Arte por Laura García
El debate sobre la licencia menstrual en Puerto Rico ha vuelto a acaparar titulares luego de que la representante Tatiana Pérez Ramírez, del Partido Nuevo Progresista, presentara el Proyecto de la Cámara de Representantes 1525 para crear la Ley para la protección de la salud menstrual de la mujer trabajadora.
La medida, que fue referida a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, busca establecer una licencia especial para atender condiciones médicas asociadas a la menstruación incapacitante, como son la dismenorrea, la endometriosis, la adenomiosis y los fibromas uterinos. Estas condiciones pueden provocar dolor severo, sangrado excesivo, náuseas y fatiga extrema que, según la exposición de motivos del proyecto, obligan a muchas mujeres a ir a trabajar “aun cuando se encuentran físicamente incapacitadas”. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la endometriosis, por ejemplo, afecta a cerca del 10% de las mujeres y niñas en edad reproductiva en el mundo, unos 190 millones de personas, y en algunos casos el dolor es tan incapacitante que les impide ir al trabajo o a la escuela.
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Aun con toda la evidencia científica existente, la propuesta ha desatado en redes sociales una ola de comentarios misóginos, machistas y burlas, principalmente de usuarios hombres, lo que ha generado rechazo entre ciudadanas y activistas que defienden la medida. Muchos de esos comentarios minimizan el dolor, comparan la endometriosis y otras condiciones con padecimientos triviales o presentan la licencia como una excusa para no trabajar. Estos comentarios evidencian el desconocimiento que todavía existe sobre los dolores y las enfermedades relacionadas con la menstruación. También son muestra de la violencia que enfrentan las personas feminizadas en este país de forma constante, sin importar el tema ni el dolor.
Lo que propone el proyecto
El proyecto de la representante Pérez Ramírez concedería a toda mujer empleada en el sector público o privado una licencia paga de hasta un día por cada mes trabajado, acumulable hasta 12 días al año e independiente de la licencia por enfermedad. Para usarla, la trabajadora tendría que presentar certificación médica que justifique que la condición limita temporalmente su capacidad para trabajar. La medida también prohibiría las represalias y el discrimen contra quienes usen la licencia y protegería la confidencialidad de la información médica.
La propuesta legislativa se dirige exclusivamente a la “mujer trabajadora”. Sin embargo, como destacó la periodista y educadora Alejandra Lara Infante en un reportaje sobre el tema publicado por Todas, “no todas las mujeres menstrúan y no todas las personas que menstrúan son mujeres”. También menstrúan hombres trans, personas no binarias y personas de género fluido.
La exposición de motivos señala que la legislación laboral puertorriqueña “carece de mecanismos específicos” para atender los casos en que los síntomas del ciclo menstrual provocan una incapacidad temporal. El documento menciona que países como Japón, Corea del Sur, Indonesia, Taiwán y Zambia han adoptado protecciones laborales relacionadas con la menstruación, y que España se convirtió en el primer país de la Unión Europea en reconocer un régimen legal para condiciones menstruales incapacitantes.
El proyecto encomienda al Departamento de Salud y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres establecer campañas educativas permanentes para reducir el estigma asociado a la menstruación y fomentar el diagnóstico temprano de condiciones ginecológicas. “Ninguna mujer debe verse obligada a escoger entre proteger su salud y conservar su empleo”, lee la medida.
En Puerto Rico, se estima que unas 75,000 personas viven con endometriosis, según la Fundación Puertorriqueña de Pacientes con Endometriosis. La OMS calcula que su diagnóstico puede tardar entre 4 y 12 años desde que comienzan los síntomas. Una de las reservas con el proyecto es precisamente la necesidad de un diagnóstico para poder acceder a la licencia.
No es la primera vez
En 2022, la senadora Ana Irma Rivera Lassén y el senador Rafael Bernabe Riefkohl, del Movimiento Victoria Ciudadana, presentaron el Proyecto del Senado 1052, con la senadora Gretchen Hau Irizarry, del Partido Popular Democrático, como coautora. Esa medida proponía para mujeres y personas menstruantes hasta tres días de licencia paga al mes, no acumulables. A diferencia de la propuesta actual, las personas podrían solicitar la licencia sin necesidad de presentar certificado médico.
En el contexto de esa medida, que no fue aprobada, la activista feminista y excandidata a senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana Rosa Seguí Cordero dijo, en entrevista con Microjuris, que la licencia menstrual no debía ser exclusiva para personas que tienen dolor. Por eso abogó por una licencia sin certificado médico que se extendiera a las escuelas, para permitir a las estudiantes menstruantes ausentarse si así lo necesitaban.
“Para mí es importante que, distinto a otros países, no se requiera certificado médico. Esto no debería ser exclusivo para personas que tienen dolor”, precisó en esa entrevista.
El costo de menstruar
La licencia no es la única política menstrual que ha llegado a la Legislatura. En 2018, la representante Jacqueline “Jackie” Rodríguez Hernández impulsó el Proyecto de la Cámara 1485 para eximir los productos de gestión menstrual, como toallas y tampones, del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). La exención se aprobó ese mismo año como parte de la Reforma Contributiva. Aun así, “quitar el IVU de los productos menstruales no es suficiente cuando hay personas que ni tienen para comprarlos”, advirtió la terapeuta menstrual Diana Betancur Toro en un reportaje sobre el tema publicado en Todas.
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Según el proyecto Menstruamos, de la profesora de la Universidad de Puerto Rico Yarimar Rosa Rodríguez, para el 2020, una persona podía gastar unos $12 al mes en productos de gestión menstrual. Eso suma $144 al año y cerca de $6,000 a lo largo de su vida reproductiva. Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no pueden usarse para comprar toallas sanitarias ni tampones.
Otras medidas que no han avanzado
En este cuatrienio, la representante Adriana Gutiérrez Colón, del Partido Independentista Puertorriqueño, presentó el Proyecto de la Cámara 756, para garantizar el acceso gratuito a productos de gestión menstrual en escuelas públicas, universidades y agencias gubernamentales. Pero la Comisión de Asuntos de la Mujer, presidida por la representante Wanda del Valle Correa, emitió un informe negativo y no recomendó la aprobación de la medida porque no identificaba de dónde saldría el dinero. Según el informe, el Departamento de Educación estimó el costo en unos $19.1 millones anuales.
En el proceso, estudiantes de octavo grado y una maestra de la Escuela Arístides Cales Quirós de Guayanilla apoyaron el proyecto y advirtieron que la falta de productos de gestión menstrual “continúa representando una barrera para la asistencia y el aprovechamiento académico de muchos estudiantes”. Un comunicado de la oficina de UNICEF en República Dominicana, publicado en mayo de 2026, señala que, en la región, más de la mitad de las niñas y adolescentes ha faltado al menos un día a la escuela durante su menstruación.
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Gutiérrez Colón también presentó, junto a la representante Nelie Lebrón Robles y el representante Denis Márquez Lebrón, el Proyecto de la Cámara 1196, para crear la Ley para garantizar el acceso al cuidado y la salud menstrual en los centros correccionales.
La medida busca garantizar que las personas menstruantes custodiadas en los centros correccionales de Puerto Rico tengan acceso gratuito a productos de gestión menstrual. El texto sostiene que la falta de estos productos en las cárceles puede acarrear medidas disciplinarias, pues al vivir sin ellos pueden “manchar uniformes y sábanas, lo que en contextos penitenciarios puede acarrear medidas disciplinarias por daños a la propiedad, permutaciones o incumplimiento de las normas de higiene personal impuestas por estas instituciones”.
El proyecto busca evitar “que el Estado convierta menstruar en una herramienta para el castigo”. La medida fue sometida el 20 de marzo de 2026 y referida a la Comisión de Gobierno, donde no ha tenido movimiento.
