En manos de la gobernadora Jenniffer González Colón queda la posibilidad de que la salud reproductiva de las personas gestantes en Puerto Rico sufra un gran retroceso si convierte en ley el Proyecto del Senado 504, aprobado a la carrera en la Legislatura.
Esta medida, de la autoría del senador del Partido Nuevo Progresista y presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, propone enmendar el Código Civil de Puerto Rico para reconocer personalidad jurídica al no nacido (nasciturus) desde el momento de la concepción.
El proyecto de ley se descargó de forma apresurada en la Cámara de Representantes el pasado jueves, en el corre y corre del último día de sesión de la actual sesión ordinaria. Al igual que había hecho el Senado el pasado mes de junio, la medida se aprobó sin vistas públicas.
El PS 504 es una una imitación de medidas similares en estados de Estados Unidos, impulsadas por movimientos antiderechos, que buscan imponer su voluntad sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres y las personas gestantes. El objetivo es prohibir el aborto y obligarles a parir.
Para la activista, líder feminista y abogada Ana Irma Rivera Lassén, el PS 504 es contradictorio en el lenguaje y enfrenta problemas constitucionales.
“Creo que es un intento de ganar votos de las personas más conservadoras en estos temas. El proyecto mantiene lenguaje que reconoce que ‘es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la gestante, demostrada por el reconocimiento médico o la declaración de testigos de que luego del parto exhibió signos vitales y reacciones fisiológicas y biológicas propias’. Ese lenguaje da al traste con lo que en el mismo proyecto se trata de establecer, es decir, ir por encima de la autonomía de las mujeres y personas gestantes, y del principio constitucional al derecho a la intimidad”, argumentó la excandidata a comisionada residente del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
Rivera Lassén subrayó que “es sumamente contradictorio” decir por un lado que “la representación del ser humano en gestación corresponde a quien la ejercerá cuando nazca y en caso de imposibilidad o incapacidad, a un representante legal o defensor judicial” y por otro lado, decir que los derechos que se reconocen al nasciturus no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley.
“Hay que ver los efectos de este proyecto y sus contradicciones de convertirse en ley y si es algo que puede ponerse en práctica, sin intervenir en la intimidad de las mujeres y personas gestantes, y sin convertir a las mujeres y personas gestantes en personas sin derechos sobre sus cuerpos. ¿Cómo pretenden hacer eso?”, cuestionó la letrada.
La presidenta del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAAPR), Vivian Godineaux Villaronga, considera que la medida redefine de forma extrema la personalidad jurídica al reconocer como “persona natural”, incluso al cigoto —y a etapas biológicas previas a su existencia— alterando pilares esenciales del Código Civil.
La abogada advirtió que de convertirse en ley, el PS 504 tendría consecuencias “graves e impredecibles” para el ordenamiento jurídico puertorriqueño, afectando áreas tan diversas como derechos reales, contribuciones, sucesiones, seguros, responsabilidad civil, derecho de familia, alimentos y acceso a servicios de salud.
“La medida impactaría directamente la autonomía corporal y la salud de las mujeres y personas gestantes, así como tratamientos de fertilidad, fecundación in vitro y otros servicios médicos. Su aprobación acelerada, sin análisis técnico ni vistas públicas amplias, crea un riesgo sustancial de caos jurídico y litigación masiva”, puntualizó.
Godineaux Villaronga exhortó de forma enérgica a la gobernadora a no firmar la pieza legislativa.
“Convertir esta medida en ley comprometería la estabilidad jurídica y económica del país, y afectaría derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución. Puerto Rico merece legislación responsable, informada y sensible a sus realidades, no cambios improvisados que ponen en riesgo la vida y el bienestar de nuestra gente”, afirmó la presidenta del CAAPR.
“Esta es una vía para continuar allanando el camino para la ilegalización total del derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo. Es un atentado contra la autonomía de las mujeres. Es una forma del Estado imponerse sobre el cuerpo de las mujeres”, arremetió la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, uno de los votos en contra de la propuesta legislativa.
Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), subrayó que, en la medida en que se le conceda personalidad jurídica al nasciturus, se convierte en un sujeto de derecho y “eso tiene otras implicaciones jurídicas muy complejas, desde los derechos hereditarios hasta la posibilidad de que se utilice como zapata jurídica para impedir que las mujeres puedan terminar el embarazo, aun en los términos que actualmente permite el derecho”.
“No podemos perder de vista que el presidente del Senado ha dicho con todas sus letras que él quisiera que el aborto fuera siempre absolutamente ilegal”, agregó la legisladora.
La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Alvarez Conde, quien también votó en contra de la medida, dijo que cuando se llevó a votación en el Senado en junio pasado, propuso enmiendas que no se acogieron.
“Aunque esta medida vino atada a la idea de que había que penalizar las muertes de niños por nacer como fue el caso de Keishla Rodriguez, lo cual entiendo y favorezco, la manera en que estaba redactada no era solo sobre eso. Hay que cuidar el lenguaje de las cosas para que, en la búsqueda de defender una causa, no se abran puertas para ahogar otros derechos”, expresó Álvarez Conde.
Derechos reproductivos como moneda de cambio
La Coalición Aborto Libre Puerto Rico denunció que el PS 504 fue utilizado el úlltimo día de aprobación de medidas como “moneda de cambio”, en un acuerdo “transaccional” entre los presidentes del Senado, Rivera Schatz y de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.
La coalición de organizaciones y personas que educan, defienden el derecho al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos reclamó también a la gobernadora que no de paso a la medida.
“Una vez más, Méndez cedió ante la presión autoritaria de Rivera Schatz y aceptó descargar varias medidas suyas a cambio de que el Senado reconsiderara diez que le había tumbado. Entre las piezas utilizadas como moneda de cambio estuvo el PS 504”, denunciaron las portavoces de Aborto Libre, Yanira Reyes, Alondra del Mar Hernández y Rosa Seguí.
“En este trueque turbio, totalmente desconectado de interés público, se negociaron la salud, libertad y autonomía de las personas gestantes. Un proceso sin transparencia, sin participación y sin respeto al debido proceso legislativo es, sencillamente, un atropello democrático inaceptable”, reclamaron las lideresas.
“El proyecto pretende otorgar ‘capacidad y personalidad jurídica a un óvulo
fertilizado desde el momento del encuentro con un espermatozoide. Esta definición anticientífica y contraria a todo principio básico del derecho crea un absurdo jurídico capaz de desestabilizar el ordenamiento completo del país. Bajo esta normativa, el nasciturus podría recibir protecciones amplias —desde reclamaciones de salud hasta beneficios patrimoniales o laborales— sin que la persona gestante obtenga protección alguna, a pesar de asumir todos los riesgos físicos, emocionales y sociales del embarazo”, apuntalaron.
Las abogadas recalcaron que convertir en ley el PS 504 implica alterar las bases del sistema jurídico y abrir la puerta a un estado de excepción permanente sobre los cuerpos gestantes.
“Irónicamente, quienes desean embarazarse y parir serían quienes más sufrirían las consecuencias: presión legal, intervención judicial, restricciones sobre su salud, sus decisiones clínicas y su vida cotidiana. Esto no es defensa de la maternidad y crianza; es una agresión institucional que contradice toda filosofía de derechos humanos”, destacaron las portavoces de Aborto Libre.
“La decisión que se ha tomado no solo es un disparate jurídico, sino una afrenta abierta a los derechos humanos de las personas gestantes. Es profundamente antidemocrático imponer medidas que afectan nuestra salud, nuestras vidas y nuestros proyectos familiares sin transparencia, sin participación y bajo un esquema claramente transaccional. Este tipo de acción revela un plan que utiliza los cuerpos y las decisiones reproductivas de las personas gestantes como moneda de cambio, perjudicando sobre todo a quienes quieren parir con dignidad, seguridad y autonomía”, condenaron las lideresas feministas.
“Ningún gobierno ni institución tiene la potestad de intervenir de manera tan burda. Esto no solo es jurídicamente insostenible; es moralmente inadmisible y políticamente peligroso”, afirmaron.
La coalición de organizaciones y personas que educan, defienden el derecho al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos reclamó también a la gobernadora que no dé paso a la medida legislativa. Según el portal de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), el PS 504 se encuentra en el proceso de “enrolado”, mediante el cual una medida pasa a las firmas de los presidentes de las cámaras en su versión final aprobada en ambos cuerpos legislativos para ser remitida a La Fortaleza.
“La autonomía, dignidad y los derechos de las mujeres y personas gestantes, deben ser respetados y protegidos. Ningún proyecto de ley puede negociar lo que es inalienable. Exigimos a la gobernadora Jenniffer González Colón a hacer lo correcto: no firme el PS 504 y evite alterar de manera caprichosa y transaccional el ordenamiento jurídico, utilizando a las personas gestantes con deseos de criar como moneda de cambio”, expresaron las portavoces de Aborto Libre.
La ginecóloga obstetra Yarí Vale Moreno advirtió que el PS 504 podría tener repercusiones directas en la práctica médica, creando un clima de temor y ambigüedad entre profesionales de la salud ante situaciones críticas como interrupción de embarazo en casos de cáncer o condiciones que requieran tratamiento inmediato; manejo de embarazos ectópicos, donde la demora en la intervención puede ser mortal; atención a abortos espontáneos incompletos, con riesgo de hemorragia y sepsis.
Actualmente, el Código Civil protege las decisiones de las personas gestantes como un derecho constitucional. Con el PS 504, ese derecho quedaría sujeto a lo que dispongan leyes futuras, lo que podría facilitar la aprobación de una prohibición total del aborto.
