(Foto de archivo)
Aunque en Puerto Rico ahora tenemos un Gobierno y una Legislatura que, en su mayoría, dicen apoyar a la comunidad LGBTIQ+, no se ha reflejado completamente en las enmiendas y leyes que se han podido pasar.
Hasta ahora, no se ha podido pasar la ilegalización de las terapias de conversión debido mayormente a la desinformación y confusión creada por una minoría fundamentalista, principalmente, conformada por el partido Proyecto Dignidad, que luego son amplificadas por sectores fundamentalistas no gubernamentales y remueven la confianza para que algunos voten a favor de la comunidad LGBTIQ+.
Esta misma táctica está siendo intentada recientemente con los proyectos de la Cámara 768, para prohibir hormonas y servicios médicos hacia jóvenes trans, y 764, que quiere limitar a las mujeres trans atletas poder participar en deportes femeninos. De estos, el primero fue derrotado por la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores y, afortunadamente, no llegó a recibir el respaldo de nadie más en la Legislatura.
Y aunque la Legislatura aprobó el Proyecto del Senado 130, que clasifica los feminicidios y transfeminicidios como asesinatos en primer grado, reforzando la importancia de que a estas víctimas se les debe hacer justicia, la medida hace poco en mejorar la vida actual de las personas trans que tienen que vivir día a día con la transfobia.
Mientras proyectos que pueden ayudar a personas trans siguen sin llevarse a cabo, como la implementación amplia en la educación y otros sectores de la perspectiva de género, pienso que es importante resaltar una de las necesidades más esenciales y que, tal vez, muchas personas cisgénero (o sea, personas que no son tránsgenero) toman por sentado: el derecho a la identidad propia.
Quiero enfatizar en la importancia de este derecho, ya que, aunque pueden existir leyes antidiscriminatorias, no eliminan que en los trabajos pueden negar oportunidades a personas trans por otras razones, y no respeten nombres o pronombres debido a la falta del cambio legal.
Sí, existe el derecho para hacer cambios de nombre y género, pero ¿es accesible para todas las personas trans? El proceso legal puede ser uno largo, costoso, que vulnera y que no es accesible para muchas personas trans, debido a requisitos como no tener deudas en Hacienda y no tener antecedentes penales. Las personas trans, por muchas razones, pueden encontrarse con estos y otros obstáculos para obtener sus cambios legales. Es un derecho que debería ser accesible a toda persona, sin importar sus deudas o antecedentes, y no requerir tanto dinero, burocracia, esfuerzo y tiempo, algo que muches de la comunidad no tienen el lujo de gastar.
Hablando de mi propia experiencia, recuerdo estar en el tribunal de Guaynabo, luego de más de cuatro meses en busca de decenas de documentos, sellos y certificados, cuando el juez dijo que mi resolución fue aceptada. Desde diciembre del 2018 en adelante, mi nombre legal cambió a Marielle Nicole De León Toledo, pero el cambio no fue inmediato. Tardaría dos meses más en recibir la orden judicial escrita (que tenía mi nombre mal escrito por el juez y requirió hasta más tiempo de espera) y varios trámites más para poder tener mis identificaciones con ese nombre. Fue un proceso sumamente largo, costoso y abrumante que, gracias a varias particularidades, pude terminar. Sin embargo, hoy día conozco más personas trans que no han podido hacer sus cambios legales, luego de años de tratar de hacerlo.
Al facilitar el acceso a estos cambios, podríamos esperar ver a más personas trans integrarse a la fuerza laboral, a terminar sus estudios, a obtener cuentas de banco, sin tener que temer por que su identidad sea revelada y, por ello, recibir acoso o maltrato. Una vez que todas las personas trans puedan obtener estos cambios, se puede esperar que su integración en la sociedad sea menos marginalizada y abrir más oportunidades para que la sociedad puertorriqueña no vea la comunidad como algo aparte y que no forme parte del resto de la población.
De experiencias de otres compañeres, conozco personas trans que han tenido que esperar varios años para poder hacer sus cambios legales. Personas de la diáspora que logran hacer cambios fácilmente fuera de la isla, en Estados Unidos, y luego encuentran dificultad en implementar estos cambios localmente al volver. Personas que se encuentran con jueces y oficiales del gobierno que cuestionan los procesos y, dependiendo de quién les toque o en qué municipio se encuentren, les piden más documentación de lo normal para poder hacer los cambios. Comparto todo esto para resaltar que, aunque este derecho del cambio legal existe, al no ser estandarizado en la isla, fácil y accesible, limita inmensamente su beneficio.
