(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
“Él apareció y me dijo que habláramos aparte. Ahí, me dijo que él ha estado visitando una psicóloga porque ha tenido pensamientos de suicidio y hasta pensamientos de homicidio en contra mía. Yo me quedé fría, pero no le mostré temor. Le pregunté: ‘¿todavía tienes esos pensamientos?’. Y él me respondió que sí”.
Silvia, seudónimo para proteger su identidad, viajó con una visa desde la República Dominicana hacia Puerto Rico este año, luego de que su exesposo la amenazara de muerte en múltiples ocasiones. La mujer realizó una denuncia en la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de la Procuraduría Fiscal de su país, pero no prosperó porque su agresor nunca se presentó a la cita.
“Yo le puse la denuncia, y, después de eso, él estaba escribiendo muchos mensajes. Fue cuando decidí irme para Puerto Rico para alejarme de él. Mientras más lejos estuviera de él, más protegida estaría”, narró Silvia al recordar cuán difícil fue el proceso de presentar la querella.
En Puerto Rico, Silvia se comunicó con el Centro de la Mujer Dominicana y dos abogadas para conocer las protecciones a las que podría acogerse para residir en la isla, con su madre, de manera legal. Sin embargo, la organización y las licenciadas le dijeron que las opciones para regular su estatus migratorio por violencia de género eran escasas. Tras el miedo de quedarse de manera irregular con su hijo pequeño en el vecino territorio de Estados Unidos, decidió regresar a la República Dominicana, aunque teme por su vida.
El caso de Silvia es el de muchas mujeres alrededor del mundo que se ven obligadas a emigrar de sus países por leyes e instituciones patriarcales, que no les proveen protección e impiden que sus casos de violencia de género sean resueltos.
“Uno busca protección legal, pero mientras más uno busca, más feminicidios hay. Porque cuando el hombre se acerca a la mujer y la mata, la justicia no hace nada. Ese es mi temor”, sostuvo Silvia.
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Una historia que se repite
La historia de Rosa, también seudónimo, es similar en sus inicios. Emigró hacia Puerto Rico en el año 2000. Un primo que tenía en los Estados Unidos le prestó el dinero para que costeara la travesía en yola.
“Los motivos que yo tuve para venir hacia Puerto Rico fueron por violencia doméstica. En ese tiempo, todavía no se escuchaba mucho eso de denunciar. Además, mi agresor era un policía”, contó la mujer al recordar la razón que la obligó a emigrar de su país.
En aquel momento, dejó en la República Dominicana a dos niños de 5 y 8 años. Ahora, tienen 25 y 27. Hace 20 años que no ve a sus hijos físicamente. Todavía, no ha podido regularizar su estatus migratorio.
Además de la violencia física y emocional, Rosa no contaba con un trabajo en San Francisco de Macorís, así que estaba sujeta al control y a la violencia económica de su expareja.
“Yo no trabajaba. Vivía de lo poco que él trabajaba. Dependía por completo de él”, expresó la mujer.
La violencia de los policías hacia sus parejas posee una carga mayor, ya que el agresor, al ser parte del sistema, intimida a la víctima para que no pueda denunciar el maltrato. Además, muchos poseen vínculos con la Policía, lo que, en ocasiones, les permite eliminar evidencia y querellas. Ese fue el caso de una sobreviviente dominicana, en 2016, a quien la licenciada Mayra Cristina Artiles Fonseca ayudó a solicitar un asilo en Puerto Rico.
“La persona había sufrido un patrón de violencia doméstica. En el caso de ella, el abusador era una persona que tenía conexiones fuertes con la Policía. No importaba cuántas querellas ella pusiera, la persona las conseguía, y no le hacían nada. No lo arrestaban”, compartió Artiles Fonseca, miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA, por sus siglas en inglés).
La víctima huyó a Puerto Rico porque, en el país vecino, ni el Estado ni la Policía la habían protegido y temía por su vida.
“No tenía donde esconderse. Esa persona vino en yola para Puerto Rico. Estando aquí, solicitó asilo. En ese caso, no se le concedió, ya que el tribunal dijo que no había prueba suficiente para que ella no se pudiese mudar dentro de la República Dominicana”, explicó la abogada.
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América Latina y el Caribe: una de las regiones más violenta para las mujeres
La República Dominicana tenía en 2018 la quinta tasa de feminicidios más alta en América Latina, de 1.9 por cada 100,000 habitantes, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal, en 2018, al menos 3,529 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 25 países de la región. La investigación indicó que cuatro de las cinco tasas más altas de feminicidio se registran en países de Centroamérica y el Caribe.
La violencia contra la mujer, especialmente, la violencia machista, es un factor y, a menudo, pasado por alto en la crisis migratoria a nivel mundial.
En 2017, el número de migrantes internacionales alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones de 2015. Las mujeres migrantes constituyeron el 48% de estos, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La violencia continúa al otro lado del mar
Las mujeres dominicanas emigran huyendo de las violencias de sus países de origen. No obstante, al llegar a Puerto Rico experimentan múltiples formas de maltrato, evidenció la investigación de la catedrática Elithet Silva Martínez, de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Silva Martínez trabajó la investigación en colaboración con la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón.
El estudio titulado El trabajo con mujeres migrantes desde el feminismo interseccional constató que, de 900 mujeres dominicanas participantes de la organización sin fines de lucro, el 97% había experimentado violencia emocional, el 81% violencia física y el 72% violencia sexual.
“Nos dimos cuenta que estas mujeres habían experimentado violencia en el continuo de la vida de forma múltiple y simultánea desde la niñez, en la etapa pre-migratoria y al llegar a Puerto Rico por parte de empleadores y empleadoras, por parte de parejas o exparejas. También, son sobrevivientes de trata humana”, resaltó Silva Martínez.
Asimismo, la doctora, quien enfoca sus investigaciones académicas en la violencia de género, mencionó que la mayoría de las mujeres dominicanas contaron que la razón principal para emigrar hacia Puerto Rico fue la precariedad económica y algunas escapaban de violencias machistas.
“Yo entiendo que es importante problematizar el asunto de la razón de emigrar por situaciones económicas. Si miramos el asunto de la situación económica para las mujeres, el empobrecimiento y la falta de oportunidades laborales. Eso, también, es un tipo de violencia que se ejerce contra poblaciones muy particulares. Las expone aún más a estar en situaciones de otros tipos de violencia”, abundó Silva Martínez
El empobrecimiento, específicamente de mujeres, representa una de las múltiples manifestaciones de la violencia por género. Según la organización Inter-American Development Bank, en 2018, la República Dominicana era el país de Latinoamérica con las mayores brechas de género en pobreza.
Analizar la pobreza desde la perspectiva de género invita a reconocer que los hombres y las mujeres experimentan la precariedad de formas muy diferentes. El género, la edad, la raza y la ubicación geográfica son factores que inciden en la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres a vivirla.
La división sexual del trabajo les asigna a las mujeres el espacio doméstico. Por consiguiente, la carga de las labores domésticas determinará las escasas oportunidades que tendrán para acceder a los recursos materiales y sociales. Debido a los espacios limitados que se les asignan por la división sexual del trabajo y por las jerarquías sociales que se construyen sobre la base de esta división, ocurre una privación en diferentes ámbitos sociales fundamentalmente. Por ejemplo, el mercado laboral, el sistema de protección social y vivienda digna.
La emigración que acaba en feminicidio
En el 2019, dos inmigrantes dominicanas fueron asesinadas en Puerto Rico por sus parejas.
El 24 de junio de 2019, la Policía halló el cuerpo de Ana Roque Merejo ardiendo en llamas dentro de un carrito de compras, en una cancha de baloncesto, en Hato Rey, en San Juan. Luego de largas horas bajo interrogatorio, la expareja de Roque Merejo, Luis José Reyes Pérez, admitió que fue él quien le pegó fuego a la mujer de 39 años, quien se dedicaba al servicio doméstico y era madre de seis.
Días más tarde, Mercedes Duarte Rosario, de 45 años, fue asesinada a tiros por su expareja Lenny Martínez Mercedes. El crimen ocurrió el 1 de julio de 2019, en horas de la noche, en una residencia en la calle General del Valle, en Río Piedras, San Juan.
Remedios y barreras migratorias
Las leyes migratorias de los Estados Unidos protegían a las víctimas de violencia género que emigraban para evitar un posible feminicidio en sus países de orígenes. Sin embargo, en el 2018, dos decisiones jurídicas extraordinarias del gobierno del presidente Donald Trump han afectado el núcleo de asilo basado en violencia machista, luego de que el exfiscal general de la nación Jeff Sessions anuló ese precedente. Esta determinación ha tenido como resultado que sea aún más difícil ganar un caso de asilo por violencia de género.
No obstante, bajo la ley, las víctimas aún pueden ser consideradas elegibles para asilo si reúnen los requisitos legales. Además, la decisión de Sessions está siendo retada en las cortes. En diciembre de 2018, un juez federal dictaminó que el gobierno no puede usar la decisión de Sessions en las revisiones preliminares de asilo, según un artículo de la página de internet de Women’s Law.
El asilo es uno de los remedios legales, para ayudar a la víctima que emigra a causa del temor por la violencia que vive en su país de origen. Sin embargo, este recurso conlleva un proceso lento, difícil y de revictimización para la inmigrante.
Según la organización Women’s Law, una persona puede acogerse al asilo “si no es ciudadano de los Estados Unidos, pero se encuentra en la nación con miedo de volver a su país por temor a la persecución, maltrato o abuso. Este remedio le permitiría quedarse en los Estados Unidos legalmente”.
“Si han escuchado que los casos de violencia doméstica a nivel local son un proceso de revictimización, los casos de asilo son peor porque estás luchando con probar que tú fuiste víctima y, segundo, probar que el estado (de tu país) no está apto para protegerte”, sostuvo la abogada Artiles Fonseca.
Para solicitarlo, la persona tiene que evidenciar que es perseguida en su país por opinión política, religión, raza, nacionalidad o pertenecer a un grupo social particular. Las víctimas de violencia de género caerían en la última categoría. Las refugiadas tienen hasta un año para poder pedirlo.
“Muchas veces, las mujeres se van porque, a pesar de las ayudas (en la República Dominicana) no lograron controlar la situación”, añadió.
En los casos de asilo, la abogada explicó que los tribunales complican el proceso porque tratan de insistir en que la víctima tiene que haber agotado todos los remedios internos de su país. Como por ejemplo, mudarse del lugar en donde reside.
“El abogado debe probar que ese grupo social existe. Tiene que crear todo este andamiaje al tribunal sobre estos tipos de mujeres que son sobrevivientes de violencia de género y que el estado no puede controlar la situación. Es algo que le puede costar a los abogados meses”, agregó Artiles Fonseca.
La abogada recalcó que los datos producidos por las organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre los feminicidios y la violencia patriarcal en los países de América Latina evidencian y ayudan a los abogados a recolectar información para solicitar el asilo. Asimismo, indicó que no existen bases estadísticas sobre cuántas mujeres solicitan asilo o a cuántas se lo otorgan.
“No hay datos sobre el tema. Los casos que se publican son muy pocos porque tienen que ser que se van en apelación. La mayoría de los casos no se apelan, así que no nos enteramos”, reconoció Artiles Fonseca.
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Otras alternativas para las inmigrantes
Por su parte, la abogada Noeli Pérez de la Torre ofreció otros recursos legales a inmigrantes dominicanas víctimas de violencia en Puerto Rico. Desde el Centro de la Mujer Dominicana, trabaja con tres remedios legales: Ley VAWA, Visa U y Visa T.
“Cuando las personas (inmigrantes) sufren una situación de violencia estando aquí en Puerto Rico, es importante explicarles que, independientemente de su estatus migratorio, pueden solicitar todas las protecciones del estado”, puntualizó Pérez de la Torre.
La ley federal “Violence Against Women Act (VAWA, por sus siglas en inglés), prohíbe el discrimen contra las personas que han sufrido violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual y acecho que residen en viviendas financiadas con fondos federales”, según describe Ayuda Legal PR.
La licenciada añadió otras alternativas como la Visa U, que se reserva a víctimas de abuso mental o físico con un estatus irregular migratorio, y la Visa T, que protege a las perjudicadas por trata humana.
“El lugar donde ocurre la violencia va a determinar el remedio al que pudiera tener acceso la persona”, sostuvo Pérez de la Torre.
A pesar de las leyes que existen para proteger a las inmigrantes víctimas de violencia machista, cada vez son menos las que acceden a estas protecciones del Estado. El presidente Trump limitó la cantidad de refugiados que, eventualmente, serían los solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Para el año 2017, Trump redujo de 110,000, cifra establecida por Obama, a 50,000 refugiados. Luego, en 2018, la bajó a 45,000. La última reducción fue a 30,000 para el año fiscal 2019, según un artículo de Migration Policy Institute (MPI).
Diálogos atemperados a la realidad de la violencia
La fundadora y directora del Centro de la Mujer Dominicana, ubicado en el sector de Río Piedras de San Juan, Puerto Rico, Romelinda Grullón, compartió que la violencia de género que sufren las inmigrantes es latente. A raíz de esto, muchas víctimas no tienen más alternativas que salir de su país de origen mediante un visado o arriesgando su vida en una travesía en yola, como los casos de Silvia y Rosa.
“Es una situación que enfrentan muchas mujeres (emigrar para huir de sus agresores). En el caso de Silvia, ella vino con una visa y con su niño. Si se quedaba después que se venciera el término que le dio migración, se iba a quedar de una forma indocumentada. En sí, no iba a tener ninguna protección. No iba a tener un permiso de trabajo. No podía seguir estudiando. Aunque el niño se podía quedar sin ninguna penalidad, porque no importaba su situación migratoria”, explicó Grullón.
Asimismo, enfatizó que cuando las mujeres emigran de sus países de una manera irregular, la situación se complica aún más, ya que no tienen alternativa como Silvia de regresar para no permanecer “ilegal” en territorio estadounidense.
“Cuando la persona viene en yola, tiene muy pocas opciones de regresar. Y si se regresan, pues se les va hacer bien difícil poder volver. A menos que emprenda otra vez, esa dolorosa travesía”, dijo la directora, quien lleva más de 30 años trabajando para proteger la vida de las mujeres dominicanas en Puerto Rico.
Grullón expresó que el gobierno de la República Dominicana tiene que asumir responsabilidades ante la violencia de género que arropa el país.
“Las leyes que protegen a las mujeres son bien débiles o no se hacen cumplir. ¿De qué forma se va a trabajar con las víctimas de violencia en los países de orígenes, en este caso la República Dominicana? No se habla mucho de cómo se va a trabajar con el machismo y con los familiares también. Muchas veces, la falta de apoyo para proteger a las mujeres de la violencia viene de los mismos familiares. Albergues, hay muy pocos (en República Dominicanas). Hay mucho por hacer. Hay que tener diálogos serios, atemperados a las realidades que viven estos países”, insistió.
De igual forma, mencionó que los consulados deben tener protocolos para atender a las mujeres que emigran huyendo de un posible feminicidio. También, expresó que los consulados deben integrarse con las ONGs, que trabajan en la comunidad con la violencia de género.
Si el gobierno de los Estados Unidos y de la República Dominicana reconocieran que la violencia de género y las emigraciones forzadas representan una laceración a los derechos humanos, tal vez, las historias de Silvia y Rosa, hoy, fueran distintas.
