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¿Y si en Puerto Rico ya nos hemos acostumbrado a que nos manipulen?

columna manipulacion

 

Llevo semanas pensando en el rollo que se destapó en Brasil con el tema de la supuesta “manipulación” electoral masiva y me pregunto esto: ¿pasará en Puerto Rico?

Confieso que la pregunta del título me provocó otra: ¿acaso no está pasando ya, de distintas maneras, frente a nuestros ojos?

Durante mi maestría en neuromarketing, estudié cómo las emociones, la atención, la memoria y los procesos cognitivos influyen en nuestras decisiones. Una parte de esa formación estuvo dedicada a comprender cómo aplicar estos conocimientos de manera ética, incluida su aplicación en campañas políticas. Y es precisamente, desde esa formación que me preocupa lo que estamos viendo.

Sé que es posible diseñar estrategias de comunicación política capaces de posicionarcandidaturas, generar reconocimiento, identificar perfiles de audiencias y establecer conexiones emocionales que produzcan resultados. Lo he estudiado y conozco las posibilidades que ofrece esta disciplina. No hay nada inherentemente incorrecto en investigar qué preocupa a las personas, cómo interpretan los mensajes o qué elementos les permiten conectar con una propuesta política. El problema comienza cuando ese conocimiento se utiliza para manipular en lugar de comunicar.

Cuando en vez de presentar propuestas se fabrican amenazas. Cuando se repite una mentira hasta conseguir que resulte familiar. Cuando se aprovecha el miedo, el resentimiento o la incertidumbre para provocar una reacción que difícilmente ocurriría si la persona tuviera acceso a información completa y verificable.

Y no, esto no es nuevo. Lo que ha cambiado es la capacidad tecnológica para hacerlo, la velocidad con la que circula la información y la enorme cantidad de datos que dejamos sobre nosotros cada vez que interactuamos con una plataforma digital.

Lo que vimos a través de los medios noticiosos en televisión o en redes sociales se compartieron denuncias relacionadas con las elecciones en Brasil, donde se señala una presunta operación para reducir la visibilidad digital de Lula y favorecer a la familia Bolsonaro.

Son acusaciones que deben investigarse, claro está y no darse por probadas sin evidencia suficiente. Pero el asunto plantea una preocupación legítima: ¿qué ocurre con la democracia cuando unas pocas empresas tecnológicas tienen tanto poder sobre la información política que recibe la ciudadanía?

En Puerto Rico, deberíamos estar prestando mucha atención.

Aquí, llevamos décadas consumiendo propaganda política que apela más a nuestras emociones que a nuestra capacidad de análisis. Nos han vendido miedo al cambio, lealtades partidistas heredadas, falsas dicotomías y promesas que sobreviven de elección en elección aunque sus resultados nunca lleguen. Rajamos la papeleta cada cuatro años, bajo x o y partido.

Y luego, no fiscalizamos.

Buena parte de eso funciona porque conocemos muy poco sobre cómo se construyen esos mensajes.

Desde el neuromarketing sabemos que la repetición puede aumentar la familiaridad de una afirmación y, en determinadas condiciones, su credibilidad. Sabemos que los mensajes que provocan emociones intensas pueden captar más atención y que nuestras creencias previas influyen en la manera en que interpretamos nueva información. También sabemos que, cuando estamos cansados o saturados de información, tendemos a recurrir con mayor frecuencia a atajos mentales para decidir.

Imaginen lo que significa tener todo ese conocimiento al servicio de una maquinaria política que no necesariamente tiene interés en que pensemos críticamente.

Pero hay algo que me preocupa todavía más en nuestro contexto.

El colonialismo también ha tenido consecuencias sobre nuestra manera de relacionarnos con el poder. No hablo únicamente de dependencia económica o de limitaciones políticas. 

Hablo de generaciones que han crecido escuchando que ciertas cosas no pueden cambiar, que las decisiones importantes se toman en otro lugar, que hay que conformarse con lo disponible o que cuestionar demasiado puede poner en riesgo lo poco que se tiene.

A eso se suman las desigualdades educativas, la precariedad, la desconfianza institucional y el agotamiento de una población que lleva demasiado tiempo resolviendo cómo sobrevivir.

No estoy diciendo que las personas con menos educación formal sean más fáciles demanipular. La manipulación no distingue necesariamente entre grados académicos. Estoy hablando de las condiciones que dificultan el acceso a información de calidad, el desarrollo del pensamiento crítico y la posibilidad de dedicar tiempo a evaluar lo que nos presentan como verdad.

Una persona preocupada por pagar la luz, conseguir una cita médica o mantener comida en su casa no siempre tiene el tiempo ni la energía para investigar quién financió el mensaje político que acaba de recibir en Facebook. Y eso también lo saben quienes diseñan campañas.

Por eso, me parece tan importante recordar el chat de Telegram que salió a la luz durante el verano de 2019. Lo que conocimos entonces de la administración de Ricardo Rosselló no fue solamente una colección de expresiones ofensivas. Fue una muestra de cómo personas con acceso al poder hablaban sobre periodistas, adversarios políticos y ciudadanos, y de cómo se contemplaba utilizar la comunicación para atacar y desacreditar.

Aquello dejó al descubierto una cultura política que operaba con un desprecio preocupante hacia la ciudadanía.

No sé si en Puerto Rico existen estructuras con sicarios a sueldo como las que se denuncian en el caso brasileño. No tengo evidencia para afirmarlo. Pero sí vimos una red de relaciones y prácticas alrededor del poder que, en mi opinión, tenía características propias de una mafia política: protección entre los suyos, intentos de controlar el relato público y disposición a utilizar recursos de influencia para neutralizar críticas.

Lo que más me inquieta es que, después de todo aquello, seguimos tratando muchas de estas prácticas como si fueran parte natural del juego político. Y no deberían serlo.

Hoy ni siquiera hace falta controlar directamente un medio de comunicación para influir sobre lo que una población ve o deja de ver. La segmentación digital permite dirigir mensajes diferentes a públicos diferentes. Los algoritmos influyen en qué contenidos reciben mayor exposición. Las cuentas falsas y las operaciones coordinadas pueden intentar fabricar una sensación de apoyo o rechazo colectivo.

Ahora se suma la inteligencia artificial, con la capacidad de producir contenido político a una escala y velocidad que hace unos años habría resultado impensable.

No todo uso de estas tecnologías es manipulador. Pero tampoco podemos seguir actuando como si fueran herramientas neutrales, ajenas a los intereses económicos y políticos de quienes las desarrollan, administran o contratan.

Me preocupa que estemos formando generaciones que saben utilizar las redes sociales, pero no necesariamente comprenden cómo las redes sociales pueden influir sobre ellas.

Que sepamos compartir una publicación, pero no siempre identificar su procedencia. Que confundamos popularidad con credibilidad. Que asumamos que algo es cierto porque lo vimos repetido 20 veces o porque lo publicó alguien con miles de seguidores. Y me preocupa, sobre todo, que la discusión sobre estas prácticas aparezca solamente cuando afecta al partido o candidato con el que simpatizamos.

La ética de la comunicación política no puede depender de quién está ganando. Como profesional del neuromarketing, no tengo problema alguno con que una candidatura quiera comunicar mejor, conectar emocionalmente con sus electores o comprender las necesidades de distintas comunidades. De hecho, creo que muchas campañas mejorarían si dedicaran más recursos a escuchar y menos a imponer mensajes.

Lo que cuestiono es utilizar las ciencias del comportamiento para aprovecharse deliberadamente de las vulnerabilidades de las personas. Que el éxito de una estrategia se mida exclusivamente por cuántos votos consiguió, sin importar la desinformación, el miedo o la división que dejó en el camino.

Porque también podemos diseñar campañas que despierten curiosidad, promuevan participación, expliquen asuntos complejos de manera accesible y ayuden a las personas a comprender cómo las decisiones políticas afectan su vida cotidiana.

Tenemos las herramientas para hacerlo. La pregunta es a qué intereses decidimos ponerlas a servir.

La situación en Brasil me dejó pensando que en Puerto Rico necesitamos hablar mucho más de alfabetización mediática, educación política y transparencia digital. No como temas exclusivos de universidades o especialistas, sino como conocimientos básicos que toda persona debería tener para desenvolverse en la sociedad que habitamos.

Necesitamos aprender a cuestionar lo que consumimos, incluso cuando confirma exactamente lo que queremos creer. Exigir que las campañas rindan cuentas sobre sus prácticas digitales.

Preguntarnos quién paga por determinados mensajes, a quiénes van dirigidos y qué intereses hay detrás.

Y quienes trabajamos en comunicaciones tenemos que asumir nuestra parte. No podemos seguir justificando cualquier estrategia porque produce resultados. El chat de 2019 nos permitió mirar detrás de una cortina que normalmente permanece cerrada.

Sería ingenuo pensar que la renuncia de un gobernador resolvió por sí sola las prácticas políticas y comunicacionales que hicieron posible aquel episodio.

Comencé con la pregunta si lo que ocurrió en Brasil podría pasar en Puerto Rico. Yo creo que debemos investigar qué está pasando aquí, quiénes se benefician y cuánto de lo que consumimos como información política responde realmente a hechos y cuánto a estrategias para administrar nuestra percepción de esos hechos.

Porque podemos cambiar de gobierno, de partido y de candidatos. Pero si no aprendemos a reconocer cómo intentan influir sobre nuestras decisiones, seguiremos siendo vulnerables a las mismas prácticas, aunque cambien sus protagonistas.

Y hay algo que tengo muy claro después de estudiar neuromarketing: comprender cómo funciona la mente humana debería ayudarnos a comunicarnos mejor entre nosotras, no a encontrar maneras más sofisticadas de engañarnos.

La democracia necesita ciudadanos que puedan pensar, cuestionar y decidir. No audiencias cautivas a las que se les administra una versión conveniente de la realidad.

 

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