Nota de la editora: Esta es la segunda historia de una serie que trabajó Todas en colaboración con Coordinadora Paz para las Mujeres y su revista Voz de Voces. La serie aborda la violencia sexual en las comunidades de fe en Puerto Rico.
Fotos de Ana María Abruña Reyes / Ilustración de Nicole Hernández- Buenaaas Creativo
De la misma forma que a los patronos se les obliga por ley a tener protocolos para atender situaciones de violencia de género y hostigamiento sexual en el trabajo, también debe requerirse a las iglesias manejar la violencia sexual al interior de las comunidades de fe, en opinión de la experimentada defensora de la equidad de género Vilmarie Rivera Sierra.
“Las iglesias deben contar con protocolos para atender la violencia sexual. Se lo piden hasta a un partido político, entonces, ¿por qué no lo podemos pedir a una iglesia? Creo que esto tiene que ser legislado”, reclama Rivera Sierra, quien está al frente del Centro de Intercesoría y de Servicios Integrales para la Mujer (CDIM) del programa Rehaciendo Comunidades con Esperanza (ReHACE), de la Iglesia Metodista de Puerto Rico.
Las congregaciones religiosas son parte de nuestra sociedad y la capacitación continua con protocolos debe ser parte de la corresponsabilidad que, como ciudadanos, debemos tener para colaborar en detener toda esta problemática”, recalca Rivera Sierra.
El CDIM, explica, es un proyecto para sobreviventes de violencia sexual que ofrece servicios psicológicos, de intercesoría legal y orientación a las víctimas, tanto mujeres como menores de edad. No obstante, desde que el proyecto comenzó en 2023, no han recibido referidos de casos al interior de la congregación metodista. Hasta el momento, han atendido referidos de los tribunales y organismos de la comunidad.
“La Iglesia Metodista cuenta con protocolos establecidos y anualmente capacita a pastores y líderes. Es una de las iglesias, sino la única, que tiene una estructura de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe atender a la víctima. Incluso ahora va a comenzar un proyecto de capacitación para certificar como facilitadores a feligreses, y eso será de gran ayuda también, porque podemos tener recursos adicionales para la víctima”, afirma.
Aquí, hemos recibido casos de violencia sexual, pero no que hayan sido referidos por algún pastor, pastora. Posiblemente ha ocurrido alguna situación, pero que haya llegado a nosotros porque haya alguna víctima que requiere darle orientación y acompañamiento, como parte del protocolo, no hemos tenido ningún caso reportado”, sostiene la feminista, que profesa el catolicismo.
Rivera Sierra destaca que la violencia sexual es un problema grave en el país, con grandes retos, y alerta que, en los pasados meses, han percibido un aumento de casos en la región judicial de Guayama. “Hemos expandido servicios a esa región y hemos estado recibiendo varios casos de agresión sexual, ocho a nueve casos en unos tres meses. Entiendo que es un número bastante alto. El mismo tribunal hace referidos a nuestra intercesora legal para que les de acompañamiento y esté trabajando con esos casos”, resume.
Sostiene que una víctima de agresión sexual tiene múltiples retos, desde enfrentar el miedo hasta el asunto de cómo enfrenta el sistema, la demora del proceso y la revictimización. “El tener que repetir una y otra vez el testimonio hace que la víctima vaya debilitándose”, establece Rivera Sierra, quien considera que el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) y los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual, proyectos (CIMVAS) del gobierno, siguen siendo recursos bien limitados.
Entiende, sin embargo, que muchas veces la víctima siente más confianza en una organización sin fines de lucro, pese a que muchas no cuentan con los recursos económicos para dar estos servicios, situación que se ha agravado con los recortes en fondos federales. Además de la dificultad para obtener estadísticas por el temor de las víctimas a denunciar los hechos, Rivera Sierra destaca que los recursos para atender el abuso sexual son más limitados porque en su mayoría van a dirigidos a la violencia doméstica.
En torno a los servicios que ofrece el CDIM, precisa que una psicóloga atiende el componente emocional de manera que la víctima de violencia sexual pueda, a largo plazo, referirse a un proceso más profundo para manejar el trauma. “También trabajamos con los menores que han estado expuestos a una situación como esta, les damos servicios psicológicos, y una intercesora prepara un plan de trabajo para manejar los efectos que tiene la exposición o el haber pasado por la situación de violencia sexual o maltrato”, explica.
Indica, además, que el programa trabaja con las madres, padres o tutores para reforzar destrezas de cómo deben abordar al menor. “Muchos de ellos, posterior a los eventos, tienen rezago educativo, situaciones en las escuelas, cambian la conducta y hay que darles herramientas a los padres y a las madres para que puedan trabajar con este tipo de situación y referirlos a servicios especializados”, agrega la consultora.
Servicios de prevención en las diócesis católicas
La Iglesia Católica no tiene actualmente un programa uniforme de prevención para toda la provincia eclesiástica, sino que cada diócesis ha establecido su procedimiento, dice el Obispo de Mayagüez, monseñor Ángel Luis Ríos Matos.
“Tenemos programas de prevención, no solo porque nos lo exige la iglesia universal, sino por el convencimiento de los obispos al respecto. Cada diócesis tiene sus protocolos de prevención del abuso y la creación de ambientes seguros y cultura de cuidado en toda la iglesia”, sostiene el teólogo y canonista. El líder católico dice además que los obispos han instituido la Comisión nacional para la prevención del abuso sexual, que pretende unificar todos los programas de prevención en un programa común a toda la provincia eclesiástica.
Otras congregaciones refieren casos a programas de servicios
El Colectivo Interreligioso de Mujeres en Puerto Rico (CIM), que agrupa mujeres de diferentes trasfondos religiosos y espiritualidades, no ofrece servicios directos a víctimas, pero hace referidos a programas que ofrecen este tipo de trabajo. El gremio apoya a las víctimas con seminarios, orientación y consejería dentro de las organizaciones que dan servicios directos a sobrevivientes de violencia de género, detalla Sumayah Soler, de la Sociedad Islámica de Puerto Rico y directora del CIM.
“Hay muchas pastoras y líderes religiosas que identifican casos dentro de sus comunidades y hacen referidos a favor de esas mujeres y del bienestar de los menores y de las familias”, sostiene Soler. “Ha sido cuesta arriba intervenir en este tipo de dinámica”, indica la puertorriqueña convertida al islam hace 26 años, de madre católica y padre de la congregación Discípulos de Cristo.
Dice que la congregación musulmana no tiene un protocolo o guía para manejar estos casos. “Así como un protocolo escrito, no; sin embargo, eso se ha discutido dentro de los líderes de la comunidad, como también se trabaja la violencia doméstica. Ellos esperan evaluar los casos según las circunstancias”, indica la feminista musulmana, quien además expresa que el tema de abuso sexual no se habla en los templos islámicos y cuando se toca, solo se hace en el contexto de la reproducción.
“En el islam, la sexualidad es parte de la naturaleza humana. Lo que pasa es que los musulmanes adoptan estas actitudes bien patriarcales, donde la mujer se vuelve propiedad del hombre y el tema de la sexualidad le pertenece hablarlo al hombre como él quiere y cuando él quiera. Todo eso es patriarcado; ese no es para nada el islam… Esas son macharranerías”, sostiene Sumayah, quien vivió 12 años en Egipto y cuenta con un grado en Ley Islámica y otro en Educación.
