Hoy, sábado 28 de mayo de 2022, somos marea. Nos apoderamos de las calles del Viejo San Juan con una gran Marea Verde por el Derecho a Decidir. Cerca de 40 organizaciones y colectivos han respondido a esta convocatoria amplia y multisectorial, para llevar un reclamo único y contundente al Estado para que desista de violentarnos imponiendo más barreras a quienes buscan servicios de aborto libre, seguro y accesible en Puerto Rico.
Todes aspiramos a un país en el que el aborto sea reconocido como lo que es: un servicio esencial de salud sexual y reproductiva, que debe brindarse con respeto y dignidad. Todas las organizaciones y personas que nos encontramos aquí en esta Marea Verde defendemos el derecho a que más personas en Puerto Rico tengan control de sus procesos de salud sexual y reproductiva.
Las organizaciones que han dicho presente en el día de hoy son: Aborto Libre Puerto Rico, Agitarte, Amigxs del Mar, Amnistía Internacional Capítulo de Puerto Rico, Asociación de Psicología de Puerto Rico, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Barrileres del 8M, Caderamen, Casa Protegida Julia de Burgos, Caucus de Mujeres del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, Centro Interdisciplinario de Investigación de Estudios del Género, Centro para la Mujer Dominicana, Ciencia pa’ Todes, Clínica Legal Psicológica, Coalición 8M, Colectiva Feminista en Construcción, Colectivo Ilé, Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, Comuna Caribe, Coordinadora Paz para las Mujeres, Democracia Socialista, Diversxs, El Hangar, Fundación de Mujeres de Puerto Rico, Impacto Juventud, Inter Mujeres, Jornada Se Acabaron Las Promesas, Medical Students for Choice UPR, Micelio Abolicionista, Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, Movimiento Victoria Ciudadana, Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Papel Machete, Proyecto Matria, Profamilias, Red ALAS Puerto Rico, Secretaría de la Mujer y Género del PIP, Siempre Vivas Metro, Sombrilla Cuir y Taller Salud.
Este 28M, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres en todas sus diversidades y disidencias, marchamos por nuestro derecho a decidir y por el aborto libre, seguro, digno, transinclusivo y accesible. Marchamos porque afirmamos que el aborto es un asunto de salud esencial y está siendo amenazado desde muchos frentes. Marchamos para proteger el derecho de todas las personas gestantes a acceder a servicios de aborto si lo desean y lo necesitan, y especialmente para garantizar el acceso a las personas más afectadas por estas amenazas: las personas negras, empobrecidas, inmigrantes, adolescentes, cuir, trans, no binaries y con diversidad funcional.
En el archipiélago de Puerto Rico, existe una falta de acceso a servicios de aborto. Las personas que necesitan el servicio se topan con barreras económicas, de distancia, falta de transportación, entre otras, porque solo existen cuatro clínicas concentradas en el área metropolitana y los costos no están cubiertos por los planes médicos.
Actualmente, en la Legislatura existen al menos 10 medidas antiaborto radicadas que, de ser aprobadas, podrían obstaculizar e impedir aún más el acceso a los servicios. Existen también grupos antiderechos que intervienen y violentan a personas que buscan servicios en algunas clínicas. La violencia antiaborto está creciendo y está siendo legitimada de muchas maneras por legisladorxs antiderechos.
Repudiamos cualquier intento de sancionar el aborto en Puerto Rico. Denunciamos que desde el 2018 la política pública del Estado se ha desviado del mandato constitucional de separación de Iglesia y Estado.
Defendemos colectivamente el derecho a decidir como un derecho humano incuestionable que cobija a todas las personas. Alertamos al país sobre los efectos de aprobar leyes que impacten el derecho de las personas a decidir. El aborto no representa un problema para la sociedad y ya está regulado por el Estado. Cuestionamos al Estado la carencia de acceso a educación sexual y reproductiva, a métodos contraceptivos y espacios que provean servicios a nuestra diversidad de identidades de género.
Aspiramos a una sociedad que propicie el desarrollo pleno de nuestra población, por lo que repudiamos la total indiferencia de los sectores antiderechos ante las condiciones de precariedad, vulnerabilidad y riesgo para nuestra niñez y juventud. Lejos de ser «providas”, pretenden controlar las decisiones de cada persona sobre su vida y su cuerpo, mientras demuestran total desinterés ante la realidad de que en Puerto Rico solo hay unas 200 familias adoptantes, y el Departamento de la Familia reporta un promedio de 5,200 menores víctimas de maltrato cada año. Los sectores antiderechos describen un Puerto Rico visto desde el privilegio, que invisibiliza que las mayores trabas a servicios de aborto redundan en mayor cantidad de embarazos no deseados para las personas gestantes. Todas las razones para ejercer el derecho a decidir son legítimas y le corresponde exclusivamente a cada persona gestante, porque es su vida la que quedará impactada para siempre. Por eso decimos que “No son provida, son antiderechos”.
Si se revocara el caso de Roe versus Wade y otros casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, repudiamos cualquier intento, amenaza o restricción legislativa del derecho al aborto en Puerto Rico. El derecho a la intimidad en Puerto Rico es un derecho fundamental expresamente incluido en el Artículo II, sección 8 de nuestra Constitución. Este derecho en Puerto Rico no se limita a mantener asuntos en la esfera privada, sino que incluye la toma de decisiones sobre nuestros asuntos personales íntimos y sobre nuestros cuerpos. El derecho al aborto está cobijado bajo el derecho a la intimidad que, por tratarse de un derecho constitucional fundamental, solo puede ser limitado por el gobierno ante una situación o interés apremiante.
Si se revocara Roe versus Wade y, como consecuencia el resto de la jurisprudencia federal, nos preocupa que la Legislatura de Puerto Rico se apreste a aprobar legislación restrictiva sobre el aborto, como queda evidenciado por los proyectos de ley que se han presentado. Se intenta con eso copiar las actuaciones legislativas de los estados de Estados Unidos que no protegen nuestros derechos, sin fijarse en los estados que sí están legislando precisamente para proteger los derechos.
En Puerto Rico, no existe un problema de salud pública ni un problema de mortalidad o morbilidad que justifique restringir aún más la práctica de la terminación de embarazos. En el Proyecto del Senado 693 no se expone ni presenta ningún problema crítico que requiera restringir los abortos desde la semana 22. La protección de la salud y la vida de una mujer y una persona gestante van por encima de cualquier interés del Estado en proteger la potencial vida de un feto.
La terminación de embarazos en Puerto Rico cumple con los estándares de la práctica de la medicina local y de Estados Unidos, y se realiza de manera ética y en cumplimiento con la reglamentación y los protocolos de clínicas y hospitales. Legislar para restringir el derecho al aborto implica colocar barreras adicionales de acceso para las poblaciones más vulnerabilizadas, como lo son las mujeres y personas gestantes en relaciones de violencia de género, jóvenes, personas negras y las que se encuentran en situaciones de precariedad económica y social. Provocaría, como ha ocurrido en otros países, que se lleven a cabo abortos inseguros, con las consecuencias nefastas sobre la salud y la vida de las mujeres y personas gestantes en Puerto Rico.
En nuestro archipiélago, no es necesario legislar para restringir el aborto porque contamos con nuestra constitución, con legislación y reglamentación que regula las terminaciones de embarazo. La práctica de las terminaciones de embarazo en Puerto Rico a través de los años demuestra que no existe ningún problema apremiante que requiera la intervención del gobierno con este derecho. La crisis en los servicios de salud de terminaciones de embarazo la puede crear la propia Legislatura de Puerto Rico en su intento de imponer restricciones basadas en la imposición de creencias fundamentalistas y en su persecución a profesionales de la salud y defensorxs de derechos humanos.
Aunque en distintos momentos ha habido acercamientos y acciones de parte de organizaciones feministas a las distintas administraciones de gobierno en Puerto Rico para que se desarrolle e implemente política de salud sexual y reproductiva, es el momento de exigir con fuerza que se atiendan nuestros reclamos para garantizar la atención integral de la salud sexual y reproductiva para todes. Es hora de exigir una legislación de salud sexual y reproductiva basada en el respeto a los derechos humanos de todes, y centrada en el acceso a servicios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los más humanos de todos los derechos. Esto supone el derecho a la atención reproductiva, el derecho a la autodeterminación reproductiva y el derecho a la no discriminación por parte del Estado.
Hoy, 28 de mayo de 2022, todes les participantes de la Marea Verde de Puerto Rico exigimos:
- Que el Estado no imponga su criterio a las personas en sus decisiones sobre sus cuerpas y sus vidas, y respete la separación entre Iglesia y Estado como lo establece la Constitución de Puerto Rico.
- Legislación y política pública sobre salud sexual y reproductiva, centrada en justicia reproductiva para garantizar el acceso a todes.
- Protección del derecho y garantía de acceso al aborto de las personas más afectadas por estas amenazas: las personas negras, empobrecidas, inmigrantes, adolescentes, cuir, trans, no binaries y con diversidad funcional.
- Educación sexual integral y educación antirracista con perspectiva de género como política pública de Puerto Rico.
- Medidas de acceso libre y gratuito a métodos anticonceptivos para todas las personas en edad reproductiva y otros servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto.
- Servicios de atención humanizados en todas las etapas del embarazo para todes.
- Servicios de aborto dignos, seguros, transinclusivos, empáticos y acompañados.
- Procesos públicos y democráticos responsables, honestos, transparentes, éticos, libres de mitos, prejuicios y discrimen.
Invitamos a los distintos sectores de la sociedad a unirse a nuestro reclamo por el derecho a decidir de las personas. Queremos vidas felices y plenas, y este Estado nos empuja a la precariedad. La maternidad será deseada o no será. Deseamos que las personas que quieran gestar tengan embarazos deseados, que las que escogen no gestar tengan acceso a servicios seguros y de calidad, y que todes tengamos acceso y podamos vivir la vida digna que nos merecemos.
Educación para decidir.
Anticonceptivos para prevenir.
Aborto libre, seguro, accesible y transinclusivo para no morir.
