Los miembros de la Coalición de Clínicas de Terminación de Embarazos y la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible de Puerto Rico optaron este lunes por presentar por escrito sus posturas en oposición al Proyecto del Senado 495, que pretende limitar el acceso a este procedimiento de salud a jóvenes de menos de 18 años.
De esta manera, los profesionales de la salud y personas activistas desistieron de comparecer físicamente a las vistas públicas sobre la medida citadas para hoy, como una forma protegerse de ser objeto, nuevamente, del maltrato de parte de la presidenta de la Comisión de Vida y Familia, la senadora Joanne Rodríguez Veve.
La legisladora, quien es portavoz del partido Proyecto Dignidad, es también la proponente de la medida antiderecho. Busca “requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de dieciocho años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico”.
“La realidad es que han sido muchas las veces que nos han convocado a vistas públicas en otros proyectos relacionados, tanto de la Cámara como del Senado, y a todas hemos asistido, ausentándonos de nuestros trabajos y teniendo que mover las citas de nuestros pacientes, aun cuando, en muchas ocasiones, hemos sido presas de tratos hostiles, humillantes y de faltas de respeto”, denunció, en conferencia de prensa, la ginecóloga obstetra Yarí Vale Moreno.
La médica estuvo acompañada por el doctor Antonio Gallardo, de Clínica Planificación Familiar, y por la doctora Jeyka Marín Álvarez, del Hospital Municipal de San Juan.
Actualmente, existen cuatro clínicas que, entre los servicios de salud que ofrecen, incluyen el de terminación de embarazo en Puerto Rico.
La también directora de la División de Planificación Familiar del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico denunció que el trato recibido en vistas públicas pasadas sobre proyectos que buscan restringir el derecho al aborto ha representado una afrenta a su seguridad y bienestar.
“Para mí, supuso, el cierre de mis redes sociales y guardia de seguridad, que nunca había necesitado. De la manera en que la gente se estaba refiriendo a mí y a mi familia, yo me sentía que podía tener problemas de seguridad en mi entorno íntimo, de mi casa. Tuve que comprar un chaleco antibalas”, compartió Vale Moreno, quien, además, es una reconocida activista por la defensa de derechos humanos.
La Clínica Planificación Familiar, en la que labora el doctor Gallardo, se vio aun más asediada por manifestaciones de grupos antiderechos, reveló.
Por su parte, a través de sus redes sociales, la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y y Accesible de Puerto Rico también expuso las razones para comparecer solo con la presentación de un memorial en oposición a este proyecto.
“No asistiremos a las vistas públicas para deponer en el día de hoy porque entendemos que, como parte de un proceso democrático, las vistas públicas deberían ofrecer un espacio en el que poder expresar las opiniones sobre el proyecto de manera cómoda, equitativa y segura, y lamentablemente eso no es lo que hemos vivido anteriormente cuando hemos sido convocadas por la Comisión de Asuntos de Vida y Familia”, lee su declaración.
“Además, hemos observado de nuevo en estas vistas la manipulación en redes sociales de la información de personas deponentes y la amenaza y amedrentamiento para que personas y organizaciones asistan”, añade en su explicación.
Proyecto innecesario que pone en mayor riesgo a menores de 18 años
El grupo recordó que en Puerto Rico ya existe el derecho al aborto, cobijado por la Sección 8 del Artículo II de la Constitución, que dispone que “toda persona tiene el derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada o familiar”.
Además, el caso de Dobbs v, Jackson Women’s Health Organization, en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó la decisión Roe v. Wade, no tiene efecto en cambiar la normativa jurídica en relación al aborto en Puerto Rico. Primero, porque el caso persigue devolver a los estados el poder de regular el aborto. Segundo, porque, a nivel local, el derecho al aborto es de rango constitucional y no es dependiente del derecho constitucional federal.
La doctora Vale Moreno añadió que el PS 495 no reconoce que, para la salud sexual y reproductiva, a las adolescentes se les permite tomar sus propias decisiones sin consentimiento de los padres, como cuidado pre y postnatal, incluyendo partos, cesáreas, tratamientos para enfermedades de transmisión sexual y contracepción.
“El estado de derecho en Puerto Rico reconoce que las personas menores de edad tienen los mismos derechos constitucionales que las personas adultas. La decisión de llevar a término o no un embarazo es una decisión íntima que está protegida por el derecho a la intimidad, dignidad, libertad e igualdad. La jurisprudencia sobre el tema en Puerto Rico demuestra que las menores pueden tomar estas decisiones y están cobijadas por los mismos derechos. Por lo que, una legislación para negar estos derechos a las menores de edad sería innecesaria e inconstitucional”, estableció, por su parte, la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible de Puerto Rico.
Medida falla en atender el problema de violencia sexual contra menores de edad
Para impulsar su proyecto, la senadora Rodríguez Veve ha insistido en que menores de edad podrían estar siendo presionadas para abortar por sus agresores como una manera de evitar la repercusiones de que se conozca el crimen.
Sin embargo, los especialistas en salud han establecido que esta no es la manera de atender un problema que es, en Puerto Rico, de magnitud inmensa. Y que, por el contrario, tendría el efecto de obligar a víctimas de violación menores de edad de llevar a término un embarazo que no desean y para el que no están preparadas. Además, esta población está en mayor riesgo de experimentar partos prematuros, preclampsia y otras complicaciones médicas.
“Nos preocupa grandemente que, sabiendo que las víctimas de violación en esta población son, muchas veces, presas de sus padres, abuelos, tíos, padrastros, aún pretendamos que ellos sean quienes estén allí para firmar el consentimiento. Es precisamente en estos espacios donde las víctimas, al no estar el perpetrador, pueden indicar quién fue la persona que la violó”, indicó Vale Moreno.
La directora médica de Darlington Medical Associates dijo que no es cierto que las clínicas que ofrecen el servicio de salud de terminación de embarazos no hayan referido casos de abuso sexual que hayan identificado.
“La realidad es que sí nosotros referimos al Hospital Universitario y allí se atienden porque tienen el personal necesario”, señaló. Mencionó que también se refieren al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación “porque hay una evidencia que hay que levantar en caso de que la paciente quiera radicar cargos y ese andamiaje no lo tenemos en las clínicas”.
El Departamento de Salud no le exige a las clínicas guardar estadísticas sobre pacientes referidas al Hospital Universitario para terminación de embarazo cuando la paciente ha sido víctima de incesto o violación o sospecha de estos delitos.
En Darlington Medical Associates, clínica que dirige la doctora Vale Moreno, el total de abortos de personas de 17 años o menos, de 2018 a 2022, es de 33.
Subrayó que la educación sexual integral es una medida que sí puede ser efectiva en la prevención de la violencia sexual, pero que la medida no contempla este asunto.
Por escrito, Women’s Medical Pavilion señaló que mantienen procedimientos y protocolos que guían la evaluación entrevista inicial de la paciente que procura sus servicios.
“En esta entrevista, además de obtener el consentimiento informado, la clínica busca conocer si la paciente estás siendo coaccionado tanto para terminar su embarazo como para no hacerlo, si ese embarazo es producto de una violación y si la paciente entiende las consecuencias del procedimiento”, señaló la clínica.
Amenaza de persecución a proveedores de servicios de salud
Aunque presentaron su memorial por escrito, la senadora Rodríguez Veve adujo en las vistas públicas de este lunes que las clínicas no están excusadas y que su comisión “hará todas las gestiones y usará sus facultades en ley para que contesten las preguntas que sea necesario hacerles”, reportó Noticel.
El doctor Antonio Gallardo, de Centro Planificación Familiar, expuso que tiene razones médicas para no comparecer a las vistas.
