La Colectiva Feminista en Construcción anticipó ayer que apelará una sentencia del Tribunal Superior de San Juan que penaliza a una de sus líderes por el rescate y limpieza que hizo la organización de un edificio abandonado en el casco urbano de Río Piedras y que exime de responsabilidad a las dueñas que por más de una década permitieron su deterioro en detrimento de la comunidad.
En conferencia de prensa, las integrantes de la Colectiva reiteraron sus denuncias contra el Gobierno de Puerto Rico y sus políticas de desplazamiento, que se manifiestan en el proceso judicial al que han sido sometidas por su gestión en el centro del sector riopedrense. Sus señalamientos fueron específicos contra el foro judicial y el Municipio de San Juan.
En septiembre de 2022, la Colectiva Feminista, junto con vecinas de Río Piedras, limpiaron y acondicionaron el espacio, que según han descrito residentes y visitantes asiduos de la zona, estaba lleno de plagas y representaba a una amenaza de salud pública.
Tras la limpieza, las alegadas dueñas del local iniciaron una demanda civil por desahucio contra Shariana Ferrer-Núñez, una de las dirigentes de la organización. A su vez, Ferrer Núñez, como portavoz de la organización, exigió que las alegadas dueñas del local, la Sucesión Más Saavedra Ramírez de Arellano, resarcieran a la comunidad y a la organización el dinero invertido en la limpieza y fumigación del espacio.
A pesar de que durante el juicio surgió que el local había sido identificado por el municipio de San Juan como un estorbo público, y que la Sucesión Más Saavedra Ramírez de Arellano tiene una deuda de más de $20,000 con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la jueza no atribuyó responsabilidad alguna a estas. La jueza también ordenó el desahucio y denegó la petición de Ferrer-Núñez, como representante de la Colectiva, de que se le indemnizara a la comunidad los más de $5,000 invertidos en la limpieza.
“Esta juez no reconoció la responsabilidad que tienen estos herederos del inmueble de mantener en condiciones aptas y dignas que no representen un riesgo para la salud y seguridad de quienes habitamos, trabajamos y transitamos Río Piedras. De igual forma, en su sentencia, permite que estas personas, que no viven en nuestra comunidad y, por ello, no les importa el estado de la misma, se enriquezcan del trabajo y el esfuerzo de la comunidad que se organizó para limpiar el espacio”, expuso la portavoz.
Verónica Figueroa Huertas, también portavoz de la organización, señaló que esta decisión demuestra el pobre funcionamiento del sistema de justicia en Puerto Rico.
“Para colmo, el Tribunal le impuso a nuestra compañera el pago de $2,000 de honorarios de abogado a las dueñas irresponsables, a pesar de que Ferrer-Núñez fue representada por la Clínica de Asistencia Legal, que provee representación a personas que no tienen recursos para pagar abogado”, expresó Figueroa Huertas.
Denuncian trato racista
La organización también denunció la gestión legal de los abogados de la Sucesión Más Saavedra Rámirez de Arellano, en particular de Virgilio Mainardi Peralta, quien, según Ferrer-Núñez, asumió una conducta racista y xenófoba contra dos testigos del caso, mujeres dominicanas residentes de Río Piedras, quienes testificaron sobre el estado de abandono del edificio y el trabajo realizado por la Colectiva para limpiarlo.
“Las testigos, —llamadas para describir las condiciones del espacio abandonado— son vecinas de Río Piedras, mujeres, dominicanas, inmigrantes y trabajadoras, que fueron sometidas a cuestionamientos de su estatus migratorio y de permisología de sus comercios y oficinas cuando esas preguntas eran totalmente irrelevantes a la información que estas le ofrecieron al Tribunal. No solo la actitud del abogado es cuestionable, sino que tenemos que cuestionar el que la juez haya permitido esa línea de interrogatorio”, recalcó Ferrer-Núñez.
Finalmente, Ferrer-Núñez cuestionó el rol del municipio de San Juan y las concesiones otorgadas a la Sucesión Más Saavedra Ramírez de Arellano, cuando en la misma calle donde ubica el local en disputa, el municipio le ha revocado el usufructo a comerciantes para vender edificios a inversionistas. Todo esto, con la justificación de una supuesta revitalización del casco urbano, la cual no ha tomado en consideración la participación de los ciudadanos a pesar de que se están utilizando fondos de recuperación CDBG-DR.
“El municipio está utilizando millones de fondos federales para un plan de diseño que no beneficia a nuestra comunidad, pero le deja en bandeja de plata a los inversionistas bajo ley 20 y 60, que vienen a comprar, pero no para residir, sino que están comprando bloques de edificios. Lo que únicamente logra que se profundice el desplazamiento en nuestras comunidades”, añadió.
Llamado a salir a la calle este próximo 8 de marzo
Las portavoces aprovecharon la conferencia de prensa para enmarcar la jornada de acción convocada por la Colectiva para este 8 de marzo —Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras— bajo el lema: Desplazadas nunca más.
“El desplazamiento es uno que se da tanto a nivel territorial como político. El desplazamiento no es únicamente la manifestación de los Airbnb’s y alquileres a corto plazo, no es solo que nos suban el costo del alquiler. El desplazamiento también tiene que ver con la infraestructura comunitaria, tiene que ver con las maneras en las que el costo de alimentos es más alto y los salarios cada vez más precarios, por ende, está directamente relacionado con la manera en que se gobierna este país, legislando para enriquecer a unos pocos, mientras la gente de clase pobre y trabajadora apenas puede llegar a fin de mes”, explicó Ferrer-Núñez.
Contra ese desplazamiento, que se genera de maneras estructurales, a través de las decisiones y las políticas públicas impulsadas por los gobiernos, es que la Colectiva convoca una jornada de resistencia y acción política en contra del desplazamiento territorial y político.
“Quienes vivimos aquí no podemos pensar en un futuro de país, porque el país se la ha ido entregando a aquellos que pueden comprar su entrada en él. El país no se piensa para quienes hemos nacido y crecido aquí, para quienes lo sudamos. Eso es injusto y contra esa injusticia es que estamos organizándonos. Queremos convocar a todas aquellas que están resistiendo desde sus comunidades estas violencias y que están dispuestas a accionar de manera frontal, para impedir que se sigan apropiando de nuestras comunidades”, finalizó.
Quienes se quieran unir a los trabajos de la Colectiva Feminista en Construcción pueden acceder a la página web www.colectivafeminista.org.
