(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Las escasas clínicas de aborto en el país, la concentración de estas instituciones en el área metropolitana y la dominación masculina entre los proveedores de terminaciones de embarazo, pues en su mayoría son hombres mayores de 60 años, fueron las razones principales de la creación del primer programa de capacitación feminista para la nueva generación de personal médico dedicado a las prácticas de aborto.
Profamilias, organización feminista dirigida a la salud integral en sexualidad y reproducción, comenzó a idear este proyecto en verano de 2019 de la mano de su clínica Iella, institución de base comunitaria que brinda servicios de aborto a personas que no cuenten con los recursos económicos, pues los planes médicos no cubren los gastos de las interrupciones de embarazo.
“La iniciativa tiene el objetivo de eliminar barreras de acceso. Hay una generación que lleva trabajando la práctica de abortos desde hace décadas, y urge crear una nueva generación de proveedores con un servicio más al día, atemperado a las mejores prácticas, y visto desde una perspectiva de derechos humanos y feminista”, sostuvo Mayra Díaz Torres, directora programática de la clínica Iella.
Explicó que el objetivo del programa es adiestrar a médicas y médicos de cualquier especialidad con una licencia vigente para que establezcan, al finalizar la capacitación, sus propias prácticas alrededor del archipiélago o se unan a la clínica de Profamilias.
“Esta iniciativa se crea con esa intención de reconocer que la falta de proveedores de servicios de aborto es una barrera que no nos permite ejercer nuestro derecho a la autodeterminación, a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y a decidir si continuamos o no un embarazo”, subrayó Díaz Torres.
El programa, que se anunció la semana pasada, es parte de una alianza con la Federación Internacional de Planificación Familiar-Región del Hemisferio Occidental, (IPPF/WHR, por sus siglas en inglés), la Federación Hispana y la organización dirigida por la familia del artista Lin Manuel Miranda, Miranda Family Fund. De igual forma, se pretende que el proyecto se realice por los próximos cinco años mediante dos ciclos de 40 horas: uno en verano y otro en otoño.
Currículo basado en prácticas feministas y de derechos humanos
El contenido de las capacitaciones se enfocará en los procedimientos médicos para las terminaciones de embarazo en el primer trimestre, debido a que, según Díaz Torres, más del 90 por ciento de los abortos se realizan en las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, ampliarán la gestión clínica con aspectos feministas y de derechos humanos mediante la enseñanza del ordenamiento jurídico ligado al aborto.
“Queremos profesionales médicos capacitados en las mejores prácticas, pero también queremos profesionales de la medicina activistas y muy conscientes del rol que tiene su trabajo como proveedores de servicios de aborto o servicios de salud en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos”, apuntó Díaz Torres.
“En Estados Unidos, usualmente, son los proveedores de las terminaciones de embarazos quienes tienen la facultad de representar, en términos de pleito legal de clase, a las mujeres que van en busca de un aborto cuando hay legislaciones que atentan contra estos derechos (sexuales y reproductivos)”, puntualizó, por su parte, la abogada Frances Collazo Cáceres, directora ejecutiva interina de Profamilias.
Según Collazo Cáceres, la mayoría de estos procesos judiciales son respaldados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Federación de Paternidad Planificada de América (PPFA, por sus siglas en inglés), pero las personas proveedoras de aborto tienen un rol político fundamental para garantizar derechos humanos.
El equipo de adiestradoras que proveerán la capacitación está compuesto por abogadas, médicas, enfermeras, educadoras y expertas en derechos humanos y de la salud. Cada uno de los ciclos anuales constará de 10 horas teóricas, que debido al impacto del COVID-19, se brindarán mediante videoconferencias y 30 horas prácticas en la clínica Iella de Profamilias durante los fines de semana.
“Clínica Iella, por el momento, va a continuar atendiendo de manera presencial porque, para nosotras, está muy claro que el aborto es un servicio de salud esencial y de emergencia por ser sensitivo al tiempo”, recalcó la letrada.
Desde el inicio del impacto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, la clínica de terminaciones de embarazo de base comunitaria ha continuado con sus servicios presenciales, pese a que, en algún momento, redujeron sus horarios por la carencia de proveedores, pues algunos fueron llamados, a nivel nacional, para atender asuntos relacionados con la emergencia, y por la dificultad para acceder a equipo de protección médica.
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Hasta el momento, han recibido una amplia respuesta, especialmente por parte de médicas a las que les interesa participar de la capacitación, pero se están aliando con organizaciones educativas, escuelas de medicinas y colegios de profesionales para adiestrar a la mayor cantidad de personal de salud en los próximos cinco años. De igual forma, pretenden ampliar el proyecto a otros países del Caribe y que profesionales de la diáspora sean parte del programa de adiestramiento.
“Nosotras nos estamos lanzando en este proyecto con mucho entusiasmo y alegría, convencidas de que este proyecto es importante y que va a ser fundamental para aumentar las garantías de accesos a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, específicamente de aquellas que requieren de servicios de aborto”, afirmó Díaz Torres.
Además del programa de capacitación, la iniciativa de Profamilias incluye una campaña mediática, dirigida a jóvenes, sobre educación sexual integral. Por el momento, las estrategias educativas se realizarán mediante las plataformas digitales a través de videoconferencias en las que se tratarán asuntos como el derecho al aborto en la minoría de edad, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados.
Continúan su lucha frente a medidas que atenten contra la autonomía de las mujeres
Profamilias siempre fue consciente de que este programa de capacitación médica a personas proveedoras de aborto “era un desafío bajo la actual jurisprudencia”, y la reciente aprobación de un nuevo Código Civil “las lleva a posicionarse en defensa de los derechos sexuales y reproductivos”, según Collazo Cáceres.
El Senado y la Cámara de Representantes dieron paso a una medida que reconoce al nasciturus la condición de persona en lo “que le sea favorable”. Sin embargo, la Cámara alta incluyó una enmienda que establece que “los derechos que se reconocen al nasciturus están supeditados a que este nazca con vida y no menoscaban en forma alguna los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo”. La gobernadora firmó el proyecto.
Organizaciones activistas que velan por los derechos humanos han indicado que estas disposiciones cuentan con un lenguaje vago que atentan contra la autodeterminación que tiene una mujer sobre su cuerpo.
“Creo que llegamos a consolidar este programa en un momento donde es más necesario todavía salvaguardar la necesidad de este servicio (de terminaciones de embarazos)”, aseguró la abogada.
“Nuestros derechos sexuales y reproductivos siempre han estado amenazados. Si miramos, década tras década, hay un proyecto, hay una iniciativa o hay un portavoz antiderechos que ha hablado bien fuerte en contra del derecho que tenemos todas las personas a decidir sobre nuestros cuerpos”, destacó Díaz Torres.
La directora programática de la clínica Iella sostuvo que las coaliciones y organizaciones de base comunitaria están listas para “dar la batalla” a medidas que coarten derechos humanos, pues el activismo a favor y en defensa de estas facultades “está más fuerte que hace mucho tiempo”.
“No hay derechos que puedan existir sin su garantía de acceso”, sentenció Collazo Cáceres.
