Ilustración por Emmalynn González, E.G. Atelier
La Oficina sobre la Violencia contra las Mujeres (OVW, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos suspendió los anuncios de las convocatorias de fondos federales en su página web y dejó en vilo los servicios que albergues y organizaciones sin fines de lucro ofrecen a las sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico.
Estos fondos son la principal fuente de financiamiento para sostener los ofrecimientos, según explicó Coraly León Morales, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia Doméstica. Según dijo, la movida busca alinear las políticas de la OVW con los nuevos posicionamientos del presidente Donald Trump.
“Nuestra interpretación, ante lo que está ocurriendo, es que están buscando realizar convocatorias para alinearlas con los nuevos posicionamientos federales, pero tememos que dentro de ese análisis, algunos programas no se reabran”, sostuvo.
Actualmente, el 80 por ciento de los albergues en la isla se sostienen con fondos federales que son otorgados por agencias como la OVW y canalizados por agencias locales.
Ante la incertidumbre, los albergues han comenzado a realizar evaluaciones internas, con el fin de identificar cuánto tiempo podrán operar con sus fondos de emergencia. “Sabemos que los fondos no durarán para siempre. Ningún fondo de emergencia tiene la capacidad de sostenerse durante cuatro años”, indicó León Morales.
Podrían cerrar operaciones
La directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres, Vilma González Castro, por su parte, expresó que esta decisión podría llevar a algunas organizaciones a cesar operaciones. “En el mejor de los casos, (podrían) permanecer durante un corto período, pero no sería sostenible a largo plazo debido al alto costo de mantener los albergues, las líneas de emergencia y los servicios psicológicos”.
Las organizaciones temen que, de no contar con estos fondos, la crisis se profundice y los casos de violencia aumenten. “Si no hay recursos para atenderlos, el problema será mucho mayor”, puntualizó González Castro, quien destacó que muchos de los avances alcanzados durante años de trabajo en la lucha contra la violencia de género podrían cancelarse con la suspensión de esta convocatoria. “Por muchos años, se ha trabajado con este tema y se han buscado alternativas para promover una vida segura para las mujeres y sus familias. Ahora, todo eso está en peligro”, lamentó.
Coraly León Morales, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia Doméstica
El riesgo aumenta con la proximidad del periodo de presentación de propuestas para el próximo año fiscal. Algunas de las convocatorias de OVW han sido retiradas de su página web, lo que aumenta las dudas sobre si las solicitudes se reabrirán y qué nuevos requisitos se establecerán.
La preocupación por el futuro de estos recursos ha llevado a las organizaciones a buscar el apoyo de donantes y fundaciones locales para garantizar los servicios de primera mano. “Estos albergues salvan vidas el 100 por ciento de las veces y garantizan la vida de las víctimas de violencia doméstica y sus hijos e hijas”, resaltó León Morales.
Un paso en la dirección correcta
Como una medida para mitigar el impacto que provocaría esta decisión del gobierno federal, el Senado de Puerto Rico presentó la Resolución Conjunta 11, que busca asignar un millón de dólares a los albergues que forman parte de la Red Nacional de Albergues. “Esta resolución es un paso en la dirección correcta, ya que permite que, en 2025, los albergues cuenten con recursos que puedan apoyar los servicios esenciales”, opinó León Morales. Recalcó, además, la importancia de que se identifiquen fondos recurrentes para garantizar la continuidad de la asistencia a las sobrevivientes.
“Nuestra apuesta es que se desarrolle un fondo que permita a los albergues seguir operando y salvando vidas. Esto es un servicio que el Estado no provee y que las organizaciones comunitarias han brindado durante más de 45 años en Puerto Rico”, aseguró León Morales.
