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Falta de acceso a datos dificulta el esclarecimiento de feminicidios

La directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género narró algunos de los obstáculos que supone la nueva Ley 114 para el análisis de feminicidios bajo investigación

Foto del archivo de Vanessa Serra Díaz

De los 48 feminicidios directos e indirectos registrados hasta septiembre de este año, casi la mitad se encuentran bajo investigación, según el informe más reciente del Observatorio de Equidad de Género (OEG). 

Hasta el 30 de septiembre de 2025, el OEG había identificado 23 casos de mujeres cuyas muertes aún se investigan, entre ellas el único feminicidio reportado ese mes. 

Una fuente esencial que utiliza el OEG para verificar y actualizar la clasificación de estas muertes son los datos de defunciones del Registro Demográfico. No obstante, recientemente, se aprobó la Ley 114 de 2025 que, entre otras cosas, limita el acceso a la obtención de información sobre las causas de muerte de estas víctimas.

“Nuestra preocupación es que no podamos triangular esos datos”, expresó, vía telefónica, la directora ejecutiva del OEG, Stephanie Figueroa Figueroa, sobre el desconocimiento de la causa de muerte de 15 de las 23 muertes que aún se investigan. 

Entre 2020 y 2024, el OEG recurrió a la base de datos del Registro Demográfico para triangular información y reclasificar varios casos inicialmente reportados como feminicidios, que posteriormente se determinaron como sobredosis o muertes naturales. Con la nueva restricción, ese tipo de verificación independiente podría quedar comprometida, según Figueroa Figueroa. 

“Nuestros datos ayudan a generar política pública basada en evidencia. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros no tenemos acceso a datos, ¿quién va a hacer el trabajo de empezar a evaluar problemas sociales y empezar a proponer soluciones basadas en evidencia?”, cuestionó la investigadora y trabajadora social ante las restricciones que genera la nueva ley. 

Los riesgos de legislar sin datos

Para Figueroa Figueroa, la falta de acceso a información podría provocar que más leyes se firmen sin considerar la evidencia que proporcionan los datos. La directora ejecutiva colocó como ejemplo las enmiendas que flexibilizaron la Ley de Armas en 2020 y que tuvieron como consecuencia directa un aumento en la utilización de armas de fuego para cometer feminicidios e intentos de feminicidio. 

De hecho, el informe más reciente del OEG reveló que el 73% de los feminicidios íntimos, es decir aquellos cometidos por una pareja o expareja de la víctima, se realizaron con armas de fuego. Además, de los 91 intentos de feminicidio registrados hasta la fecha, más de la mitad involucraron armas de fuego. 

“Eso es lo que sucede cuando nosotros legislamos y no usamos la evidencia científica que lo que nos dice es que a mayor acceso a armas, se incrementa la letalidad en casos de violencia”, explicó Figueroa Figueroa para luego detallar que no solo se afectan las mujeres y niñas, sino también los hombres que son asesinados con armas de fuego a diario en el país. 

En el informe de septiembre del OEG también se resalta que unas 45 mujeres y niñas permanecen desaparecidas y 25 menores quedaron huérfanos luego del feminicidio de sus madres. 

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