Imagen con la que la Colectiva Feminista en Construcción convoca a protesta todos los días a las 6:00 p.m. frente a la cárcel de mujeres en Bayamón.
A la familia de Shannel Colón Ponce, de 23 años, le hicieron creer que, cuando la Policía la buscaba por una supuesta apropiación ilegal de un vehículo, entregarla a las autoridades sería lo más adecuado para protegerla.
Sin embargo, a menos de dos meses de ser ingresada a la cárcel, la mujer, que presentaba trastornos de salud mental desde hace un año, murió bajo custodia del Estado, en circunstancias que todavía no tienen una explicación creíble. La versión oficial es que la mujer se suicidó. Su familia no lo cree.
“Tú crees que está en un complejo de rehabilitación y cuando la entregas ahí, crees que está segura, como te está diciendo el [trabajador] social, que todo está bien, que todo está bajo control y te la entregan sin vida”, expresó la madre de la mujer, Jahaira Ponce, en entrevista con Todas, el miércoles, cuando se manifestaba frente a la cárcel de Bayamón.
La familia de Shannel Colón Ponce se manifiesta frente a la cárcel de Bayamón desde el miércoles, 8 de junio. /Fotos por Cris Seda
Una mujer negra, pobre y con necesidades de salud mental ante un sistema que no sirve
Para la abogada feminista Mariana Iriarte Mastronardo, decir que el sistema le falló a Shannel Colón Ponce es partir de la premisa de que el sistema funciona. Y no, no funciona, señaló.
“Todo el tiempo nos venden este asunto de que la Policía está para protegernos y que la cárcel es un lugar en el que coges una lección y te rehabilitas. La verdad es que la cárcel no está diseñada para rehabilitar, únicamente está diseñada para separar, segregar y aislar a personas que lo que necesitan es acceso a una vida más justa”, sostuvo Iriarte Mastronardo.
La abogada instó a no responsabilizar a la familia. Fue bajo la custodia del Estado que “Shannet”, como ella se hacía llamar, murió.
Precisamente, acceso a los debidos tratamientos para sus condiciones mentales fue lo que exigió Ponce para su hija. Pero, desde el primer momento, los guardias correccionales la trataron mal, contó. Esa denuncia también la hizo Shannel Colón Ponce frente a las cámaras de Noticentro, el 22 de abril, cuando la arrestaron.
El sistema racista y machista criminaliza las enfermedades mentales
Según los datos de 2019 del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) –los más recientes disponibles–, 56.65% de las mujeres privadas de su libertad fueron diagnosticadas con una enfermedad de salud mental, previo a su reclusión; y 35%, luego de ser arrestadas.
Estos porcentajes evidencian que el sistema punitivo criminaliza mayormente a mujeres pacientes de condiciones de salud mental, como Colón Ponce.
El abogado abolicionista Diego Alcalá indicó que, al Shannel Colón Ponce ser una mujer negra con desórdenes de salud mental, «se agrava el marco violento que enfrenta la persona cuando está detenida».
Además, destacó que, desde la entrada de la Junta de Control Fiscal se han reducido los fondos asignados para los servicios médicos en los complejos correccionales, lo que incluye la limitación de los tratamientos para las enfermedades mentales.
Iriarte Mastronardo, por su parte, subrayó que “vivimos en un sistema racista, clasista, misógino que odia a las mujeres, que las odia más si son pobres, y si son negras y pobres, ni te cuento”. Así que, es importantísimo recalcar una y otra vez que esto es un resultado de las violencias sistémicas, subrayó.
La abogada, quien también promueve la abolición del sistema carcelario y policial, entiende que la Uniformada no debe intervenir con los pacientes de salud mental, mucho menos si son agentes armados.
Aunque algunos puedan sugerir que se debe adiestrar a la Policía para trabajar con estos casos, entiende que se han delegado demasiados recursos a estos fines y sin resultado. En vez de seguir sosteniendo estos gastos, sugirió que se deleguen los fondos para ofrecer servicios de salud mental asequibles para las comunidades marginalizadas.
Falta de información y urgencia en casos de muertes en cárcel
La familia de Shannel Colón Ponce ha sido vocal en su reclamo de que Corrección no ha sido transparente con su respuesta ante la fatal muerte. Aunque preliminarmente, la agencia adjudica el deceso a un suicidio, su familia no cree que sea correcto, más aún cuando han recibido información de que otras reclusas dicen haber atestiguado que fue una muerte violenta.
El abogado Alcalá indicó que es emblemático, de las muertes en las cárceles, que no se le provea información a la familia de la víctima. Asimismo, expuso que, a su entender, no hay urgencia en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para diligenciar los resultados de las autopsias para esclarecer los fallecimientos en interacción con el Estado.
De acuerdo con el ICF, “por requisito de acreditación, el patólogo debe rendir su informe de autopsia en 90 días o menos”. Sin embargo, Alcalá aseguró que, según su experiencia, esa no es la práctica, y el resultado de autopsia puede tomar hasta 36 meses, dijo.
“Esto [la dilación] resulta en un grado de victimización, adrede, por negligencia, a los familiares por no tener respuestas de cómo una persona, que está bajo custodia del estado, fallece. No tienen ese sentido de ‘closure’, de entender cuál fue la razón por la cual falleció”, explicó Alcalá.
Añadió que “a la misma vez, esa tardanza fomenta ese tipo de falta de transparencia. Entonces, a falta de ese tipo de información, no tenemos mecanismos de mantener responsables a los operadores del sistema que permitieron esto”.
“La dignidad del ser humano es inviolable, pero esa dignidad no es parte del sistema correccional, ni en vida ni en muerte”, concluyó el abogado, al decir que el sistema carcelario no es reformable para hacerlo menos malo, sino que hay que abolirlo.
