Parir en un país donde políticos “provida” niegan derechos y deportan mujeres embarazadas

Ilustración por Kilia Llano

Nota de las editoras: Este reportaje es el segundo de una serie de tres historias sobre cómo el gobierno “provida” (antiderechos) en República Dominicana cuida poco a las embarazadas, limita la educación sexual de sus adolescentes, tiene fallas en los servicios de planificación familiar y no
previene el abuso.

República Dominicana.— En los antiguos bateyes del sur y del este del país, donde históricamente personas haitianas y dominicanas empobrecidas han cosechado la caña de azúcar, a la que la nación caribeña le debe parte importante del desarrollo económico que vivió en el siglo XX, un embarazo no es sinónimo de alegría ni de esperanza. Da miedo estar embarazada y tener niños pequeños, según el testimonio de diez madres y mujeres gestantes entrevistadas por el equipo de Todas. En otras comunidades agrícolas de la República Dominicana, migrantes en estado de gestación o recién paridas también viven con el temor de ser deportadas, o maltratadas por el personal médico o por otros pacientes. 

“Cuando fui a parir, me trataron muy mal, la cabeza del bebé venía saliendo, un doctor me empujó la cabeza del niño nuevamente, me dijeron que si paría aquí iban a llamar a Migración para que me deportara”, dijo una migrante, a quien llamaremos Denise para proteger su identidad.

Denise llegó al país hace tres años para vivir con su marido, que trabaja en la producción agrícola. La mano de obra haitiana es fundamental para la construcción y para la producción de arroz, caña, café, tubérculos, y en general, para casi toda la producción nacional, han explicado diferentes sectores, incluyendo al ministro de Agricultura, Limber Cruz. 

A pesar de esta realidad y de la crisis que vive Haití, las autoridades dominicanas han dicho que deportarán a 10,000 migrantes cada semana. En una carta enviada al Gobierno dominicano en abril del año pasado, Amnistía Internacional subraya: “En audiencia pública celebrada en noviembre de 2023 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado dominicano informó que había deportado más de 2,200 mujeres embarazadas. Estas prácticas son alarmantes, puesto que además de vulnerar el principio igualdad y no discriminación y el principio de no devolución, ponen en riesgo la salud y la integridad física de las mujeres y de sus hijos e hijas”.

Sobrevivir entre el miedo y la solidaridad

El bebé de Denise y ella sobrepasaron el mal momento del parto. Están sanos. Pero ella, tanto para evitar a Migración como para no encontrarse con el doctor que la trató mal durante el parto, prefiere atenderse solamente en el Centro de Primer Nivel de su comunidad, y no sigue las instrucciones de acudir a especialistas que se encuentran en hospitales de segundo nivel.

Tampoco asistió a ninguno de sus chequeos médicos durante el embarazo. “Fui dos veces al hospital del pueblo. Tenía miedo de que Migración me deportara porque tengo otro hijo, y también tenía miedo de que me trataran mal, de que me golpearan la barriga. En el hospital, hay enfermeras y doctores buenos, gente buena, pero hay otra gente a la que no le gustan los haitianos”, reflexiona con tristeza.

Otra migrante explica que estuvo a punto de ser deportada mientras se dirigía a un hospital con su hijo de unos ocho años, pero una mujer dominicana le avisó y la escondió de los agentes. 

Defensoras de derechos humanos que acompañan a las migrantes a solicitar servicios hicieron hincapié en la importancia de que al denunciar, se protegiera la identidad de personas y lugares específicos para evitar que sufrieran aún más discriminación, en un ambiente en el que, según ellas, cada vez perciben mayor rechazo a la población haitiana y dominicana de ascendencia haitiana. 

Epifania St. Chals, defensora de derechos humanos tanto de la población haitiana como de dominicanos de ascendencia haitiana, ha acompañado a mujeres migrantes a los hospitales públicos. Nota que algunas enfermeras y servidores públicos del área administrativa actúan desde prejuicios que influyen en el trato a las haitianas y a dominicanas de ascendencia haitiana. 

Su estrategia para lograr que reciban la atención que necesitan consiste en identificar a directores y médicas que no tienen estos prejuicios en las provincias del este para comunicarles cualquier inconveniente y obtener ayuda. Gracias a esta estrategia, se pudo salvar la vida de una inmigrante embarazada y lograr que se atendieran a otras. 

“Acompañé a una señora a la que no querían brindarle la atención y estaba bien grave, había que ponerle un medicamento. Ambas enfermeras discutían, decían que ese medicamento había que comprarlo en la farmacia y la mujer no tenía recursos. Una le dice a la otra que ella (la migrante) estaba más allá que más pa’ cá (al borde de la muerte). Ellas preferían que se muriera en vez de brindarle la atención. Pero compramos el medicamento (aunque había en el hospital), hablamos con un médico, que ayudó, y ella se salvó”, recuerda Chals.

Se omiten los nombres de los hospitales porque para las defensoras de derechos humanos es importante no afectar a médicos y directores dominicanos que las ayudan en momentos de crisis.

El país “provida” donde todas las embarazadas empobrecidas están en riesgo

Haitianas entrevistadas en Santo Domingo explicaron que en la Capital su principal miedo es ser detenidas por Migración, ya que no experimentaron maltratos ni dificultades con el personal hospitalario, como las que narran migrantes que residen del este y del sur del país al acudir a las maternidades Nuestra Señora de la Altagracia y San Lorenzo de Los Mina.

Pero en el país que con el apoyo de legisladores del oficial Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, las tres organizaciones más votadas, se prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, incluso cuando la vida de la madre se encuentra en peligro, no solo las inmigrantes haitianas están en riesgo de morir o de ser mal atendidas durante el parto. Todas las embarazadas empobrecidas están en riesgo. 

Las políticas públicas impulsadas por gobiernos de diferentes partidos en los últimos 20 años no han sido lo suficientemente “providas” para que el país deje de estar entre las naciones con más mortalidad materna de América Latina y el Caribe, a pesar de que más del 95% de los partos ocurren en hospitales. 

De acuerdo con cifras oficiales, murieron 165 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto entre enero y el 21 de diciembre de 2024. 

El año pasado hubo “una reducción significativa del 18.72%, en comparación con el año 2023, cuando hasta la misma fecha se habían reportado un total de 203 muertes maternas, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública”, explica la doctora Hilda Arbaje, coordinadora de Salud Materna del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

De acuerdo con las autoridades, el 48% de las mujeres fallecidas eran haitianas. Los funcionarios suelen atribuir el alto porcentaje de mortalidad materna en el país a las condiciones de salud en la que llegan las haitianas a los centros médicos. 

Syra Taveras, del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), explica que se necesita más análisis de estas cifras, y que se mejore la transparencia en los registros para entender qué ocurre con la mortalidad materna en el país. 

De acuerdo con el CIPAF, “el 80% de estas muertes son prevenibles. Sin embargo, la desigualdad social, económica y de género sigue cobrándose vidas”.

¿Por qué mueren las mujeres?

“La mortalidad materna en la República Dominicana sigue siendo un desafío multifactorial que puede analizarse a través del modelo de las tres demoras. Demora en la decisión de buscar atención: factores como la falta de educación sobre los signos de alarma, barreras económicas y culturales, y la normalización de ciertas complicaciones retrasan la búsqueda de atención oportuna. Demora en llegar a los servicios de salud: deficiencias en el acceso al transporte, la distancia a los centros adecuados y la fragmentación del sistema dificultan la llegada de las embarazadas a tiempo para recibir atención. Demora en recibir atención adecuada: limitaciones en la referencia y contrarreferencia oportunas contribuyen a una atención tardía”, explicó la doctora Arbaje en un cuestionario respondido a Todas. 

Un informe del CIPAF enfatiza que se debe profundizar más en las razones de estas demoras. “Este enfoque ha tenido mucho poder explicativo sobre las razones de la alta magnitud de la mortalidad materna en América Latina y el Caribe y ha producido insumos para poner en marcha vías más efectivas para prevenirla”, se indica en el documento.

La alta tasa de mortalidad materna en el país es parte del deterioro general de la Salud Pública. El pasado 7 de octubre, durante la conmemoración del Día Mundial de la Salud, Alba Reyes, de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) dijo a la prensa: “El gobierno actual se ha concentrado en la afiliación de las personas, y se habla de que el 96% de los dominicanos tenemos un carnet de seguro. En ADESA decimos que ese carnet no es suficiente, sobre todo el subsidiado, porque los hospitales nuestros están en bancarrota y el subsidiado de Senasa solo permite ir a los hospitales”.

Hospitales públicos a los que tienen que ir mujeres pobres y marginalizadas haitianas o dominicanas, como Ana María, una empleada del hogar residente en Santo Domingo, pero oriunda del sur del país. Ella no ha podido obtener su acta de nacimiento porque sus padres fallecieron cuando era niña, y por lo tanto, tampoco cuenta con el seguro subsidiado. Los médicos la atienden, pero luego tiene dificultades para acceder a estudios más especializados. 

Aunque ha tratado de obtener su acta de nacimiento, no lo ha logrado por complicaciones administrativas y por sus propias limitaciones económicas para contratar un abogado. Como Denise, la emigrante que llegó a la República Dominicana para reunificar su familia, no recibió todo el seguimiento recomendado durante sus dos embarazos. Pero a diferencia de Denise, ella no tiene miedo de salir a las calles y ser atrapada por agentes de Migración.  Ambas mujeres aportan a la economía desde los trabajos de cuidado y son excluidas del derecho a la salud.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.