Representantes de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y de la Fundación Alto al Silencio reconocieron, el martes en vista pública, que existe un vacío jurídico sobre la violencia en el noviazgo, ya que no se encuentra claro en la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54).
Con el fin de enmendar la Ley 54, de 1989, la senadora popular Migdalia González Arroyo presentó el Proyecto del Senado 221 para aclarar que dentro de la definición de “relación de pareja» se encuentra la relación de noviazgo, añadir la definición de acoso cibernético y hacer compulsorio talleres de violencia de pareja a las partes peticionadas en una solicitud de orden de protección.
“Primeramente, es imperativo reconocer que no todos los casos de violencia en el noviazgo se atienden. Muchos son llevados a una Ley 284 de acecho, cuando en efecto, hay una de las partes persiguiendo a la otra, pero no hay proceso que cobije formalmente estos casos, depende de la interpretación de los jueces”, sostuvo Ariel Vargas Andújar, de 18 años y portavoz de la Fundación Alto al Silencio.
El Proyecto 221 se encuentra en la Comisión de Asuntos de las Mujeres, presidida por González Arroyo. En la vista, depusieron la OPM y la Fundación Alto al Silencio. El Departamento de la Familia también presentó su ponencia a favor de la medida.
La violencia en el noviazgo es definida por la doctora Rebecca Ward como “un patrón de conducta amenazante con repetidos incidentes de abuso físico (golpes), sexual (sostener relaciones sin consentimiento) y emocional (insultos) entre jóvenes de 13 a 20 años”.
Vargas Andújar consideró el proyecto como una herramienta de avanzada para trabajar un tema que casi no se discute en la Legislatura, pero que atenta contra la libertad, seguridad y tranquilidad de muchas personas menores de edad en la isla.
“La realidad es solo una, las futuras víctimas y victimarios de la violencia de género se encuentran en las escuelas, en las universidades y en las comunidades. Sigo convencido que la educación y la acción es el mejor frente para combatir la violencia”, manifestó.
Asimismo, Vargas Andújar detalló que la violencia en el noviazgo tiene unos retos distintos a otro tipo de relaciones en las que ambas partes viven en el mismo hogar. Abundó que, en los noviazgos, la manipulación se da contra los padres, se ejerce el control y el poder a través de la tecnología y se propicia el distanciamiento de la víctima de sus amistades.
Por su parte, la OPM estuvo representada por el licenciado Javier Dilán Pérez y la intercesora legal Gladys Maurás Colón. La entidad se posicionó a favor de la medida y manifestó la necesidad de que exista jurisdicción para atender estos casos de violencia en el noviazgo.
“Esta situación es urgente de atender. Actualmente, la ley sí protege a los novios que tengan una relación íntima, pero lo que el proyecto busca es que, cuando estén frente al tribunal, el tribunal no le tenga que preguntar si han tenido relaciones sexuales para que los proteja”, explicó Dilán Pérez.
El abogado agregó que el proyecto es novel porque le da la opción a la persona menor de edad de no tener que enfrentarse a sus padres y compartir que tuvo relaciones sexuales con su pareja. Este requisito crea una situación incómoda en la víctima, ya que lacera su intimidad en espacios en los que debería protegerse.
Actualmente, algunos jueces basan sus decisiones de otorgar órdenes de protección a menores de edad en que la víctima haya compartido una relación consensual con su pareja. Ante esta situación, el Proyecto 221 incluye la definición de relación de noviazgo sin tener el requisito de haber tenido relaciones sexuales.
Las relaciones de violencia en el noviazgo son un problema que engendra y perpetúa los ciclos de violencia doméstica que luego podrían extenderse a etapas posteriores como la convivencia y la crianza de menores.
Cerca de una de cada 11 mujeres, y aproximadamente uno de cada 14 varones estudiantes de escuela superior informaron haber experimentado violencia física en el noviazgo, según datos del Youth Risk Behavior Surveillance Survey y del National Partner and Sexual Violence Survey del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).
El acoso cibernético en aumento con la pandemia
El desarrollo inminente de las tecnologías también fue otro tema de discusión en la vista. Las nuevas formas de comunicación recrean métodos de ejercer el acoso, la manipulación y la intimidación. Vargas Andújar insistió en que las redes sociales son utilizadas por muchos jóvenes para acosar a sus parejas.
El feminicidio de Andrea Ruiz Costas es el caso más reciente en el que su expareja la amenazaba con compartir fotos íntimas suyas. Su agresor Miguel Ocasio Santiago terminó arrebatándole la vida a pesar de que la joven recurrió al tribunal en dos ocasiones en busca de una orden de protección.
El proyecto del Senado propone definir el acoso cibernético como “un patrón de conducta en donde se utiliza cualquier tipo de comunicación electrónica o digital, para acosar, intimidar o afligir a una persona con quien se sostiene o se ha sostenido una relación de pareja”.
Los deponentes coincidieron en que las nuevas condiciones de la pandemia han exacerbado el uso de aparatos tecnológicos para acosar a personas y extrapolar las diversas manifestaciones de violencia en el noviazgo.
«Por el bienestar de nuestra juventud, nuestra sociedad y la familia, es vital comenzar esta discusión, educando y concienciando a la juventud puertorriqueña, no solo para que puedan identificar los signos de la violencia en el noviazgo, y puedan acudir a los tribunales a detener la agresión, sino para prevenir y evitar que surja una nueva generación de victimarios o victimarias”, insistió la senadora popular.
