En alerta defensores de derechos humanos ante medida de libertad religiosa

Las entidades defensoras de los derechos humanos continúan vigilantes a la medida de libertad religiosa que, según la Federación LGBTQ+ y el Movimiento Victoria Ciudadana, pondría en riesgo derechos existentes para la comunidad LGBTTIAQ+ y otras poblaciones vulnerabilizadas. 

El proyecto del Senado 01 –radicado por el senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz y de la coautoría de la también novoprogresista Brenda Pérez Soto y la senadora de Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve– permanece, desde febrero, a la espera de un informe por parte de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos. 

No obstante, la Federación LGBTQ+ asegura que puede bajar a votación en el Senado en cualquier momento. 

“Estamos en un escenario bastante peligroso. La realidad es que nosotros estamos vigilantes y atentos. Yo creo que el que se haya detenido la medida de libertad religiosa [por el momento] en parte se debe al activismo que hemos realizado de expresar oposición a esta medida, de demostrar los alcances peligrosos que tiene y que eso no lo puede despintar nadie. Estamos en ese proceso, un proceso que va a ser complicado, pero estamos listos, listas y listes y puestas para el problema, como se dice”, expresó el presidente de la Federación LGBTQ+, Pedro Julio Serrano.  

Vista pública solo para algunos sectores

El 26 de febrero de este año, el Senado evaluó la medida en una vista pública, pero negó la participación a la Federación LGBTQ+, pese a que fue esta organización la que exigió vistas desde que se sometió la medida en enero. 

Rivera Schatz afirmó, por medio de un comunicado de prensa, que recibirán las ponencias de aquellas entidades que no pudieron participar, pero que el Senado decide quiénes participan en las vistas públicas y quiénes no. 

Además, el presidente del Senado admitió que el Partido Nuevo Progresista [PNP] adelantará la medida, con los ajustes que tengan que hacer, sin importar la oposición. 

“Hay gente que quiere participar de este proceso de vista pública, por escrito o de manera presencial, que se iban a oponer de todas maneras, que se oponían durante la campaña, que decían que si prevalecíamos, íbamos a hacer esto. En efecto, así fue, así es y así será. Trajimos el proyecto, se va a aprobar, vamos a ajustar lo que hay que ajustar y vamos a darle la participación a todo el mundo. No queremos quitarle nada a nadie, pero no vamos a entregar lo nuestro”, declaró Rivera Schatz en el comunicado de prensa. 

Para Serrano, esta actitud que excluye a algunos sectores de presentar sus opiniones en vistas públicas representa un riesgo para la democracia del país.

 “Lo que estamos viendo aquí es un intento de que, como tienen mayoría absoluta [el PNP], de aprobar los proyectos que ellos entiendan que son necesarios sin importar el resto del país y las necesidades que haya. Es bien peligroso para la democracia”, afirmó el activista. 

Entre los grupos que presentaron en la vista pública se encontró: el Sínodo Presbiteriano Borinquén y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, quienes se opusieron a la medida. 

A favor, hubo representación por parte del Departamento de Salud y Educación; el pastor Ottoniel Font, del Concilio Fuente de Agua Viva; el pastor Walter Santiago de Puerto Rico por la Familia; pastor José “Tito” Cabán de la Iglesia Avance Internacional; René Pereira de la Asociación Iglesia Bautista del Sur; y Eric del Valle de la Iglesia Adventista de Puerto Rico.

A pesar de la negativa a participar, la Federación LGBTQ+ envió su ponencia al Senado en la que, la entidad compuesta por más de 90 organizaciones, resaltó que la libertad religiosa ya está protegida por la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos y no necesita mayores protecciones. Además, expuso que la medida permitiría a servidores públicos negar servicios a personas de la comunidad LGBTTIAQ+ basados en creencias religiosas. 

Riesgo para derechos adquiridos

Para la coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, no existen datos o evidencia que sustenten la necesidad de esta medida que, además, pondría en riesgo los derechos de otras comunidades. 

“De hecho, el PS 0001 plantea una redundancia legislativa que pone en riesgo derechos adquiridos, al permitir que creencias religiosas se utilicen para excluir o discriminar a sectores de la población”, expresó Rivera Lassén por medio de un comunicado de prensa. 

De acuerdo con la exsenadora, de convertirse en ley, este proyecto permitiría la influencia religiosa en las escuelas, otorgaría exenciones religiosas para la vacunación de una manera que pondría en riesgo la salud colectiva, abriría la posibilidad de que personas en el empleo público se nieguen a atender a personas por razones religiosas, y permitiría justificar negativas a tramitar documentos, procesar casos o brindar servicios a ciudadanos y ciudadanas cuyas creencias no coincidan con las del personal gubernamental. 

Para que la medida se convierta en ley, tiene que aprobarse en el Senado, en la Cámara de Representantes y ser firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón. 

De aprobarse en el Senado, Serrano afirmó que trasladarían sus esfuerzos de oposición a la Cámara de Representantes e, incluso, si llegara a convertirse en ley, retarían la medida en los tribunales. 

“Nosotros vamos a agotar todos los recursos y, si se aprobara la medida y se convirtiera en ley, nosotros buscaríamos la manera de impugnarla en los tribunales porque sabemos que es una medida inconstitucional y que realmente el gobierno no puede dar licencia para discriminar a ninguna persona”, concluyó Serrano.