(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Senadores de los partidos Nuevo Progresista (PNP), Popular Democrático y Proyecto Dignidad presentaron este mes proyectos de ley que buscan restringir aun más el derecho al aborto en Puerto Rico, un esfuerzo del ala conservadora y antiderechos intrínsecamente conectado a la última ley que entró en vigor en el estado de Texas, en Estados Unidos, que reduce el tiempo que tiene una persona para terminar legalmente un embarazo.
Los autores de estos proyectos de la Cámara Alta son Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad; Rubén Soto Rivera, del PPD; y Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme, del PNP.
Líderes feministas, activistas y expertas en derechos reproductivos en Puerto Rico han sostenido que el movimiento antiderechos ha ganado mayor fuerza en los últimos años por las estructuras de poder político que han permitido su organización.
“Es importante mirar el nivel de organización que tienen estas instituciones fundamentalistas y de derecha. Debemos parar y mirar. Ya tenemos a estos grupos en la legislatura redactando leyes que inciden en nuestras vidas. Esto no es algo para verlo con humor, ni desacreditarlo, ni verlo como que son personas fanáticas. Esta es una línea de pensamiento que llegó para quedarse y, en la medida en que lo reconocemos, podemos hacerle frente”, expresó la directora administrativa de Colectivo Ilé y activista de derechos reproductivos, Mayra Díaz Torres.
El Proyecto del Senado 495, de la senadora Rodríguez Veve, pretende requerir la intervención de uno de los padres que ostente la patria potestad de una menor de 18 años de edad al momento de decidir interrumpir un embarazo. Este proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia.
Los proyectos 583 y 588, de la legisladora de Proyecto Dignidad, se centran en preservar la “vida” de los fetos. Según la abogada Sofía Vázquez Laureano, las clínicas, en Puerto Rico, practican interrupciones del embarazo hasta las 14 semanas, cuando aún el feto no ha desarrollado los órganos vitales para sobrevivir.
La medida 591, de Rivera Schatz y Riquelme, pretende establecer la “Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida”. Este proyecto pasó a la Comisión de Asuntos de las Mujeres.
La presidenta de esta comisión, la senadora del PPD Migdalia González Arroyo explicó que, en Puerto Rico, ya existen guías para regular los lugares donde se practican los abortos seguros.
“Es innecesario legislar a tales fines. Esa es básicamente la esencia del PS 591. En adición, considero que lo primordial es salvaguardar el derecho a la intimidad de las mujeres que por una razón u otra deciden practicarse un aborto”, declaró la senadora en expresiones escritas.
Mientras, el proyecto 595 busca crear una“Ley para el cuidado integral de las mujeres ante los efectos psicológicos postaborto involuntario o voluntario”.
En la visualización interactiva, podrás leer cada proyecto relacionado con el derecho al aborto. Oprime la flecha hacia la izquierda para ver más proyectos y sus estatus en el trámite legislativo.
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El derecho al aborto es legal desde 1973
El aborto en Estados Unidos es legal desde la decisión constitucional del caso Roe v. Wade, de 1973. Esta decisión sentó un precedente legal que afectó a más de 30 casos posteriores de la Corte Suprema relacionados con las restricciones en el acceso al aborto, según la entidad de educación sexual y reproductiva Planned Parenthood.
Incluso, este caso constitucional invalidó la criminalización del aborto en el Código Penal de Puerto Rico. Debido a la relación colonial del archipiélago con Estados Unidos, toda decisión del Supremo Federal pesa más que cualquier legislación local.
La corte suprema reconoció en este histórico caso que el derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo” (Roe v. Wade, 1973).
Texas tiene historia en la restricción al derecho del aborto
Precisamente, Roe v. Wade había sido presentado en el estado de Texas, donde este último mes se legisló una de las medidas más restrictivas al derecho de la persona gestante a terminar un embarazo.
El pasado 1 de septiembre de 2021, entró en vigor la nueva ley de aborto en Texas que los prohíbe en su mayoría pasadas las seis semanas desde el último ciclo menstrual. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó a bloquear la ley tras una votación de 5 a 4.
Específicamente, la medida prohíbe la terminación del embarazo tan pronto se pueda detectar actividad cardíaca en el embrión, que ocurre regularmente cerca de la sexta semana de embarazo. En esta etapa, muchas personas gestantes no saben que están embarazadas porque regularmente el indicio es la falta de menstruación, que es regularmente después de cuatro a cinco semanas.
“Las mujeres normalmente en seis semanas se enteran de que les faltó la menstruación y se hacen pruebas de embarazo. Al entrar en vigor esa manera tan temprana, limita demasiado el acceso. En esta ley no hay excepciones de incesto y violación, tampoco para abortos médicamente indicados, ya sea por razón fetal en casos que vemos en el área obstetricia y se le ofrece a la paciente la terminación del embarazo”, expresó la ginecóloga-obstetra y portavoz de la organización Aborto Libre Puerto Rico Yari Vale Moreno.
Denuncian futuras implicaciones
Según la activista y organizadora feminista Alexandra Figueroa Miranda, este panorama es peligroso por muchas razones, en especial por sus implicaciones futuras y las ambigüedades que puede abrir en la interpretación de los derechos reproductivos de las personas gestantes.
“En esta legislación, el estado no es quien refuerza la ley, no es quien demanda a la persona por practicarse un aborto, en este caso quien demanda es el ciudadano común. Cualquier persona puede demandar a la persona gestante por practicarse un aborto luego de seis semanas. No tienen que reclamar un daño directo porque la legislación les provee para ello. Lo que hemos visto es que el Tribunal Supremo cedió parte de su poder judicial. Nunca atendieron el caso”, explicó Figueroa Miranda.
Asimismo, Díaz Torres detalló que pocas leyes han sido tan malévolas y crueles como esa, en las que se crea un peso inmenso sobre las personas gestantes de Texas que no tienen la capacidad de viajar cientos de millas a otros estados.
La activista expresó que, en Puerto Rico, figuras como la senadora por el Partido Proyecto Dignidad, desde su plataforma de Facebook, recurre a la demagogia y a la desinformación para provocar miedo sobre los derechos reproductivos de las personas gestantes.
Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), una de cuatro estadounidenses interrumpirá un embarazo a lo largo de su vida. La entidad también denuncia que los esfuerzos antiderechos resultan en que 90% de los condados en Estados Unidos carezcan de proveedores de servicios de aborto. Alrededor de 500 leyes que restringen el derecho al aborto han sido aprobadas por los estados de Estados Unidos desde 2011.
“Esa ley es súper insidiosa. Primero, porque se nota que quien está redactando este proyecto lo hace a propósito para no lograr su inconstitucionalidad o desde la completa desinformación. Nosotras tenemos que empezar a ver esto como algo sistémico. A veces, vemos estas luchas como cosas que no están relacionadas, pero es importante ver que estos discursos antimujer, antinegritud, anticomunidades LGBTTQI+ tienen una misma base capitalista, patriarcal y racista”, manifestó Díaz Torres.
Restricciones para mantener un orden racial
El CRR expone que Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad materna más alta entre las naciones más poderosas. Las mujeres negras e indígenas de la nación estadounidense tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas.
La experta en derechos reproductivos apuntó que las nuevas legislaciones responden a “un plan de supremacía”. Recalcó que proyectos como el de Texas sirven para mantener un orden racial, en el que lo blanco es supremo.
“¿Cómo la supremacía se mantiene? Por medio de la opresión. Esa es una, el control de los cuerpos. El esquema racial actual, donde unos están sobre otros necesita mantener ese orden racial donde lo blanco es supremo y tienen que haber estas legislaciones que mantengan a ciertas personas en su justo lugar”, puntualizó Díaz Torres.
Limitaciones para las personas gestantes
Por su parte, Vale Moreno señaló que el hecho de que esta ley se haya aprobado e implementado, visibiliza las dificultades que las personas gestantes tienen para poder abortar. La obstetra reconoció que, en Puerto Rico, clínicas han cerrado y que la pandemia ha expuesto otros retos. Actualmente, solo hay cinco clínicas, cuatro de ellas en el área metropolitana.
“Es bien preocupante para nosotras porque sabemos que hay un ala en la legislatura que quiere promover eso y legislaciones como la de Texas abren la puerta para que aflore la creatividad para promover leyes de esta índole”, denunció la doctora.
La crisis económica en Puerto Rico empeora la accesibilidad de las personas gestantes a los dos métodos seguros para abortar. El costo del procedimiento quirúrgico varía por clínica, pero ronda los $150. Mientras, el método farmacológico tiene un precio de $350, pero solo lo ofrecen dos clínicas.
En Puerto Rico, los planes médicos no cubren esta cirugía, a menos que la vida de la persona gestante esté en riesgo o que el embarazo sea producto de una violación.
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