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Al menos 902 personas embarazadas enfrentaron cargos criminales relacionados con su embarazo, una pérdida gestacional o un parto durante los primeros tres años posteriores a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que eliminó la protección federal al aborto, según un informe publicado este martes por la organización Pregnancy Justice.
El estudio analiza los casos criminales iniciados entre el 24 de junio de 2022 y el 23 de junio de 2025, después de que el Tribunal Supremo resolviera Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization y revocara Roe v. Wade. Los datos forman parte de una investigación que Pregnancy Justice realiza sobre la criminalización del embarazo en Estados Unidos.
Aunque la derogación de Roe v. Wade no creó directamente nuevos delitos relacionados con el embarazo, sí le otorgó a los estados un margen mucho mayor para prohibir el aborto, reconocer personalidad jurídica al feto desde etapas tempranas del embarazo y utilizar leyes existentes, como las de maltrato de menores, exposición a sustancias y homicidio, contra personas embarazadas.
Pregnancy Justice advierte que ese cambio legal amplió un entorno en el que decisiones médicas, pérdidas gestacionales, consumo de sustancias o conductas durante el embarazo pueden ser investigadas y procesadas penalmente.
La organización identificó, preliminarmente, procesamientos en 23 estados. La mayoría de los casos documentados ocurrió en Carolina del Sur, con 381; Oklahoma, con 222; y Alabama, con 204.
Cuando se criminaliza el aborto, todas son sospechosas
Aunque el derecho al aborto ha ocupado gran parte del debate público desde la decisión de Dobbs, el informe muestra que la criminalización va mucho más allá de interrumpir un embarazo.
De las 955 acusaciones presentadas contra las 902 personas identificadas, 876 —más de nueve de cada diez— fueron por alegado maltrato, negligencia o por supuestamente haber puesto en peligro a menores. Hubo, además, 36 cargos de homicidio y 11 relacionados específicamente con uso de drogas. Solo uno fue clasificado como un delito específicamente relacionado con el aborto.
El uso de sustancias concentra la mayoría de las acusaciones
En 871 de los 902 casos, las autoridades alegaron que la persona había utilizado alguna sustancia durante el embarazo. En 550 casos, esa fue la única conducta señalada por la fiscalía. Las sustancias mencionadas con mayor frecuencia incluyeron metanfetaminas, cannabis, anfetaminas, cocaína y fentanilo.
El informe también identificó 77 casos en los que la falta de cuidado prenatal fue presentada por policías o fiscales como evidencia de un delito. Pregnancy Justice destacó esta práctica en un contexto de falta de acceso a servicios de salud materna y de regiones de Estados Unidos donde escasean los proveedores de estos servicios.
Otros 13 casos incluyeron alegaciones relacionadas con haber obtenido un aborto, intentado interrumpir un embarazo o incluso investigado la posibilidad de abortar.
Para Pregnancy Justice, estos casos muestran cómo el interés o la búsqueda de información sobre el aborto puede utilizarse como evidencia contra una persona, aun cuando no se presente un cargo específico por aborto.
No era necesario probar que hubo daño
Uno de los hallazgos más significativos del informe es que, en 854 de las 955 acusaciones, las leyes utilizadas por las fiscalías no requerían demostrar que las acciones de la persona embarazada hubieran causado un daño al feto o al recién nacido.
La mayoría de los casos documentados terminó en un nacimiento vivo: 717 de los 902. Otros 70 estuvieron relacionados con la muerte de un feto o un infante, incluidos casos de aborto espontáneo, muerte fetal o fallecimiento de un recién nacido.
Los datos disponibles también muestran que las personas de bajos ingresos conforman una parte importante entre quienes enfrentaron estos procesos. Pregnancy Justice consideró como indicios de bajos ingresos factores como tener representación legal asignada por el tribunal, recibir Medicaid o asistencia pública, o experimentar falta de vivienda.
Información médica utilizada en procesos criminales
La investigación también señala el papel que desempeñan los sistemas de salud y de protección de menores en estos casos. En 700 de los 902 procesos, la información fue obtenida o divulgada en un contexto médico, que puede incluir servicios de emergencia. En 468 casos estuvo involucrado el sistema de protección de menores.
Según Pregnancy Justice, estos hallazgos apuntan a una interacción entre los sistemas de salud, protección de menores y justicia criminal que puede convertir espacios a los que las personas embarazadas acuden buscando atención o apoyo en puntos de vigilancia y posible intervención penal.
“Nuestros datos indican que la criminalización del embarazo involucra a múltiples sistemas que contribuyen a sostener los procesos penales, en particular los sistemas de salud y de vigilancia e intervención familiar”, lee el informe.
Pregnancy Justice ha documentado la criminalización del embarazo desde antes de la caída de Roe. En su informe sobre el primer año posterior a Dobbs, había identificado al menos 210 procesamientos, y para los primeros dos años la cifra había ascendido a 412. La actualización publicada este martes eleva el total documentado para los primeros tres años a por lo menos 902 casos.
