Un grupo de investigadores y catedráticos de los departamentos de Ingeniería y Psicología de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), convocó a la población puertorriqueña, este viernes, a participar de un estudio sobre la inconsistencia energética y su efecto en la salud emocional del pueblo.
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El cuestionario pretende medir la experiencia o el nivel de satisfacción con el servicio eléctrico en Puerto Rico, ya sea por parte de clientes conectados a la red de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) —cuya transmisión y distribución está a cargo de la compañía LUMA Energy— o de aquella clientela que tiene placas solares en el techo de su residencia. Las personas con placas y baterías solares, en ocasiones, pueden generar suficientes kilovatios-hora para atender la demanda de electricidad de su familia.
Como parte del estudio, los investigadores buscan recopilar y analizar características sociodemográficas —tales como el género, la raza y el área geográfica— “para evaluar cuáles son los segmentos poblacionales que se afectan más por la inconsistencia energética y los costos”, detalló el catedrático asociado de Psicología, en el RUM, Eduardo Lugo Hernández, en una entrevista con Todas.
Abordado por este medio, Lugo Hernández agregó que “el género es importante porque sabemos que la cara de la pobreza en Puerto Rico mayormente es de mujer; sabemos que al hablar de la justicia energética y los altos costos de energía eléctrica, el sector de mujeres en Puerto Rico puede verse mayormente afectado”. Ese es precisamente uno de los datos que desean corroborar los investigadores a través de una muestra representativa.
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La propuesta forma parte del estudio de Resiliencia y Transiciones a 100% Energía Renovable de Puerto Rico, conocido como PR100. Se trata de un estudio que dirige el Departamento de Energía de Estados Unidos, con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
La iniciativa PR100 surgió como parte de un memorando de entendimiento entre el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico, para “analizar exhaustivamente los caminos para transicionar a la energía renovable”, según la página Web del Departamento de Energía.
La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019) establece la meta de generar, para 2050, el 100% de la energía que el país necesita mediante fuentes renovables, incluyendo que en 2025 —en apenas dos años— se genere el 40% por esta vía.
Lugo detalló que la propuesta del RUM incluyó “crear una definición de justicia energética para Puerto Rico, que sea aplicable a otras partes del mundo”.
“Queremos definir los factores de justicia energética. Es importante que vaya a la par con la reducción de la pobreza en el país e identificar las áreas de mayor vulnerabilidad. A través de la experiencia de trabajo que hemos tenido con las comunidades, entendemos que hay comunidades remotas que son las últimas a las que se les restablece el servicio y no hay planes de contingencia o planes para fortalecer a esas comunidades”, expresó el psicólogo clínico comunitario e investigador.
A preguntas de Todas, explicó que existe una correlación entre el costo de vida, o en particular el costo de la energía eléctrica y la pobreza, que necesita ser estudiada. “Puerto Rico es la jurisdicción más pobre de Estados Unidos. Cuando hablamos de los costos por el ajuste de la deuda de energía eléctrica y los costos de LUMA, implica el aumento en la tarifa de energía eléctrica en la jurisdicción más pobre. Eso abona a la pobreza”. Entonces, agregó: “Sabemos que hay opciones (de generación), que no solo permiten atender la crisis climática, sino que son más económicas”.
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Escucha aquí el episodio “LUMA y la mafia que nos deja en las penumbras”, de nuestro pódcast La sala de Todas.