A 10 días del inicio del 2025, más de cinco proyectos de ley que atentan contra los derechos de las personas trans, las mujeres y personas gestantes están ante la consideración de las cámaras legislativas. Son medidas que los mismos grupos conservadores que las impulsan esta vez presentaron durante el cuatrienio pasado, sin lograr convertirlas en ley, ante la oposición y el rechazo de colectividades feministas, autoridades en derechos humanos y profesionales de la salud pública.
Entre las propuestas que se reinsertan en el tracto legislativo se incluyen un proyecto para excluir a las mujeres trans de las cárceles de mujeres (PC 0166), para evitar los baños inclusivos (PC 0165), prohibir los tratamientos de afirmación de género y las terapias hormonales en menores de 21 años (PC 0162), y para evitar que las mujeres trans participen en deportes femeninos en sus respectivas escuelas y universidades (PC 0164).
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Al igual que en el cuatrienio pasado, la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, es la autora de todas las medidas antitrans.
En una entrevista con la Unidad Investigativa de Género —una alianza entre Todas y el Centro de Periodismo Investigativo— en octubre de 2024, el activista LGBTTIAQ+ Pedro Julio Serrano catalogó las medidas propuestas por Burgos Muñiz como inhumanas y crueles.
“Es inhumano y cruel lo que Lisie Burgos y Proyecto Indignidad intentaron hacer con la comunidad trans con esas… medidas que presentaron”, expresó Serrano, refiriéndose al cuatrienio pasado. Durante la entrevista, anticipó que muchas de las medidas volverían a presentarse durante este cuatrienio y eso fue lo que pasó.
Además, entre 2021 y 2024, hubo más de 14 intentos de restringir el derecho al aborto en Puerto Rico. Organizaciones feministas como Taller Salud y Ayuda Legal Puerto Rico catalogaron la lucha por el derecho a decidir, en octubre del 2024, como uno de los mayores retos del cuatrienio pasado.
“Gran parte del trabajo (durante 2021 a 2024) tuvo que ver con defensa de derechos y mantener esa primera línea de resistencia con todo lo que tuvo que ver con los intentos de criminalizar el aborto en Puerto Rico”, había expresado a la Unidad Investigativa de Género la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau Aubert.
Este año, la representante Burgos Muñiz también presentó un proyecto para
crear el “Día de la Santidad de la Vida” (PC0170), en el cual busca que se reconozca la vida desde “la fecundación”.
Además, el senador Thomas Rivera Schatz presentó un proyecto que busca crear la Ley “Keishla Madlane” (PS 0003) para que constituya como asesinato en primer grado aquel que se cometa contra una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del feto. El entonces representante Luis Raúl Torres Cruz fue quien presentó este proyecto durante el cuatrienio pasado y la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes no recomendó su aprobación.
En su página Mira como votan, Taller Salud tiene un análisis de la medida que consideraron como un intento de limitar el derecho al aborto.
El proyecto Keishla Madlane “no tiene el efecto de traer justicia para las víctimas de violencia de género. En todo caso, busca promover la idea de que el nasciturus (el no nacido) es sujeto jurídico y no responde a las necesidades de las mujeres y personas sobrevivientes de violencia de género. La exposición de motivos demuestra la intención del legislador de que se le reconozca personalidad jurídica al nasciturus, lo que tendría el efecto de limitar el derecho al aborto de las personas gestantes y a los servicios de terminaciones de embarazo en Puerto Rico”, se lee en la página de Taller Salud.
