Esta nota fue publicada originalmente en Volcánicas.
El 14 de septiembre de este año, la sobreviviente de una violación grupal ocurrida en 2024 en la fraternidad Chi Phi de la Universidad Cornell de Nueva York presentó una demanda civil en un tribunal estatal de Manhattan contra siete estudiantes, la universidad (por negligencia), la fraternidad Chi Phi local y nacional, Tri Delta y una discoteca de Ithaca, reabriendo así el caso. Los nombres de los acusados son Matthew Ingalls, Diego Sarabia, Winston Lee, Jonathan Newell, Gillio Lopes, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Ninguno de ellos ha sido condenado penalmente por estos hechos.
El caso “Cornell 7”
De acuerdo con la denunciante, que entonces tenía 20 años, ella acudió a la casa de Chi Phi en Ithaca, al norte del estado de Nueva York, como visitante, después de haber consumido alcohol. Dice que allí la presionaron para inhalar drogas. Mientras se encontraba en estado de intoxicación e incapacidad para consentir, denuncia que empezó a ser sexualmente agredida y que, posteriormente, otros integrantes de la fraternidad llegaron al lugar.
La demanda incluye imágenes de un grupo de Snapchat de la fraternidad llamado “Chi Pi Activities”. Hacia la 1:42 de la madrugada del 19 de octubre de 2024, Newell envió el primer mensaje, diciendo que había una mujer arriba “disponible” para tener sexo. Después, otro preguntó “¿Shop still open?” (“¿Sigue abierta la tienda?”) y le respondieron “Yea”. También hay mensajes como “the alumni sl*t is not a bit” y “like can you walk in and whip it out”. El grupo de Snapchat se llamaba “Chi Phi Actives” y tenía decenas de miembros. Ninguno de ellos hizo nada para evitar la violación.
La denunciante reportó el incidente ante la policía de Cornell el 8 de noviembre de 2024, aproximadamente tres semanas después de los hechos, y luego abandonó la universidad. Durante la investigación realizada en 2024 no se presentaron cargos contra los siete hombres. El 28 de septiembre, cuando se anunció la reapertura del caso, Matthew Van Houten, fiscal del condado de Tompkins, explicó que la declaración que la mujer proporcionó a la policía en noviembre de aquel año difería sustancialmente de las acusaciones incluidas posteriormente en la demanda. Según el fiscal, en su declaración inicial la mujer no afirmó haber sido drogada contra su voluntad, ni haber sido víctima de una violación grupal, habiendo descrito su consumo de drogas, alcohol y conducta sexual como voluntarios y consensuados. El abogado de la víctima, Thomas Giuffra, ha explicado a medios que ella experimentó estrés postraumático después de los hechos, algo usual en víctimas de agresión sexual, y que las autoridades debieron realizar nuevas entrevistas y recopilar evidencia antes de cerrar la investigación.
Cornell sostiene que sí realizó una investigación a través de sus oficinas de derechos civiles y conducta estudiantil y que impusieron distintas sanciones, entre ellas expulsiones y suspensiones (sin especificar cuántos estudiantes se habían atendido a esta consecuencia). La demanda cuestiona la respuesta de la universidad frente a las acusaciones. De acuerdo con Giuffra, solo dos de los siete estudiantes fueron expulsados y otros recibieron sanciones como suspensiones, talleres o la tarea de elaborar un ensayo escrito. Ninguno fue arrestado. La institución también señaló que la fraternidad de Chi Pi fue cerrada en 2024 y continúa sin poder operar dentro del campus. Cornell ha rechazado específicamente la afirmación de que los estudiantes involucrados únicamente tuvieran que escribir ensayos como consecuencia de su participación.
Van Houten informó que la Fiscalía llevará nuevamente el caso ante un gran jurado para determinar si existe evidencia suficiente para formular cargos.
Las violaciones masivas en fraternidades no son casos aislados
El caso “Cornell 7” encaja en un patrón que la investigación académica documenta desde hace más de tres décadas. En “Fraternity Gang Rape” (1990), la antropóloga Peggy Reeves Sanday mostró que la violación en grupo dentro de las fraternidades no es una desviación, sino un ritual que fortalece la hermandad masculina: el cuerpo de una mujer se vuelve el medio a través del cual los hombres sellan su lealtad y su pacto de silencio.
Años después, las sociólogas Elizabeth Armstrong y Laura Hamilton, con Brian Sweeney, llevaron el análisis de los individuos a las estructuras. En “Sexual Assault on Campus: A Multilevel, Integrative Approach to Party Rape” (Social Problems, 2006) acuñaron el concepto de “violación en fiestas” y explicaron que las fraternidades controlan el espacio, el alcohol y las reglas de la fiesta, mientras las mujeres llegan como invitadas a un territorio ajeno y las universidades toleran ese orden.
Los datos lo confirman: en un estudio con 779 estudiantes, Jacqueline Chevalier Minow y Christopher Einolf (Violence Against Women, 2009) encontraron que las mujeres de sororidades sufren más violencia sexual que sus compañeras sin afiliación y que más de un tercio de las violaciones reportadas ocurrieron en casas de fraternidades.
La impunidad, además, tiene una base cultural. Taylor Martinez y su equipo (2018) encontraron que los hombres de fraternidad son quienes más creen que los “buenos chicos” (exitosos, populares, de buena familia) no violan. Ese mito del perpetrador ayuda a explicar por qué, en Cornell, algunos acusados habrían podido reducir sus sanciones con ensayos. Y mientras las instituciones fallan, el peso de la prevención cae sobre las propias mujeres: Simone Ispa-Landa y Sara Thomas (Sociology of Education, 2023) documentaron cómo las estudiantes de una universidad de élite desarrollan estrategias para esquivar la violación en fiestas de fraternidades que no pueden evitar si quieren tener vida social en el campus.
El caso vuelve a poner en el centro estas conversaciones y el derecho de las mujeres a denunciar violencias sexuales pasadas y a que las acusaciones sean investigadas de manera adecuada.
