La Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico maneja una doble crisis frente a la emergencia salubrista causada por la COVID-19: atender y mantener seguras a las víctimas de violencia doméstica durante la pandemia sin los recursos necesarios para hacerlo.
Así lo describieron varias directoras de los albergues en la isla al referirse al reto que ha representado trabajar con el problema de violencia doméstica sin que el gobierno les reconozca como servicio esencial. Abundaron en que la situación de doble riesgo se ha profundizado ante la vista larga del Estado, que aseguran, no ha facilitado la continuidad de los servicios que proveen durante los pasados siete meses.
“Si no se toman las acciones, pudiera representar el que nosotras tuviéramos que continuar funcionando como hemos estado funcionando, con una capacidad mucho menor, habiendo alternativas como tener un albergue exclusivo para las víctimas con Covid-19”, resumió Vilmarie Rivera, presidenta de la Red.
Las directoras de cinco de los ocho albergues de Puerto Rico se expresaron durante un Facebook live en el que describieron que el obstáculo principal que enfrentan es que no cuentan con los recursos económicos federales y estatales para enfrentar la Covid-19 mientras ofrecen los servicios de vivienda transitoria, y otros, de manera ininterrumpida a víctimas de violencia doméstica y a sus menores.
Al margen de la respuesta gubernamental
Por su parte, la directora ejecutiva del Hogar Casa Ruth, Lisdel Flores, especificó que, al inicio de la pandemia, representantes de la Red se reunieron en varias ocasiones con el secretario del Departamento de Salud (DS), Lorenzo González Feliciano, y acordaron que se administrarían pruebas cada dos semanas a participantes de los albergues.
Sin embargo, la negociación no se concretó debido a la falta del equipo médico necesario para los tecnólogos, y no se ha retomado hasta el momento. Debido a la situación, han tenido que admitir a menos participantes para asegurar el distanciamiento social en sus instalaciones.
“Hay una responsabilidad del gobierno que es indelegable. El gobierno tiene una responsabilidad con la seguridad y la salud de todos los puertorriqueños y de todas las puertorriqueñas […] y, sin embargo, quienes seguimos asumiendo esa responsabilidad somos las organizaciones que no contamos con los recursos que tiene el gobierno”, puntualizó Flores.
Añadió que desconocen si el estado les otorgará $5 millones que les fueron asignados del CARES Act, medida federal que aprobó ayuda monetaria a los gobiernos locales para atender la emergencia salubrista mediante pruebas, sistemas de rastreo entre otras gestiones.
Mencionó, además, que el Departamento de la Familia recibió $27 millones para atender a la población sin hogar, sector que incluye a las víctimas y sobrevivientes que protege la Red. Sin embargo, tampoco han sido orientadas sobre cómo deben acceder los fondos.
La Red de Albergues presentó a Salud, La Fortaleza, la Oficina de la Procuradora de la Mujer y otros una propuesta al inicio de la pandemia que incluye la planificación de tres meses de trabajo con componentes interdisciplinarios para atender a las víctimas sobrevivientes que den positivo al virus, según Rivera. Estimaron que el presupuesto para correr dicho proyecto sería entre $150,000 y $175,000, pero aún no han recibido respuesta.
“Hay que decirlo, es un logro”, expresó Flores tras reconocer que han conseguido mantener abiertos los ocho albergues de la isla durante los pasados siete meses sin recibir dinero más allá de donaciones privadas, de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro.
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Documentan la respuesta de los albergues durante la pandemia
Durante el encuentro virtual, cuatro universitarias presentaron los hallazgos y recomendaciones obtenidos de una investigación que realizaron durante los pasados meses junio y julio durante los que recopilaron información de cinco de los ocho albergues que forman parte de la Red.
De esta manera, Yulianna Otero, Nicole Mendoza, Alejandro Rodríguez y Noemí Rivera documentaron las condiciones de trabajo, reclamos y propuestas de las organizaciones para evidenciar cómo mitigar los problemas que enfrentan a corto plazo, durante la pandemia, y, a largo plazo, para atender la crisis de violencia de género en la isla.
En el trabajo Sobrevivientes: Albergues de Violencia Doméstica en Puerto Rico enfrentándose al COVID-19, las jóvenes describieron la importancia de que se les admita a las organizaciones de primera respuesta en los espacios de negociación del estado. Sostuvieron que estas deben participar en las gestiones para atender el problema de violencia de género, diseños de planes de emergencia y asignación de recursos debido a que los albergues son los que mejor conocen a la población afectada.
“En ningún albergue nos han matado a una víctima de violencia de género, quiere decir que nosotros sabemos lo que implica correr un albergue”, dijo Flores para sostener que estas organizaciones saben cómo mantener seguras a las víctimas. Además, destacó que la Casa Protegida Julia de Burgos lleva 40 años ofreciendo servicios y el Hogar Ruth, 36 años.
Las directoras y portavoces de la Red resaltaron tal hallazgo de la investigación por tratarse de una manera de atajar los procesos burocráticos que obstaculizan el acceso a fondos que corresponden a los frentes de primera respuesta durante la pandemia.
Otras recomendaciones que las universitarias documentaron como parte de un internado con la organización sin fines de lucro Mentes Puertorriqueñas en Acción (MPA), fue la declaración del estado de emergencia y la educación con perspectiva de género para atender la situación de fondo con el que trabaja la Red: el problema de violencia doméstica y de género en Puerto Rico.
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Si tú o alguna persona conocida está en situación de violencia, llama a la Línea de ayuda 787-489-0022. Mira más recursos de ayuda aquí.
