Foto del archivo de Ana María Abruña Reyes
La senadora María de Lourdes Santiago lleva una lucha continua en el Senado para que se aprueben medidas que atiendan las elevadas tasas de cesáreas y la violencia obstétrica en Puerto Rico. Desde 2008, ha impulsado legislación para requerir estadísticas a hospitales y obstetras sobre los partos por cesárea, pero todos los intentos han enfrentado escollos.
“Si en lugar de úteros fueran próstatas las que se están interviniendo a través de una cirugía mayor, la situación sería otra… Por eso hablamos de que la perspectiva de género tiene que aplicarse a cada elemento y a cada espacio de la vida ciudadana…”, afirma en entrevista telefónica.
Mientras la legislatura no actúa, las cesáreas siguen aumentando, colocando a Puerto Rico con una de las tasas más altas del mundo. En 2024, la cifra alcanzó un 50.9%, muy por encima del 10 a 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el informe Anual de Estadísticas Vitales del Departamento de Salud, la tasa fue de 49.6% en 2021, 50.4% en 2022 y 50.6% en 2023. En 1988, la cifra era de un 29.8%.
“Llevo muchos años tratando de que se establezcan mecanismos mínimos a través de la Asamblea Legislativa para fiscalizar esa intervención indebida con el cuerpo de las mujeres”, reclama la senadora Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Registro de cesáreas
El 6 de mayo de 2025, la legisladora radicó, junto al senador del PIP Adrián González Costa, el PS 614 para crear la Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Cesáreas. Poco antes, el 24 de marzo de 2025, Santiago Negrón, junto con González Costa y la senadora Ada Álvarez Conde, del Partido Popular Democrático (PPD), radicaron el PS 445 para tipificar la violencia obstétrica, pero ambas piezas legislativas quedaron colgadas en las comisiones de Salud y de lo Jurídico del Senado, con informes negativos, sin la oportunidad de ser discutidas en vistas públicas.
“La situación es tan grave en Puerto Rico porque se concentra en algunos municipios como en Bayamón, donde al 63% de las parturientas se le practican cesáreas y, como ha advertido el Departamento de Salud de Puerto Rico, más de la mitad de esas intervenciones quirúrgicas no responden a ningún criterio clínico, sino al afán de los médicos de ajustar el cuerpo de la mujer a su itinerario de trabajo”, argumenta la legisladora Santiago Negrón. “Ni siquiera las mujeres de la delegación del PNP están dispuestas a asumir posturas sobre el tema de los derechos de la mujer. No hay conciencia de la importancia del tema de la maternidad. El único interés en el asunto reproductivo es limitar los derechos de las mujeres a decidir sobre su vida. Salirse de ahí es imposible para ellos y para ellas”, puntualiza.
El PS 614, en su exposición de motivos, cita un informe publicado en julio de 2024 por la fundación sin fines de lucro Peterson Center on Healthcare, que sostiene que en los Estados Unidos “el costo promedio total de un nacimiento por cesárea es $26,280, 77% más alto que un parto vaginal que es de alrededor de $14,768”. La medida propone que los médicos y hospitales mantengan un registro estadístico sobre la cantidad de partos por cesárea que se llevan a cabo en Puerto Rico y las justificaciones para la intervención quirúrgica.
“La cesárea, cuando se realiza en respuesta al criterio médico, es eficaz para prevenir la mortalidad materna y perinatal. Sin embargo, como cualquier cirugía, está asociada con riesgos que en algunos casos subsisten por años después de la intervención y que incluso pueden llegar a afectar futuros embarazos. Además, aumentan el riesgo de mortalidad materna por complicaciones tales como infecciones y embolias”, sostiene el proyecto de ley. Dice, asimismo, que según la OMS, tras una cesárea selectiva planificada, el riesgo de ingresar en una Unidad de Cuidados Intensivos es diez veces mayor en comparación con un parto vaginal natural, además de que retrasa el proceso de recuperación post alumbramiento y puede afectar negativamente la lactancia.
La medida busca que los registros por hospital y proveedor médico sean publicados por el Departamento de Salud y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) en sus respectivas páginas web. “Esto presenta un avance fundamental en los derechos reproductivos y permite que las personas gestantes puedan tomar decisiones debidamente informadas sobre su plan de parto. Considerando el número de cesáreas que se realizan en el país, no hay justificación para negar acceso a los datos sobre la práctica de la obstetricia. Por esto, la resistencia que puedan presentar algunos proveedores de salud ante esta propuesta debe ponderarse frente al derecho de las personas gestantes a tener accesible información relevante para una decisión tan importante e íntima como los planes de alumbramiento”, dice la pieza legislativa.
Varias posturas y un informe negativo
En su memorial explicativo, la OPM califica el PS 614 como una medida necesaria, justa y cónsona con la política pública de protección a las mujeres y sus criaturas. “Este proyecto atiende y responde a una violencia que cada vez perjudica a más mujeres en Puerto Rico”, estableció la agencia.
Mientras, el Colegio de Médicos y Cirujanos reclama en su escrito a la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Juan Oscar Morales Rodríguez, que una parte de las cesáreas que se realizan en Puerto Rico, en las áreas metropolitanas, “son provocadas precisamente por las preferencias personales de las parturientas que ante el espectro del dolor de parir optan por pedir a sus obstetras que le realicen cesáreas”.
La violencia obstétrica también se queda fuera
La otra medida, PS 445, buscaba proclamar la política del gobierno de Puerto Rico en contra de la violencia obstétrica como un asunto de derechos humanos y establecer una causa de acción civil especial por daños sufridos, siendo las cesáreas innecesarias una de sus manifestaciones.
En el informe negativo de la pieza legislativa, el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Ángel Toledo López, alega que la medida es innecesaria y contraproducente. “El ordenamiento jurídico de Puerto Rico, mediante el Código Civil y la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya reconoce ampliamente la responsabilidad civil extracontractual que recae sobre los profesionales de la salud por actos de impericia médica, negligencia o vicios en el consentimiento informado. De este modo, no se puede sostener que las mujeres gestantes carezcan de remedios efectivos frente a actuaciones médicas indebidas, pues cuentan con causas de acción consolidadas y probadas que garantizan la protección de sus derechos”, dice el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el informe negativo. Cuando una medida recibe un informe negativo se cuelga a nivel de comisión y no se lleva a votación al pleno de la cámara legislativa.
Alega el legislador, además, que el PS 445, introduce riesgos de litigación frívola e incentiva la emigración y el abandono de la práctica de la obstetricia en la isla. “Coincidimos con la Asociación de Hospitales y el Colegio de Médicos Cirujanos en cuanto a que esta contradicción atenta contra la propia política pública del Estado dirigida a retener y atraer médicos especialistas, y resulta incompatible con un ordenamiento que debe procurar estabilidad y certeza para quienes ejercen la profesión médica”, arguye Toledo López.
Una tendencia legislativa a limitar y eliminar derechos
¿Hay alguna posibilidad de que en esta Legislatura se apruebe un proyecto que sea de justicia reproductiva?, se le pregunta a la senadora Santiago Negrón
“No creo que sea posible y no solamente por el tema del género, es que la constante es, si uno sigue examinando el tema laboral, el tema ambiental, el tema comunitario, el tema de justicia penal, las medidas más importantes han sido para imponer penas más severas, no hay justicia de rehabilitación. Es una tendencia muy clara a la utilización del poder legislativo para limitar o eliminar derechos”, reacciona la legisladora.
Recuerda que en el 2008 radicó por primera vez el Proyecto del Senado 2407 para crear la Ley de Acceso a la Información de Estadísticas de Cesáreas, y aunque se aprobó en ambas cámaras legislativas, el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá vetó la pieza legislativa. “La medida disponía que cada médico tuviera que documentar su tasa de cesáreas como se hace en otras jurisdicciones. El Colegio de Médicos pagó un anuncio a página completa en un periódico y Aníbal Acevedo Vilá lo vetó. Lo volví a radicar en el cuatrienio de 2013 a 2016, era el proyecto del Senado 680. Se aprobó cómodamente en el Senado y la legisladora a cargo del comité de conferencia que se tuvo que nombrar en la Cámara de Representantes dijo que de ninguna manera se reuniría conmigo, y el proyecto murió”, enumera Santiago Negrón al agregar que el pasado cuatrienio radicó una versión más sencilla que se aprobó también en el Senado y se quedó en la Cámara.
Por otro lado, en 2021, Santiago Negrón, junto a los entonces senadores Ana Irma Rivera Lassén y José Vargas Vidot, radicaron un proyecto para que los planes médicos incluyeran en sus cubiertas el medicamento epidural, que se utiliza para disminuir las contracciones en el parto. Pero la medida, al igual que las anteriores, se quedó durmiendo “el sueño de los justos”.
