Luego de la denuncia de la trabajadora social Alba Toro Rivera sobre un patrón de acoso sexual por parte de un chofer del programa Llame y Viaje, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) adujo que reubicó al conductor a otro servicio que no ofrezca transportación a personas con diversidad funcional, pero, en la práctica le volvió a asignar el transporte de la mujer y se resiste a reconocer sus fallas en asegurarle un trato libre de discrimen.
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En declaraciones escritas a este medio, la presidenta de la AMA, Karen Correa, también dijo que “toda alegación contra un empleado de la Autoridad es tomada con la seriedad y la empatía que amerita, por lo que es necesario dejar establecido que dicho empleado no ha vuelto a transportar a la señora Toro desde que inicialmente presentó la alegación en el 2019”.
Esta información es contraria a lo expresado por Toro Rivera. La sobreviviente aseveró que el señalado acosador volvió a ser su chofer en cuatro ocasiones, de las que tres fueron este año, y las insinuaciones sexuales iban en aumento.
La mujer de 45 años, quien siempre ha sido vocal en sus reclamos, se sintió apocada y con un miedo que jamás había experimentado, expresó ayer, lunes, en una conferencia de prensa en la que hizo pública la denuncia.
En mayo de 2022, Toro Rivera radicó una querella porque, se le informó, era la única forma de elevar el reclamo ante la reincidencia en la asignación del conductor para sus traslados.
En el proceso investigativo interno, la mujer asistió a una vista administrativa, en la que se puso su palabra contra la del chofer. La oficina de Recursos Humanos de la AMA determinó que la prueba era “insuficiente” para comenzar un proceso disciplinario contra el conductor. Además, instaron al imputado a tratar con respeto a las usuarias del servicio.
“¿Por qué no puede decir: estos comentarios, estos acercamientos y estos avances son inapropiados y no se van a tolerar en el servicio? ¿Por qué la persona, mientras se investiga, continúa en su puesto?”, cuestionó la sobreviviente, quien se mostró insatisfecha con la determinación, enviada por correo certificado, un método que no se ajusta a sus necesidades como una persona ciega.
La mujer, además, preguntó cómo se aseguraría que ninguna otra persona pasara por la experiencia traumática del acoso sexual.
Ante los cuestionamientos de este medio, Correa argumentó que la AMA ofrece orientaciones y adiestramientos “a todos los conductores acerca del trato digno a las personas con diversidad funcional, así como el refuerzo de los adiestramientos relacionados a los protocolos de hostigamiento sexual y conducta prohibida”.
Inacción de dependencias gubernamentales que deben velar por los derechos de las mujeres y las personas con impedimentos
En busca de alternativas ante la falta de garantía de un espacio seguro por parte de la AMA, Toro Rivera recurrió a la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI) y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Los organismos gubernamentales, respectivamente, intentaron sacudirse su responsabilidad ministerial de velar por la seguridad de la mujer ciega, que depende del transporte público para tener una vida independiente.
El defensor Gabriel Corchado Méndez, en declaraciones escritas, afirmó que recibieron la denuncia y, al analizarla, la refirieron con toda la documentación provista a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
“Es deplorable la situación sufrida por la Sra. Toro, y condenamos en los términos más severos cualquier acto denigrante (degradante, como término no racista) a la dignidad de la mujer. Confiamos en que la OPM tome cartas en el asunto”, puntualizó Corchado Méndez.
De esta forma, el DPI esquivó su responsabilidad y el hecho de que, además de ser mujer, la trabajadora social es ciega total, lo que la hace más vulnerable ante el acosador, pues solo puede darse cuenta de su presencia cuando escucha su voz y está demasiado cerca para huir.
En la conferencia de prensa, Toro Rivera explicó que, al llamar a la línea de orientación de la OPM, a través de la cual le explicaron que debía hacer la denuncia, sintió que la respuesta “era más dirigida a desalentar el referido”.
“La persona (que la atendió), incluso, yo sentía que hacía un gran esfuerzo mental para entender cómo esto no lo atendía la DPI, como si ser ciega anulara mi género y las múltiples dinámicas a las que estamos expuestas en una sociedad machista y patriarcal”, agregó.
Contó que, en una llamada con la OPM, se le comunicó que la acusación era muy seria, que la persona agresora tenía derecho a defenderse y que, entendían, que estaba protegida porque ya no tenía contacto con el señalado acosador. Ante la insistencia de la sobreviviente, se le indicó que el caso sería referido a la división legal.
La OPM indicó a este medio, por escrito, que siempre velan por la seguridad de todas las personas que buscan sus servicios, aunque no se detalló cómo lo hace. En cuanto al estatus de la investigación, dijo que “por motivos de seguridad y la naturaleza de todos los casos, toda investigación que se trabaja en la OPM es de manera confidencial. Como todo proceso, este seguirá su curso y podemos indicar que se formularon órdenes de acciones inmediatas”.
