supremacía constitucional, al principio de progresividad de los derechos humanos fundamentales, y a los principios de razonabilidad y de favorabilidad”.
El consenso de mujeres políticas que ganó ante el Tribunal Constitucional incluyó a unas 40 mujeres del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), de la principal fuerza opositora, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y de organizaciones alternativas como Opción Democrática y el Frente Amplio.
Nicole Pichardo, candidata a diputada de Opción Democrática por la circunscripción número 4 de Santo Domingo Oeste, resaltó cómo una buena parte de los partidos insistieron en perjudicar a las mujeres políticas hasta el último momento, pues aprobaron un texto que ya había sido declarado ilegal en los tribunales.
“Fue un intento bastante consciente de parte de los legisladores, al copiar ese artículo como estaba en la ley anterior, porque hay tres sentencias que decían que la cuota de género (la paridad) debería aplicarse a nivel territorial y no a nivel nacional”.
La ley, no solo fue aprobada por diputados y senadores, también promulgada por el Poder Ejecutivo, que tiene el poder de observar.
La agenda por los derechos de las mujeres y el complicado arte de construir consensos
Las luchas de las mujeres políticas plantean otros dilemas, más allá de la representación. Se necesitan más mujeres en puestos de poder. Pero ¿para impulsar cuáles agendas, cuáles políticas públicas?
Mujeres y hombres pueden ser progresistas o conservadores, defender o no ciertos derechos básicos como la salud pública, la educación sexual o el derecho a decidir si se interrumpe o no un embarazo en ciertas circunstancias, como ya se ha demostrado en el Congreso dominicano, en general, “uno de los más conservadores que hemos tenido”, dijo Pichardo.
La candidata a diputada por Opción Democrática opinó que se necesitan más mujeres en el Congreso para hacer alianzas por la igualdad, y se plantea la promoción de más liderazgos de mujeres negras, especialmente de las comunidades marginadas.
Su programa también incluye el impulso de una ley integral de cuidados, la promoción de acciones para reducir la mortalidad materna e infantil, mejorar la educación sexual en las escuelas; y la aprobación de las tres causales, que permitirían a las mujeres abortar en tres circunstancias: feto incompatible con la vida, violación o incesto, o riesgo para la vida de la madre.
De su lado, Jacqueline Montero, candidata a diputada del PRM por la circunscripción número tres de San Cristóbal, tiene en su agenda luchas que coinciden con las de Pichardo. Por ejemplo, la promoción de la educación sexual y la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, que a su juicio son abusadas y estigmatizadas por la Policía y gente de la comunidad. También, está interesada en enfrentar la violencia basada en género. Su enfoque para enfrentar el feminicidio no consiste en aumentar las penas, sino en educar desde la escuela para que surja una nueva masculinidad menos violenta.
Pero, incluso entre las mujeres con programas a favor de los derechos, hay diferencias importantes. Montero no está de acuerdo del todo ni con Pichardo ni con organizaciones feministas sobre las causales. “Tengo un lío ahí. Apoyo (la interrupción del embarazo) si el niño no va a vivir, si es incompatible con la vida, o si la mamá va a morir. Estoy de acuerdo con esas dos, pero en el caso de la violación, no estoy de acuerdo, los niños no tienen que pagar por los hombres machistas y abusadores que hay en el país y en el mundo”, aclara.
Esas diferencias se hacen más grandes entre mujeres políticas claramente conservadoras versus progresistas, con discrepancias que no están en un solo punto, como en este caso. El movimiento por las tres causales tiene tanto aliados como adversarios en los partidos tradicionales.
Aun así, Pichardo entiende que, independientemente de los desacuerdos, es importante armar alianzas cuando existan consensos para avanzar en algunos derechos o iniciativas.
Su propio partido, Opción Democrática, que ha impulsado ideas progresistas y a favor de los derechos de las mujeres, como la eliminación del matrimonio infantil en cualquier circunstancia, ha hecho una alianza con Fuerza del Pueblo, una organización con ideas conservadoras. Ninguna mujer de este partido figura entre las firmantes de la acción de inconstitucionalidad y su candidato a alcalde por Santo Domingo Este, Julio Romero, confesó en televisión pública que estuvo con una menor de edad.
Opción Democrática, que se promovió con la idea de que ejercería “la buena política”, explicó que era una alianza con el fin de colocar más candidatos en posiciones de poder y no comprometía sus propuestas de fondo ni su ideología.
De su lado, Heidy Adón entiende que la lucha por la representación tiene que empezar a librarse en los propios partidos, para que más mujeres estén en órganos de decisión y tengan más facilidades para llegar al congreso y a las alcaldías. Pero, ¿todas las mujeres o las que tengan una agenda pro-derechos?
