En Puerto Rico, hablar de sexualidad nunca ha sido un acto neutral. En un país marcado por el colonialismo, la desigualdad estructural y la precarización sistemática de los cuerpos, ejercer autonomía corporal constituye, en sí mismo, un acto de resistencia.
Nuestros cuerpos —feminizados, racializados, empobrecidos y disidentes— han sido históricamente regulados por el Estado, la religión y el mercado. Por ello, el activismo sexual no es una postura ideológica opcional: es una urgencia política y vital. Durante décadas se nos ha enseñado que la sexualidad pertenece exclusivamente al ámbito de lo íntimo, a aquello de lo que no se habla, lo que “se queda en el cuarto”. Sin embargo, esta narrativa no solo es limitada, sino peligrosa.
Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que abarca el sexo, la identidad y los roles de género, la orientación sexual, el afecto, el amor, el placer, la intimidad y la reproducción. Está influenciada por factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales, y no se reduce a la actividad sexual o genital. Se trata de una dimensión fundamental de la experiencia humana que integra el conocimiento del propio cuerpo, las emociones, el placer y la capacidad de establecer relaciones sexuales seguras, respetuosas y libres de coerción y violencia.
Es por esta razón que hablar de sexualidad es, inevitablemente, hablar de poder: la sexualidad se vuelve política. Es política porque sobre nuestros cuerpos se legislan restricciones, se niega información y se normaliza la violencia.
La ausencia de una Educación Integral en Sexualidad en Puerto Rico no es accidental: responde a una larga tradición latinoamericana en la que los avances en educación sexual han sido sistemáticamente frenados por discursos morales y conservadores, a pesar de décadas de evidencia científica y de trabajo académico y comunitario que respaldan una educación laica, integral y basada en derechos.
Las consecuencias de negar información
Negar información no viene sin consecuencias. La desinformación sobre consentimiento, derechos reproductivos y placer perpetúa la inequidad y sostiene relaciones violentas. Los datos son contundentes. El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico documentó en su informe anual de 2025, un total de 63 feminicidios, 109 intentos de feminicidio y 20 mujeres y niñas desaparecidas.
Estas cifras no son eventos aislados: evidencian una crisis sostenida y una respuesta estatal insuficiente. A esta realidad se suma el impacto diferenciado de la desinformación y del abandono institucional sobre poblaciones históricamente marginadas. En Puerto Rico, personas LGBT+ —en particular jóvenes y personas trans— enfrentan tasas significativamente más altas de ansiedad, depresión e ideación suicida, no por su identidad, sino por el discrimen, el acoso y la falta de acceso a servicios de salud y educación sexual afirmativos y basados en derechos.
Aquí, la interseccionalidad se vuelve una herramienta indispensable de análisis y justicia. Nos recuerda que la violencia no impacta a todas las personas por igual. El género se entrecruzan con la raza, la clase social, la orientación sexual, la identidad de género y la precariedad económica, produciendo formas específicas de exclusión y mayor vulnerabilidad. En Puerto Rico, las mujeres negras, las personas empobrecidas y las personas trans enfrentan barreras más profundas para acceder a protección, servicios de salud y justicia.
Persiste, además, la idea errónea de que el único activismo legítimo ocurre en la calle. Sin embargo, la resistencia también habita lo cotidiano. Activismo es cuestionar la culpa sexual aprendida, reclamar el derecho al placer, exigir trato digno en los servicios de salud, sostener redes de cuidado y educar desde nuestros propios espacios.
Los derechos sexuales son derechos humanos. Incluyen la autonomía corporal, una vida libre de violencia, el acceso a información basada en la ciencia y a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. No son concesiones ni privilegios, son obligaciones que el Estado ha fallado en garantizar. Romper el silencio es uno de los actos más íntimos y urgentes del activismo. Hablar de sexualidad es un acto político.
Que el activismo nos encuentre donde podamos: en la calle, en la crianza, en las redes, en la consulta o en la cama, reclamando siempre que nuestras vidas y nuestros cuerpos importan.
