Las periodistas de Todas nos oponemos al Proyecto del Senado 63, una medida que pretende empeorar la Ley de Transparencia (sí, esa ley ya defectuosa que firmó Ricardo Rosselló justo antes de dejar La Fortaleza, en el Verano del 19, en contra del consenso de organizaciones y ciudadanes). Las enmiendas que esta medida legislativa propone limitaría aún más el acceso a la información pública en Puerto Rico.
Sorpresivamente, a última hora del viernes, el Senado incluyó esta medida en su calendario de votaciones para mañana, martes, 14 de octubre.
La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141 de 2019) es la norma principal que regula el derecho de la ciudadanía a acceder a información del gobierno en Puerto Rico. Su aprobación entonces no contó con consenso ni amplia participación ciudadana.
Lo sabemos. Rosselló estaba de salida, obligado a renunciar tras la ola de protestas en las que el trabajo de la prensa tuvo mucho que ver, y su firma a esta ley fue una de sus últimas estocadas antes de irse.
La ley establece que toda persona puede solicitar documentos y datos a las agencias públicas y que estas deben responder en un término de 10 días laborables, prorrogables por otros 10.
Organizaciones como el Centro de Periodismo Investigativo y Sembrando Sentido han documentado que la Ley 141 es una de las más débiles a nivel internacional y que, lejos de promover la transparencia, ha obligado a ciudadanos y periodistas a recurrir a los tribunales para obtener información pública. Hasta 2024, se habían registrado más de 370 demandas por acceso a la información, porque aun estos términos son continuamente violentados por funcionarios públicos que responden a intereses político partidistas antes que al bien común.
De convertirse en ley, el PS 63, sobre el que el Senado pretende votar este martes, presentaría más obstáculos. El proyecto, de la autoría de Thomas Rivera Schatz, busca duplicar los plazos de entrega de información, de 10 a 20 días laborables, o hasta 40 con prórroga; elimina el derecho a pedir datos en formatos abiertos, y da poder de veto a jefes de agencia sobre la divulgación de información.
Su configuración es, en realidad, una respuesta al trabajo de fiscalización de periodistas y ciudadanos que han revelado información que algunas agencias y funcionarios preferirían ocultar.
Para el PS 63 no hubo vistas públicas en el Senado. Sí, por iniciativa del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en mayo se celebraron unas vistas públicas ciudadanas. A partir de las recomendaciones y objeciones de más de una decena de entidades, se preparó un informe que se envió a la gobernadora Jenniffer González Colón, así como a todos los legisladores. Comoquiera, la Comisión de Gobierno del Senado preparó un informe positivo que ignora todas estas posiciones.
Cuando el proyecto baje a votación, queda la posibilidad de que se incorporen enmiendan aún más detrimentales, como las que propuso la Comisión Estatal de Elecciones: que el término para que Ia CEE responda a peticiones de información durante el ciclo electoral, sea el doble del término regular establecido; que cuando se requiera o peticione información dentro de los 60 días antes de un evento electoral, la entidad tenga 60 días Iaborables para responder y proveer la información solicitada; que si la información se solicita durante el progreso de un evento electoral, la CEE disponga de 20 días laborables, una vez concluido el escrutinio, para responder a la petición; que se establezca que será considerada confidencial cualquier información del Registro Electoral.
Estas propuestas de la CEE, por supuesto, son una reacción a la serie de reportajes que publicaron las periodistas del Centro de Periodismo Investigativo Omaya Sosa Pascual y Wilma Maldonado Arrigoitía, iniciando con la publicación de Amplio esquema de robo de votos corrompe el sistema electoral en Puerto Rico.
Es importante resaltar que fue mediante el ejercicio del derecho a la información pública que en Todas —en alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, como parte de la Unidad Investigativa de Género— pudimos publicar, por ejemplo, el número de agentes de la Policía arrestados por violencia doméstica que nunca enfrentaron consecuencias, y documentar la cultura de impunidad que reina al interior del Negociado de la Policía. Obtener la información significó más de un año de litigio ante el Tribunal Superior de San Juan, con la representación de los abogados de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Imagínate, cuánto les hubiera costado, en tiempo y dinero, a las periodistas Cristina del Mar Quiles y Syra Ortiz Blanes tener la información con los nuevos términos que propone el Senado. Sin transparencia, datos como estos quedarían en la oscuridad.
Un golpe a la justicia feminista
Para el feminismo, la transparencia es una herramienta de poder y justicia. Nos permite visibilizar violencias, denunciar la inacción estatal y exigir el reconocimiento oficial de nuestros derechos.
El PS 63 se suma a una tendencia peligrosa que hemos atestiguado en Puerto Rico y en Estados Unidos, la de cerrar espacios de fiscalización ciudadana y periodística.
La gobernadora ya convirtió en ley (Ley 114 de 2025), también en contra del consenso ciudadano, una medida que convirtió en confidenciales datos del Registro Demográfico, los mismos que ha utilizado el Observatorio de Equidad de Género para contabilizar y clasificar los feminicidios en Puerto Rico, y exigir políticas públicas de prevención.
Lee aquí: Falta de acceso a datos dificulta el esclarecimiento de feminicidios
Sin información pública, se dificulta el ya difícil trabajo de documentar desigualdades, denunciar abusos y exigir políticas basadas en evidencia. Cuando se limita el acceso a datos, se borra a las víctimas y se perpetúa la impunidad.
Con los cambios que propone el PS 63, cualquiera que solicite información pública tendría que esperar más de 30 días para obtenerla, incluso si se trata de un asunto urgente que afecta a su familia o comunidad. En un país donde las agencias ya incumplen sistemáticamente, esta ley solo profundizaría la desigualdad entre quienes pueden costear litigios y quienes no.
El derecho a la información pública no es solo para periodistas. Es un derecho que también es tuyo y de todas las personas que viven en Puerto Rico. Sin ese derecho, la ciudadanía pierde la capacidad de exigir cuentas y la prensa pierde la posibilidad de fiscalizar al poder.
Por eso, te invitamos a unirte a cualquier esfuerzo de oposición al PS 63, a regar la voz y a defender nuestro derecho a saber.
¿Qué puedes hacer? Llama a tu senador o senadora, comparte información en redes sociales, riega la voz y haz pública tu oposición a esta medida.
Estaremos este martes en la conferencia de prensa que se realizará frente al Capitolio, en contra de la medida y en unión a Sembrando Sentido, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Kilómetro Cero, Overseas Press Club, Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, Ayuda Legal y el Centro de Periodismo Investigativo, entre otras organizaciones.
