(Fotos por Adolfo Sesto @adolphobia)
Desligarme de la realidad que viven nuestrxs hermanxs dominicanxs en su país sería un acto de irresponsabilidad de mi parte. Más aún, teniendo en cuenta que provengo de una familia de inmigrantes dominicanxs. Mi madre fue empleada doméstica y mi padre músico. Además, toda decisión que se tome en República Dominicana tiene una repercusión para lxs dominicanxs que residen en Puerto Rico.
Desde hace una semana, el país vecino se enfrenta a una de las peores crisis políticas en su historia, sino la peor. Y es que el pasado 16 de febrero se estarían llevando a cabo votaciones electorales municipales, pero eso no ocurrió.
Según la Junta Central Electoral (JCE), cuerpo gubernamental que fiscaliza los procesos de votaciones, los partidos políticos y la Misión Observadora de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde la noche anterior a las votaciones, se había comenzado a notar ciertas irregularidades en el sistema de voto automatizado.
Los partidos políticos se enteraron esa misma noche de lo que estaba sucediendo y le exigieron explicaciones a la JCE, a lo que la Junta respondió que estaba trabajando para restablecer el servicio antes de las 5:00 a.m. del domingo. A las 7:00 a.m., la Junta realizó una conferencia de prensa declarando abierto el proceso eleccionario y motivando a la gente a salir a votar aun sin la falla estar resuelta. Este sistema y el montaje de la jornada trunca le costó al país $15,000 millones de pesos, que son casi 280 millones de dólares.
A lo largo de la mañana, mientras la ciudadanía estaba tratando de ejercer su derecho al voto, se detectaron graves fallas técnicas en el sistema de votación electrónico. Por ejemplo, en varias máquinas de votación no aparecían todas las opciones de candidatos a elegir y, en algunos casos, solo se podía elegir entre dos o un solo candidato.
En las boletas de votación, solo aparecían los candidatos que aspiraban al escaño político por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), partido de turno, que lleva 16 años gobernando de manera ininterrumpida, y 20 en toda su historia (1996-2000 y 2004-actualidad). Lo que significa, claramente, que quien se beneficiaría es la goberzana actual.
Se suma el hecho de que hubo máquinas que nunca funcionaron.
Todo esto llevó a la Junta Central Electoral a suspender las elecciones.
La suspensión de las elecciones y la falta de explicaciones provocó indignación en lxs dominicanxs, quienes salieron a la calle a protestar exigiendo una investigación sobre lo acontecido. Un efecto muy parecido a lo que fue el verano de 2019 en Puerto Rico.
