(Foto de archivo)
Ante la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que las personas gestantes que decidan interrumpir un embarazo, mediante píldoras abortivas, tengan que visitar una clínica durante la pandemia, un grupo de abogadas discutió las restricciones del aborto en la nación norteamericana y sus repercusiones en Puerto Rico.
A pesar de que el proceso médico es legal en Estados Unidos desde el caso Roe v. Wade en 1973, las panelistas Wendolyn Torres Rivera, Sarah Robles Rivers y Yanira Reyes Gil coincidieron, en un conversatorio virtual, que las regulaciones en contra del aborto son motivos de análisis ante la mayoría conservadora del máximo foro judicial estadounidense.
“Nos preguntan por qué seguimos hablando de esto, después de todo, Roe v. Wade tiene 48 años. La razón es que, desde que se determinó la decisión del Tribunal Supremo, lo que hemos visto es un constante ataque al derecho al aborto”, aseguró licenciada Yanira Reyes Gil, el pasado jueves, en el panel auspiciado por la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Cuando en el Tribunal Supremo estadounidense hubo una mayoría liberal, varias legislaciones de estados que restringían el aborto fueron revocadas por la corte suprema.
Tal fue el juicio Planned Parenthood v. Casey, en 1992, en el que el centro judicial reafirmó la decisión de Roe v. Wade, al establecer que una ley de Pennsylvania era inconstitucional y servía como carga indebida para las personas gestantes que desearan interrumpir un embarazo.
Asimismo, un caso significativo fue Whole Woman ‘s Health v. Hellerstedt, en 2016, cuando el tribunal invalidó una ley de Texas que limitaba, a través de restricciones estrictas, las operaciones de clínicas de abortos y servicios médicos. La corte suprema consideró la legislación como perjudicial para las personas embarazadas en situación de pobreza por el acceso limitado a consultorios.
Sin embargo, con la juramentación de los jueces conservadores Amy Coney Barrett y Brett M. Kavanaugh durante la administración de Donald Trump, la corte suprema tomó un giro conservador que se reflejó, el pasado mes de enero, con la orden de un requisito federal para que las personas gestantes que quieran interrumpir un embarazo, mediante píldoras abortivas, deban visitar personalmente una clínica para recoger el medicamento.
“Ese requisito solo existe para ese medicamento para el aborto. No existe para otros medicamentos que, incluso, son controlados”, afirmó la también profesora al explicar que el mandato es un obstáculo para que las mujeres no puedan acceder al aborto durante la pandemia.
Tendencias de restricción al derecho fundamental
A pesar de que el aborto está limitado por regulaciones en los estados, Reyes Gil aseguró que existen tendencias gubernamentales adicionales para restringir el acceso al procedimiento médico.
Explicó que, entre las legislaciones de las jurisdicciones, se encuentra la predisposición de reducir el periodo en el que se realiza un aborto entre 12 y 15 semanas de gestación, a diferencia de las 24 semanas estipuladas en Roe v. Wade.
“Incluso, hay estados que están estableciendo prohibiciones después de la sexta semana, lo que es ridículo porque la mayor parte de las mujeres ni se enteran que están embarazadas antes de la sexta semana”, mantuvo la abogada.
Asimismo, puntualizó que los estados enfocan sus restricciones al aborto a través de legislaciones que limitan la operación de consultorios.
Repercusiones de disolver el aborto
La recién licenciada Sarah Robles Rivera sumó a la conversación que la aproximación originalista, de jueces conservadores que interpretan la Constitución estadounidense textualmente, amenaza la retención de los derechos al entender el estatuto tal como fue escrito en el siglo 18.
Dentro del mismo contexto, el abogado y moderador del panel Rolando Emmanuelli Jiménez advirtió que, de la corte suprema norteamericana revocar la decisión de Roe v. Wade, desaparecería el derecho a la intimidad a nivel federal y que “sería devastador para todos los derechos civiles y humanos” al invalidar las luchas sociales, como de la comunidad LGBTTQ+, que obligaron al sistema judicial estadounidense a reconocer ciertas potestades.
Añadió que, de anular el derecho a la intimidad en el aborto, la decisión repercutiría en leyes de derechos de la comunidad LGBTTQ+, de la vida privada en el hogar, entre otras.
“Hay toda una serie de cosas que se afectarían que tendrían un impacto mucho más allá que el mero hecho de terminar un embarazo y realmente es espeluznante”, señaló Emmanuelli Jiménez.
Panorama en Puerto Rico y Estados Unidos
En Puerto Rico, la Asamblea Legislativa estableció medidas recientes para restringir el aborto, según la abogada Wendolyn Torres Rivera.
La licenciada señaló la Resolución 40 del Senado, presentada en el mes de enero por el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago, en la que se dispusieron las diferentes Comisiones Permanentes del Senado en el cuatrienio actual.
El presidente del Senado constituyó la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia en la que, según Torres Rivera, se atenderán legislaciones relacionadas con los derechos prenatales. Sin embargo, Dalmau Santiago designó como presidenta a la senadora del Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Vive, quien defiende una agenda antiderechos y ha expresado su intención de limitar el derecho al aborto.
“Dentro de estos cuatro años, desde mi perspectiva, veremos medidas con movimientos bastante fuertes de tipo conservador, evidentemente, en cuanto al tema del derecho al aborto”, analizó la abogada.
Por su parte, Reyes Gil coincidió en que las corrientes conservadoras en Estados Unidos están “mucho más agresivas” que hace 10 años con las aprobaciones de leyes que prohíben el derecho fundamental a la libre decisión.
“Hay terreno fértil, desgraciadamente, para que por fin estas personas logren eso que han buscado por 48 años”, afirmó la licenciada.
Sin embargo, las panelistas reconocieron que, en Puerto Rico, el Senado cuenta con una mayoría de mujeres y de diversidad ideológica que promoverán el debate.
“Las discusiones son de otra altura y que tenemos personas ahí que están pendientes para defender los derechos de las personas”, subrayó Reyes Gil al reconocer a las senadoras Ana Irma Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago Negrón, y la representante Mariana Nogales Molinelli en la Asamblea Legislativa.
Invitó, de igual manera, a que se instauren legislaciones en beneficio a las personas gestantes y que no restrinjan más el derecho.
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